[{"authors":["inmaculada-carrasco-garcia"],"categories":["opinion"],"content":"La ecología social es una perspectiva que estudia la relación profunda entre los seres humanos, la sociedad y el medio ambiente. Sostiene que muchos de los problemas ecológicos no surgen únicamente del uso irresponsable de los recursos naturales, sino también de estructuras sociales basadas en la desigualdad, la dominación y el consumo excesivo. Desde esta visión, cuidar la naturaleza implica también transformar las formas en que organizamos nuestras comunidades, economías y modos de vida. Este enfoque propone construir sociedades más justas, democráticas y sostenibles, donde las decisiones se tomen de manera colectiva y en armonía con los ecosistemas. La ecología social invita a repensar nuestras ciudades, nuestra producción y nuestras relaciones humanas para fomentar una convivencia más equilibrada con el planeta. 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La recogida de la oliva, de la aceituna, es una actividad que nos hermana con esos pueblos campesinos que hoy en día están sufriendo una devastación feroz. Partiendo de este sentimiento de unión tuvimos la oportunidad de encontrarnos virtualmente con las agricultoras de la UAWC (Union of Agricultural Work Committees), que también forman parte de la Asociación Cooperativa de Battir para la Fabricación y Producción de Alimentos. Este evento, realizado el pasado jueves 9 de octubre, sirvió para escuchar en primera persona varios testimonios de lo que están viviendo en los olivares al otro extremo del Mediterráneo. La primera de ellas en hablar fue Samah, la presidenta de la asociación, quien comenzó dándonos las gracias por organizar el encuentro. Nos cuenta que la cosecha más importante para ellas es la aceituna, siendo esta una parte importante de su economía. Desde hace años están sufriendo mucho por los impedimentos que les imponen cuando quieren trabajar sus campos. 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Ella nos cuenta su propia experiencia. Están aprovechando las zonas alrededor de sus casas para plantar más olivos. Ella plantó cuarenta y seis, y después de un tiempo, cuando comenzaron a crecer, vinieron los colonos israelís protegidos por el ejército y cortaron todos los árboles. Como medida de autoprotección han decidido ir al campo en grupos, ya que en el camino son molestadas e incluso llevadas a la cárcel por los militares. Sin embargo, no pierde su fe en que van a recuperar la tierra y todos los palestinos en la diáspora van a poder volver. Pese a los esfuerzos que está realizando el ejército de Israel, “los jóvenes ahora tienen más fe aún que nosotras. Es parecido a las raíces de los árboles, porque nunca mueren y siempre están ahí debajo de la tierra. Eso es lo que estamos viendo con los jóvenes”. La siguiente en intervenir se llama Asir, estudiante universitaria. A su hermano de 23 años lo metieron en la cárcel. Al estar registrada como hermana de una persona en prisión, sufre diversos acosos en los controles israelís. En uno de ellos, de camino a la universidad, un soldado le pegó en la rodilla con su arma, provocándole un dolor que todavía padece. Desde que empezó esta última guerra en Gaza el ejército está entrando en las aulas y hacen prácticamente lo que quieren. Su hermano tiene visita con el juez cada dos meses, solo lo pueden ver en una pantalla. Van el día de la visita a las 9 de la mañana y hasta las 15:00 no llega su turno. Si piden saludarlo o estar con él unos minutos les gritan y echan del lugar. Asir nos lo dice muy claro: “Lo voy a decir a la manera palestina: nos robaron el hummus y el falafel, nos lo robaron todo, el campo, la casa, las cosechas y todo”.","date":"2026-08-02","summary":"En esta época del año son muchas las personas que comienzan la recogida de la oliva. También en Palestina.","tags":["campesinado"],"title":"Oliveras de resistencia: escuchando las voces de campesinas de Battir ","url":"/2026/08/oliveras-resistencia-escuchando-voces-campesinas-battir/"},{"authors":["editorial-team"],"categories":["editorial"],"content":"Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF efectúan un llamamiento a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales, sectores económicos y ciudadanía para alcanzar dicho acuerdo. Los incendios de estos días están alcanzando cifras nunca vistas, con más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año y más de 100.000 personas afectadas actualmente por los incendios de Madrid, Ávila y Castellón. La nueva ola de calor anunciada para este miércoles puede incrementar de forma dramática los riesgos asociados a nuevos incendios. Las organizaciones expresan su solidaridad con las personas afectadas por los grandes incendios forestales que están castigando distintas zonas de España, así como con quienes trabajan para proteger a la población y combatir el fuego. Recuerdan también el enorme impacto que estos fenómenos tienen sobre la economía local y sobre recursos naturales como el suelo, el agua o la biodiversidad, alterando el funcionamiento de los ecosistemas y provocando impactos en los modos de vida del medio rural Según las entidades, aunque cada incendio tenga causas inmediatas diferentes, el cambio climático está intensificando las condiciones que favorecen su propagación y virulencia, con temperaturas más elevadas, sequías más prolongadas y una vegetación sometida a un creciente estrés hídrico. Las organizaciones destacan que la sociedad española demuestra una gran capacidad de solidaridad durante las catástrofes, pero advierten de que esa unidad no puede limitarse a los momentos de crisis y consideran necesario transformar esa respuesta colectiva en un compromiso político y social permanente que permita anticiparse a los riesgos, reducir sus impactos y proteger especialmente a las personas más vulnerables. Subrayan además que la emergencia climática ya está teniendo consecuencias directas sobre la salud. En 2025 se estimaron 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en España, mientras que entre 2015 y 2025 la cifra acumulada, según el Ministerio de Sanidad, alcanzó las 27.564 personas fallecidas. Las organizaciones ecologistas valoran positivamente la propuesta de Pacto de Estado, algo que vienen reclamando varias legislaturas. Al mismo tiempo, insisten en que estarán vigilantes para que el pacto se traduzca en compromisos concretos: objetivos verificables, calendarios de aplicación, financiación suficiente, coordinación entre administraciones, evaluación periódica de resultados y mecanismos estables de participación pública. También celebran el anuncio de la creación de un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, destinado a anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y aportar conocimiento independiente para la toma de decisiones. Consideran imprescindible que este órgano actúe con plena autonomía y permita desarrollar de forma efectiva el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética previsto en la Ley de Cambio Climático, garantizando una evaluación rigurosa y periódica de las políticas climáticas. 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Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan a todas las instituciones y actores sociales a participar de forma constructiva en el diseño y puesta en marcha de planes contra el impacto del cambio climático que permitan limitar las condiciones para la propagación de grandes incendios forestales. Las organizaciones ecologistas sostienen que España necesita un acuerdo global capaz de trascender gobiernos, legislaturas y diferencias políticas para ofrecer una respuesta estable a una crisis que afecta a todo el territorio. Cada décima de grado de calentamiento evitada, cada ecosistema restaurado y cada medida de prevención puesta en marcha contribuyen a proteger vidas, reducir riesgos y reforzar la seguridad colectiva.","date":"2026-08-02","summary":"Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF efectúan un llamamiento a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales, sectores económicos y ciudadanía para alcanzar dicho acuerdo.","tags":["confederacion"],"title":"Las organizaciones ecologistas reclaman un gran acuerdo político y social contra la emergencia climática","url":"/2026/08/ecologistas-reclaman-acuerdo-emergencia-climatica/"},{"authors":["editorial-team"],"categories":["local"],"content":"Supe de la Fundació Emprius en 2024, a través del congreso Sentido Comunal que organizan junto a Research \u0026amp; Degrowth. Recuerdo ver el cartel de aquella primera edición, antes de que hubiera siquiera un programa definido, y caer rendida ante lo que prometía ser ya el evento del año. El título era «Sentido comunal. Comunalismos y decrecimientos». Al poco se publicó el dossier con el programa: se hablaría de Decrecimiento, extractivismo y relaciones desiguales norte-sur, redes locales de apoyo mutuo, historia de los comunales en el Estado español, defensa del territorio y, a fin de cuentas, de Autonomía y subsistencia (Virus, 2024). Fue entonces cuando me pregunté: «¿Pero quiénes son esta gente?» Fui a su página web, emprius.cat, y quedé felizmente sorprendida «¡Pero si hacen justo lo que hay que hacer!», pensé. Es muy probable que estés de acuerdo conmigo. Veamos. Del mercado al común El «empriu» es una norma jurídica del derecho consuetudinario catalán que determina el derecho de aprovechamiento comunal de ciertos bienes rústicos, en general pastos, bosques y aguas, que tienen las vecinas de un pueblo o comunidad rural. La Fundació Emprius se dedica a adquirir casas, tierras y medios de producción en el ámbito rural catalán para cederlos a cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo, asociaciones, vecinas de una aldea\u0026hellip; En definitiva, a proyectos que compartan los valores que promueve la fundación: agroecología, feminismo, resiliencia y regeneración, democracia radical, apoyo mutuo y solidaridad, todo ello bajo las premisas del ruralismo y el comunalismo. Su apuesta es la de impulsar la recuperación del comunal, de un nuevo comunal que tenga en cuenta lo que hay de bueno del pasado y lo bueno del presente para ayudar a construir y mantener comunidades rurales, rescatando para ello propiedades y tierras de la especulación y del mercado. Un molino, una acequia, un horno de pan, tierras de cultivo, un gallinero, una casa de campo o una finca pueden ser bienes objeto de ser comunalizados, pero también herramientas como un aserradero portátil o una biotrituradora. La adquisición se hace gracias a donaciones, campañas de financiación colectiva y cuotas que aportan los proyectos custodiantes. Además de la cesión de uso, la fundación proporciona marco jurídico para las fincas gestionadas por las comunidades, así como acompañamiento y formación a los proyectos y propietarios. «Se necesita una herramienta para aquellas personas que tienen una propiedad en desuso y no tienen descendientes que quieran gestionarla, pero que tampoco quieren dejarla al Estado o a la Iglesia. Y, por otro lado, necesitamos ayudar a aquellos colectivos que buscan desarrollar un proyecto y no pueden permitirse acceder a una propiedad». Así lo explicaba Alba Hierro, integrante del grupo motor de Emprius, en 2023. Pero esto no es una huida al campo para nómadas digitales organizados, ni un capricho nostálgico, se trata de dar una respuesta estratégica a los graves problemas que afrontamos, y de que ésta sea generalizable. Tampoco va de vivir todos juntos (al menos no necesariamente), va de disponer de recursos compartidos de manera descentralizada, haciendo una gestión colectiva de los mismos, y de crear comunidades resilientes, que se inserten en los ciclos ecosistémicos y sean capaces de hacer frente al colapso ecosocial en curso. De rehabitar, cuidar y defender la tierra viviendo de la tierra. El porqué: la crisis civilizatoria. A nadie le es ajeno que el sistema se desmorona, a la par que lo hace la trama de la vida, envenenada y expoliada. La crisis ecológica y la crisis social están indisolublemente ligadas, ambas son el resultado un sistema basado en el crecimiento infinito en un planeta finito, que requiere de la depredación y la explotación de la naturaleza y gran parte de la población humana —también de las guerras, los genocidios y los ecocidios—, eso sí, efectuados cada vez con mayor eficiencia y velocidad gracias a los «avances» tecnológicos. Aún así, nuestra cotidianidad se sostiene sobre el mismo sistema suicida que urge desarmar, y nos convierte en sus cómplices. Las personas que forman Emprius no son diferentes, salvo porque han dado un paso al frente. Saben que otra forma mucho mejor de hacer las cosas es posible y urgente: recuperando el contacto con la tierra y con las demás personas, en comunidad, conscientes de nuestra interdependencia y ecodependencia, sin delegar en el capitalismo la satisfacción de todas nuestras necesidades. Con ese objetivo fomentan la construcción de alternativas comunitarias en el medio rural. Comunalismo y ruralismo para colapsar mejor Necesitamos modos de vida que se integren en los ciclos de la naturaleza y sean verdaderamente circulares, poniendo en el centro el sostenimiento y el cuidado de la vida, pero también reconstruir lazos sociales y políticos para hacer frente a las dinámicas destructivas de nuestras élites belicistas, tecnólatras y kamikazes, y porque la subsistencia sin los inputs capitalistas requiere de la comunidad y del común, dicho de otra manera, la construcción de autonomía económica solo puede ser comunitaria (González Reyes y Almazán, 2023). Transformaciones a promover para navegar el colapso son, pues, la apuesta por una economía local y de base agroecológica, comunitaria y desmercantilizada, donde también sea factible reducir nuestra dependencia fósil. Desmantelar el sistema capitalista industrial fosilista pasa por transitar hacia un metabolismo económico y social de naturaleza regenerativa y no extractiva, como el campesino. El ruralismo y el comunalismo son los principios generales que rigen la actuación de Emprius. La recuperación del medio rural, despoblado y abandonado a merced de empresas privadas, fondos de inversión o la especulación inmobiliaria, tiene una importancia estratégica para afrontar las múltiples crisis, que pondrán en jaque la viabilidad de nuestra sociedad urbanocéntrica. Conscientes de que la tierra es la base de la vida, la fundación pone el énfasis en las necesidades, capacidades y potenciales del mundo rural. Y mediante la promoción de la cultura comunitaria, trata de impulsar dinámicas que rompan con el individualismo hegemónico, como la gestión y tenencia colectiva de bienes, la toma de decisiones por democracia directa o la creación y consolidación de redes de apoyo mutuo. En palabras de Joan Pedragosa, responsable de comunicación de la Fundació Emprius: «Ante los retos que afrontamos en pleno siglo XXI, hay quienes pensamos que en las formas de gestión y gobernanza comunitaria y comunal podemos encontrar imaginarios y posibilidades muy inspiradores y necesarios. Desde la Fundació Emprius lo vemos así y trabajamos para promoverlo.» En definitiva, para construir un mundo mejor es perentorio fomentar el hacer en común, tejer lazos, comunalizar y reapropiarse de lo que nos han robado: infraestructuras, gobernanza, soberanía alimentaria, técnicas, saberes, instituciones, tierras\u0026hellip; Un poco de historia. Comunales contra el sistema. Si las sociedades tradicionales habían sido incapaces de vivir sin la comunidad y los bienes comunales, el objetivo del poder fue que pasaran a ser incapaces de vivir sin la gestión del Estado y los bienes del mercado (Almazán, 2021). Como apunta Pedragosa, «Los bienes comunales fueron un elemento decisivo para el sostenimiento de las clases populares. Permitían el acceso a muchos recursos para la subsistencia e impulsaban formas de economía bajo una lógica del bien común. Se gestionaban a través de instituciones políticas de democracia directa vecinal, en Cataluña llamadas universitats, comuns, consells o juntes comunals, y en otros lugares peninsulares batzarres, concejos abiertos o conceyus. En torno a estas instituciones, se daban otras prácticas sociales de trabajo colectivo y apoyo mutuo.» Recuerdo que en el colegio nos hablaron de las desamortizaciones como algo bueno, centrando la atención en las expropiaciones a la Iglesia y en el fortalecimiento y la modernización del Estado y del trabajo agrícola. Mucho después aprendí que la mayor expropiación había sido la de las clases populares, mercantilizando por primera vez la tierra, y que era funcional al cambio de régimen que impuso el liberalismo, e imprescindible para el advenimiento del capitalismo industrial, ese que nos lleva de cabeza a la extinción. También aprendí que además de lo público y lo privado está el comunal, que es de las vecinas y vecinos de una comunidad, pero también de sí mismo. Es y se basa en lo que la naturaleza ha puesto a nuestro alcance para garantizarnos la subsistencia; podemos tomar, pero a condición de mantener su continuidad y su capacidad de reproducción. Y más allá, el comunal también son las dinámicas, relaciones, formas de organización y gobernanza que se establecen en la comunidad que lo gestiona, y así lo entienden desde Emprius. La desamortización de 1855, conocida como la de Madoz, fue la más prolongada en el tiempo. Estuvo vigente hasta 1924 y supuso la privatización de hasta el 50% de la tierra cultivada, generando una nueva clase de campesinado sin tierras, carne de cañón para la nueva industria que se convertiría en proletariado urbano. No en vano la palabra «proletario», de origen romano, describía a quien no tenía tierras, ni medios de subsistencia y solamente podía aportar su prole. Así es como el capitalismo se construyó sobre las ruinas de los comunes. Recuperar el comunal significa rescatarlo de la lógica extractivista y capitalista a la que ha sido sometido en los dos últimos siglos. Como explica Antonio Ortega, profesor de Historia Ambiental en la Universidad de Granada, desde el siglo XIX el Estado pone en manos privadas el territorio y la vida para someterlas a un manejo intensivo al servicio de la acumulación capitalista, frente al de las comunidades rurales que habían mantenido una gestión integral, simbiótica, con el entorno y los ecosistemas; conscientes de que su supervivencia dependía de la capacidad de regeneración y la vitalidad de los mismos. Procurarse la subsistencia fuera del mercado globalizado que sostiene al capitalismo —con su agroindustria, precariedad laboral e imposibilidad de acceso a la vivienda—, es lo que han hecho siempre las comunidades tradicionales campesinas, ajenas a las dinámicas de la propiedad privada y el mercado. Germinación y otras líneas de acción Tras encuentros como Rehabitem les ruralitats (2021), e inspirada en proyectos como Terre de Liens (Francia) o la pionera cooperativa de vivienda en cesión de uso Sostre Civic (Cataluña), Emprius nace en 2023, cuando personas provenientes de comunidades intencionales del entorno rural catalán (Cal Cases, Mas Les Vinyes, Can Tonal, Can Parera y la Tomassa) se unen con el objetivo de ser un agente para la transformación ecosocial, escalar el modelo de vida que estaban llevando y trascender sus espacios, responsabilizándose del privilegio de pertenecer a comunidades ya consolidadas y con la preocupación compartida por la falta de relevo generacional en el campo, el patrimonio rural en desuso y la defensa de la tierra. Hasta hoy, la fundación ha liberado del mercado y cedido dos propiedades: Cal cisteller, un Ateneo rural en el Penedès, y Can Gínjol, una finca en l\u0026rsquo;Horta de Lleida. En 2025, firmó un acuerdo de colaboración con la Coop57 y la Fundació Coop57, es socia de la Xaxa d\u0026rsquo;Economia Solidària (XES) —hermanada a la Red de Economía Solidaria (REAS)— y de la Xarxa per la Conservació de la Natura. Además de la gestión y custodia de patrimonio, las otras líneas de acción de Emprius son la difusión de la cultura comunalista y la puesta en común de herramientas compartidas. La primera se lleva a cabo a través de congresos como Sentido Comunal, encuentros, jornadas de trabajo comunitario (tornalloms), la publicación de artículos y documentos como la Guía de vivienda cooperativa en el mundo rural, o el Premi Emprius, que financia anualmente una propuesta de investigación, reflexión o divulgación en relación al comunalismo; y la segunda, mediante la compra y colectivización de herramientas y enseres que se puedan poner al servicio de distintos proyectos para su uso rotativo, fomentando de esta manera la creación de una red de colaboración e intercambio entre ellos. Necesitamos que iniciativas como Emprius se multipliquen y catalicen la rerruralización del campo vaciado. Porque la mejor manera de defender la tierra, ya sea de incendios, macroproyectos de renovable eléctrica industrial, la especulación inmobiliaria o la agroindustria, es habitándola. Por eso la presentación del viernes 29 en el Ateneo La Maliciosa de Madrid es tan importante. Además, se proyectará el corto documental «Fem Cumó, un altre camí», ganador del Premi Emprius 2024, y será un buen momento para conversar, aprender y prender la chispa del comunalismo. Nota de la autora: «Comunaloceno» es un término propuesto por Raquel Gutiérrez Aguilar y desarrollado por Andrea Valcárcel en Nuevos comunalismos (Ned Ediciones, 2023). Consistiría en las alternativas basadas en la producción del común para combatir la crisis civilizatoria y el Capitaloceno.","date":"2026-08-01","summary":"La Fundació Emprius rescata del mercado propiedades rurales en desuso para cederlas a proyectos comunitarios transformadores, basados en el trabajo y la gestión compartidas y el respeto a la naturaleza. El próximo viernes 29 de mayo se presentará en el Ateneo La Maliciosa de Madrid.","tags":["emprius","comunal","rural"],"title":"Fundació Emprius: recuperando el comunal, fraguando el Comunaloceno ","url":"/2026/08/fundacion-emprius-recuperando-comunal/"},{"authors":["editorial-team"],"categories":["local"],"content":"Los fondos buitre y los centros de datos tienen algo en común: ambos generan gentrificación. Los últimos meses han hecho de la transición a un sistema cien por cien renovable, si cabe, un proceso aún más urgente. Al imperativo climático de frenar la catástrofe ecológica se ha sumado el imperativo moral y geopolítico de abandonar unos combustibles fósiles que financian a oligarcas y señores de la guerra. Ante esto, la transición energética que necesitamos tiene tres condiciones indispensables, las tres retrasadas, como veremos, por dinámicas similares a la de la especulación inmobiliaria: reducir nuestro consumo energético, electrificar nuestra economía y producir nuestra electricidad de forma renovable. Esto se debe a que nuestras principales fuentes renovables, las turbinas eólicas y las placas solares, pueden producir electricidad, pero no combustibles —a excepción de técnicas aún poco eficientes, como el hidrógeno verde, o ambientalmente conflictivas, como los biocombustibles a gran escala—. Sin embargo, tres cuartas partes de la energía que consumimos toman forma de combustibles: gasolina, queroseno, gas natural\u0026hellip; Por tanto, resulta fundamental electrificar tantos de estos procesos como sea técnicamente posible y poder alimentarlos con energías renovables: buses eléctricos, bombas de calor, aerotermia o procesos industriales electrificados, entre otros. Eso hace que, incluso en un escenario deseable y necesario de decrecimiento energético, la electricidad que consumamos aumente. Para ello, necesitamos una infraestructura que sea capaz de absorber la demanda que acompaña a este proceso de electrificación. Esta, sin embargo, se está viendo afectada por la introducción de industrias electrointensivas, como los centros de datos, que pugnan por los mismos recursos que la transición energética, desde el acaparamiento de la electricidad renovable hasta la saturación de la red eléctrica. Al aceptar incorporaciones a la red de proyectos de miles de megavatios a un ritmo mucho mayor del que crece nuestra infraestructura, los centros de datos limitan a otros sectores e industrias de la región. Ya sea porque se encuentren con la red llena o por un aumento de la factura de la luz —debido a la quema de una mayor cantidad de gas para suplir la demanda general—, estos proyectos pueden desplazarse a otros territorios o, en el peor de los casos, desistir en sus objetivos de electrificación. Así lo denuncia el colectivo marsellés Le nuage était sous nos pieds («La nube estaba bajo nuestros pies»). En esta ciudad francesa, la calidad del aire se ha visto afectada por las emisiones de los buques afincados en el astillero. Sin embargo, la instalación de cinco centros de datos ha impedido la electrificación del muelle, al acaparar buena parte del suministro eléctrico de la ciudad. Del mismo modo, denuncian, la empresa pública de transporte tuvo que «mendigar» a los centros de datos un poco de potencia para poder crear una línea de bus eléctrico. En Marsella hay instalados 96 MW de centros de datos. En la provincia de Zaragoza hay proyectados 7.392 MW. Esto no tiene únicamente implicaciones ecológicas, sino también implicaciones económicas sobre las regiones que alojan estas instalaciones. Sirva de ejemplo el caso de Cariñena, provincia de Zaragoza, donde la retirada de un centro de datos de Box2Bit (filial de Capital Energy) permitió la hasta entonces obstaculizada ampliación de una nave logística, con la creación de 90 empleos directos más que la infra­­estructura digital. En palabras de Pedro Arrojo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en su informe “El nexo entre el agua y la energía”: Ante la creciente alarma, los nuevos centros de datos se están trasladando a países que siguen ofreciendo agua y energía, a menudo subvencionados con fondos públicos, donde se están priorizando abastecer a estos centros de energías alternativas que, en un principio, estaban destinadas a la transición energética en otros sectores. [\u0026hellip;] Desde el punto de vista social, la prioridad que se da a esas empresas y las tarifas energéticas de que se benefician, producen asimetrías injustas respecto a otros sectores que generan más puestos de trabajo y que merecen una atención preferente. Este desplazamiento recuerda al mercado de la vivienda y el modo en que fondos de inversión y grandes inmobiliarias, al acaparar pisos e incluso edificios enteros, adquieren el poder político y económico de subir el precio de los alquileres, y expulsar a los vecinos de menor renta de sus barrios. Los pisos turísticos son a la vivienda digna lo que los centros de datos a la descarbonización. Este es el motivo por el que autores como Frans Libertson o Julia Velkova han acuñado el término de «gentrificación energética». Ante esto, debemos preguntarnos: ¿qué funciones sociales debemos priorizar cuando la demanda de un bien esencial para la vida, como las viviendas o la infraestructura eléctrica, supera su oferta? En el caso de la vivienda, esto pasa por priorizar el uso de los hogares como viviendas dignas frente a sus usos especulativos y financieros. En el caso de la infraestructura eléctrica, por priorizar la descarbonización y los usos energéticos necesarios para vidas dignas. Pero el parecido con la vivienda no se limita a la lógica de expulsión: tienen, además, los mismos promotores. Sirva de ejemplo el centro de datos de Blackstone en Calatorao o el de Azora en Villamayor de Gállego, ambos en la provincia de Zaragoza. Del mismo modo que en la vivienda, el negocio de estos fondos se caracteriza por la falta de transparencia y la complicidad de los distintos gobiernos regionales. La falta de transparencia de estos centros, tanto en el consumo de recursos como en lo que ocurre dentro de sus servidores, impide conocer realmente cuál es su función social. Es cierto que parte de lo que es Internet sucede dentro de ellos y que parte de Internet resulta útil para construir conexiones y compartir conocimientos: leer este artículo es buena prueba de ello. Pero estos fines tan nobles no son la causa de la proliferación descontrolada de centros de datos. A día de hoy, estos centros de hiperescala se ven impulsados por una burbuja financiera que se infla diariamente con unas expectativas de digitalización que superan, incluso, las expectativas globales de producción de procesadores. El tipo de Internet que sostiene esta burbuja es el de los algoritmos adictivos, las criptomonedas, las tecnologías bélicas o la pornografía deepfake, entre otros. Un internet democrático, comunitario y decrecentista, del que podamos decir que cumple realmente una función social, sólo es posible sobre una infraestructura pública que difunda a qué iniciativas se están dedicando los recursos y que no persiga un constante incremento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento. Esta infraestructura no estará exenta de conflictos —colaboración público-privada, desarrollo de infraestructuras para fines privados, su potencial privatización y mercantilización—, y requerirá otro artículo para pensar en qué internet queremos; pero dirigida por criterios de interés social y medioambiental, solo necesitaría una ínfima cantidad de los centros de datos que a día de hoy se proyectan y, al mismo tiempo, daría lugar a sociedades más justas y democráticas que las que representan las grandes tecnológicas. De la misma forma, y parafraseando a aquel expresidente, la complicidad de los gobiernos regionales no es cosa menor, dicho de otro modo, es cosa mayor. Los recursos públicos invertidos en la red eléctrica se están dilapidando en grandes centros de datos impulsados por figuras de excepción y privilegios administrativos, como la declaración de interés general en Aragón. Estas figuras se basan en términos indeterminados que dejan la última palabra en la voluntad política del gobierno que haya, concentrando las decisiones sobre los recursos públicos en las opacas conversaciones entre las grandes corporaciones extranjeras y los gobiernos autonómicos. Frente a esto, debemos reclamar una reestructuración democrática de la toma de decisiones sobre la producción y el uso de nuestros recursos energéticos. Es decir, la transición energética requiere la democratización del debate acerca de nuestros usos de la energía y, especialmente, sobre sus usos más extractivos. La gobernanza energética en un proyecto de descarbonización debe incorporar a más agentes sociales en los órganos de decisión, como sindicatos, organizaciones ecologistas, movimientos vecinales… y someter sus decisiones a escrutinio público. Si cada tonelada de dióxido de carbono que emitimos es un crimen contra todas las formas de vida de este planeta, debemos poder decidir por cada gramo de emisión que salga de nuestras manos. Concluyamos con esto: muchas de las urgencias ecológicas son también oportunidades sociales. La descarbonización es, al mismo tiempo que una urgencia inaplazable, una oportunidad fundamental para planificar el tipo de industrias que queremos en nuestros territorios. Por ello, y del mismo modo que se exige la paralización de las operaciones de los fondos de inversión y el cambio en el régimen de propiedad de las viviendas, debemos exigir una moratoria a la instalación de centros de datos de hiperescala y el diseño de una infraestructura pública alternativa a la de las grandes tecnológicas y fondos de inversión. Por supuesto, necesitamos construir y disfrutar nuevas y mejores vidas con un menor consumo de recursos que nos sitúen dentro de los límites de nuestro hogar planetario. Pero para reaprender a habitar la tierra, no nos hacen falta caseros.","date":"2026-08-01","summary":"Es urgente la paralización de los fondos de inversión y la moratoria a la instalación de los centros de datos de hiperescala: necesitamos construir y disfrutar nuevas y mejores vidas con menor consumo de recursos.","tags":["centros de datos","energia"],"title":"Gentrificación energética y centros de datos ","url":"/2026/08/gentrificacion-energetica-centros-datos/"},{"authors":["editorial-team"],"categories":["editorial"],"content":"La sequía se ha instalado en el vocabulario institucional como si fuera un telón de fondo permanente y no el resultado de un deterioro ecosistémico agravado por decisiones económicas concretas. Normalizarla sería aceptar que algunos territorios pierdan su capacidad de sostener vida mientras determinados usos intensivos permanecen intactos. Esa resignación no es inevitable. Habitar la escasez con justicia exige restaurar ríos y acuíferos, reducir demandas incompatibles con el clima actual y distribuir los esfuerzos de forma democrática. También exige memoria para no confundir adaptación con renuncia.","date":"2026-06-28","summary":"Asumir que el agua es un bien limitado no debería traducirse en resignación, sino en decisiones políticas valientes sobre usos, prioridades y reparación ecológica.","tags":["editorial","agua","sequias"],"title":"Editorial: habitar la sequía sin normalizarla","url":"/2026/06/editorial-habitar-sequia-sin-normalizarla/"},{"authors":["diego-montes"],"categories":["opinion"],"content":"Cuando un acuífero entra en estrés o un embalse cae por debajo de umbrales críticos, se habla de emergencia como si la escasez apareciera de forma neutral. Pero el agua siempre está atravesada por relaciones de poder, prioridades económicas e historias de apropiación. 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Lo demás son parches sobre una crisis que ya es social y ecológica a la vez.","date":"2026-06-21","summary":"La crisis hídrica obliga a discutir prioridades de uso, responsabilidad empresarial y justicia territorial en lugar de seguir confiando en soluciones tecnocráticas aisladas.","tags":["agua","justicia ambiental","sequias"],"title":"¿Quién paga el agua cuando se seca el territorio?","url":"/2026/06/quien-paga-agua-cuando-seca-territorio/"},{"authors":["diego-montes"],"categories":["reportajes"],"content":"A simple vista, el río parece tranquilo, pero sus sedimentos y orillas hablan de décadas de vertidos, balsas inestables y promesas incumplidas de restauración. Este reportaje recoge la memoria de quienes vivieron la degradación de la cuenca y acompañan hoy demandas de reparación que van más allá de la limpieza superficial. Las expertas consultadas insisten en que la recuperación exige tiempo, seguimiento independiente y responsabilidades económicas claras para las empresas implicadas. 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Sin embargo, las élites políticas y económicas han decidido imponernos el régimen de guerra que incrementa las dinámicas de ecocidas. Una nueva carrera de rearme se está consolidando en el contexto del declive de la hegemonía de los Estados Unidos, indisputada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El pacifismo constitucional impuesto a las potencias entonces derrotadas pertenece ya al pasado: Japón y Alemania anuncian programas masivos de expansión militar. Al mismo tiempo, la Administración Trump presenta el mayor presupuesto militar de la historia del país, con un incremento del 42 % respecto del anterior —hasta 1,5 billones de dólares— y un aumento del 24.000 % en las partidas destinadas al Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por sus siglas en inglés), centrado en sistemas de combate basados en drones e «IA» (beneficiando a empresas como Palantir). Europa se ha convertido entretanto en el principal polo de demanda de armamento del planeta, y España se ha sumado con especial entusiasmo a esta deriva militarista: en 2026 entró por primera vez en la lista de los 15 países con mayor gasto militar del mundo y fue, dentro de ese grupo, el que más aumentó su gasto durante el año previo (un incremento del 50 %, hasta los 40.200 millones de dólares). Esta deriva militarista puede leerse desde dos ángulos complementarios. Por un lado, el del keynesianismo militar: la utilización del gasto en «defensa» como motor económico, garantizando mercados cautivos y enormes transferencias de dinero público al sector privado bajo la cobertura ideológica de la «seguridad». Se trata de la respuesta habitual en momentos de crecientes dificultades para ampliar los beneficios del capital. Por otro lado, la profundización de las guerras por recursos, en un horizonte marcado por la creciente escasez de las materias primas energéticas y minerales sobre las que se ha asentado la economía global durante las últimas décadas. La economía capitalista depende estructuralmente de la explotación de recursos no renovables, muy concretamente del petróleo. El objetivo de asegurar recursos energéticos y minerales ha llevado históricamente a intervenciones militares y conflictos, especialmente en regiones ricas en petróleo. Ambas perspectivas remiten a una lógica sobradamente conocida: apoyo público al gran capital y acceso garantizado, mediante presión económica, diplomática y violencia directa, a recursos y mercados en el Sur global. El agotamiento y la creciente dificultad de acceso a combustibles fósiles y minerales intensifican las tensiones interimperialistas por el control de las materias primas. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos el 40 % de los conflictos registrados en los últimos 60 años han estado relacionados con la explotación de recursos naturales. Dos metáforas pueden ayudarnos a situar esta carrera de rearme en el contexto de una competencia interimperialista cada vez más intensa. El politólogo estadounidense Graham Allison popularizó la noción de la «trampa de Tucídides» para describir la tendencia al conflicto que se produce cuando una potencia emergente desafía a otra establecida. Por su parte, el historiador Alfred McCoy utiliza el término «micro-militarismo» para referirse a esas operaciones militares erráticas con las que las potencias en declive intentan recuperar el prestigio y el poder perdidos. Ambas ideas ayudan a comprender la coyuntura actual: el ascenso de China como rival estratégico de Estados Unidos y la proliferación de intervenciones militares cada vez más arriesgadas y difíciles de encajar en una lógica estratégica coherente —los propios pretextos invocados cambian con frecuencia de un día para otro. El último informe del FMI —publicado en abril de 2026— prevé que el keynesianismo militar generará, si acaso, un tímido repunte del crecimiento en la UE, pero acompañado de mayor déficit, inflación y deuda pública. Señala también el riesgo de que la actual deriva geopolítica conduzca a una fragmentación abrupta del mercado global en bloques económicos enfrentados. No hace falta, pues, acudir a literatura disidente para constatar la preocupación creciente ante una posible descomposición violenta de la globalización neoliberal. Las condiciones materiales que hicieron posible ese ciclo económico (energía fósil barata, deslocalización productiva, expansión del transporte global, apertura de mercados, liberalización financiera…) se están erosionando rápidamente. Mientras tanto, se consolidan las condiciones militares, culturales e institucionales para una desglobalización violenta: discursos y políticas militaristas, espacios de cooperación internacional en retroceso y normalización del desprecio explícito por las instituciones multilaterales y el derecho internacional. España y la Unión Europea han desempeñado un papel nefasto en los primeros compases de esta dinámica de desglobalización violenta. Siguiendo la línea marcada por Estados Unidos, bloquearon las vías diplomáticas abiertas antes y después de la invasión rusa de Ucrania y optaron en su lugar por una estrategia de escalada militar. Como reverso desquiciado de esa misma lógica, la pasividad, la hipocresía y los gestos cosméticos han sido la única respuesta europea a las constantes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario por parte de Israel. Por un lado, se mantiene el Acuerdo de Asociación UE-Israel; por el otro, el Gobierno español anuncia un embargo de armas con palabras bonitas, pero lo evita con tecnicismos y lo oculta con desinformación. De ahí que siga siendo imprescindible exigir un embargo real y, de hecho, la ruptura total de relaciones con Israel —incluyendo el comercio de bienes y servicios—, no sólo con las colonias en los territorios ocupados ilegalmente. La creciente dificultad de acceso a combustibles fósiles y minerales intensifican las tensiones interimperialistas por el control de las materias primas. Ecocidio: de Vietnam a Gaza El agente naranja es un defoliante, es decir, un producto químico que se aplica a las plantas para provocar la caída artificial y acelerada de sus hojas. Los militares estadounidenses fumigaron con este producto y otros herbicidas los bosques y cultivos de Vietnam con el objetivo de encontrar los escondites de los guerrilleros del Vietcong y de destruir las cosechas que servían para el abastecimiento local. En ese contexto de guerra fría el biólogo estadounidense Arthur Galston acuñó la palabra “ecocidio”, refiriéndose a cómo afectaba ese envenenamiento masivo a las personas y los ecosistemas vietnamitas. Un tóxico utilizado como arma de destrucción masiva que aún hoy, más de 50 años después de su uso, sigue impactando a la población y al territorio. En Palestina, y especialmente en Gaza, se muestra también el carácter ecocida de las guerras contemporáneas. Israel está desarrollando una política de destrucción sistemática del territorio que anula la posibilidad de vivir en el presente y el futuro y daña irreversibles sus ecosistemas naturales. Bombardeos contra tierras agrícolas, destrucción de invernaderos, devastación de cultivos de cítricos u olivos, fumigación con herbicidas, llenado de pozos de agua con cemento, destrucción de las redes de abastecimiento y tratamiento de aguas, contaminación del agua subterránea y marina al inutilizar las plantas de tratamiento de aguas residuales, contaminación del suelo por herbicidas, sustancias químicas explosivas y metales pesados… El ecocidio, que limita incluso el acceso a agua potable y alimentación, convive de la mano con el genocidio. No existe el uno sin el otro. Incluso antes de octubre del 2023, tan sólo el 30 % de los hogares gazatíes tenían acceso diario al agua, y entre el 90 % y el 95 % no era segura para el consumo o el riego. El contexto hídrico era tan desgarrador que suponía la principal causa de mortalidad infantil. Actualmente, el acceso al agua en Gaza es casi nulo debido a la destrucción de infraestructuras, el bloqueo de combustible y la contaminación. El objetivo del Estado de Israel es que el territorio palestino sea inhabitable. El gobierno sionista no sólo bloquea el ingreso de suficiente agua limpia a Gaza, sino que además impide la construcción o reparación de infraestructuras. En 2025, Oxfam denunció que el volumen de agua disponible en Gaza era de 5,7 litros por persona al día. En 2026 el cálculo ronda el litro por persona y día. La cifra de palestinos asesinados por el ejército israelí ha superado los 72.500 desde la ofensiva de 2023, con más de 21.000 niños y niñas entre las víctimas mortales. Se estima que hay más de 10.000 personas desaparecidas bajo los escombros. La acumulación de residuos y escombros así como la inundación con aguas fecales en Gaza ha provocado plagas masivas de roedores y riesgos severos de enfermedades. Las guerras y el rearme no sólo exacerban el colapso ambiental, sino que perpetúan la violencia, alimentan el extractivismo y refuerzan estructuras de dominación global. La crisis socioecológica sólo se resolverá con una desmilitarización radical, una reducción del consumo material y energético y una apuesta decidida por la justicia social y ambiental, la diplomacia y la cooperación internacional. Una cultura de la paz pasa por el decrecimiento económico, una respuesta desmilitarizada ante desastres, reorientar los presupuestos militares hacia la vivienda, los servicios públicos y la agroecología así como poner fin a las exportaciones de armas, acabar con la OTAN y garantizar la libertad de migrar.","date":"2026-06-01","summary":"En un contexto de emergencia climática y ambiental desenfrenada, producto de un sistema económico basado en el crecimiento constante y alimentado con combustibles fósiles, cabría esperar que la atención política mundial se centrara en cómo frenar el colapso ecológico y garantizar una vida digna para todas. Sin embargo, las élites políticas y económicas han decidido imponernos el régimen de guerra que incrementa las dinámicas de ecocidas.","tags":["editorial","guerra","militarismo"],"title":"Editorial: no a las guerras ni al rearme","url":"/2026/06/editorial-no-a-las-guerras-ni-al-rearme/"},{"authors":["area-conservacion-naturaleza-ecologistas-accion"],"categories":["opinion"],"content":"Desde hace tiempo, un nuevo mantra está colonizando el espectro político. Nos resulta cada vez más familiar oír hablar de “desregulación” como una de las propuestas más agresivas que las fuerzas políticas europeas de centroderecha (Partido Popular Europeo) y de la derecha nacionalista o ultraderecha (como los Conservadores y Reformistas Europeos) están trayendo al discurso mediático y social. Lo que empezó como una campaña que nos llegó desde los despachos de Bruselas, reclamando una mayor laxitud en la aplicación y estructura de las normativas ambientales, está ya echando raíces en las puertas de nuestras casas. Prueba de ello es la creación de las Consejerías de Desregulación como parte de los acuerdos de gobierno entre Vox y PP en Extremadura, Aragón y más recientemente Castilla y León. Pero, ¿qué significa esto de la desregulación? Escuchar a los gobernantes hablar de simplificar la legislación, o reducir la carga burocrática, podría sonar atractivo. En ocasiones es necesario, para ayudar a la ciudadanía a navegar los laberintos administrativos que articulan nuestros sistemas fiscales y legales. Pero no nos dejemos engañar. Cuando a Ursula von der Leyden se le llena la boca con las palabras “simplificación” o “flexibilización”, está utilizando eufemismos para referirse a lo que, desde hace más de un año, es una iniciativa coordinada y orquestada por los poderes políticos europeos para tumbar todo progreso logrado en el ámbito de la protección medioambiental. Y lo hace proclamando que es necesario y urgente para mejorar la “competitividad” de la UE y “proteger los puestos de trabajo”, agitando el miedo a un escenario de inestabilidad política global y de relaciones internacionales cada vez más marcadas por las distintas guerras que amenazan nuestro futuro y sus efectos en las economías. Paradoja económica Esta estrategia sin escrúpulos beneficia particularmente a aquellas grandes corporaciones cuyos intereses económicos dependen de la ocupación y explotación de nuestros territorios, o a las industrias más contaminantes. Ciertos lobbies que las representan son el nada disimulado agente detrás de esta deriva política. Pretenden acabar con décadas de avances en instrumentos jurídicos que, en muchas ocasiones, son la única barrera de contención ante sus agresiones medioambientales. No es un soplo de aire fresco para nuestra economía. La conservación de la naturaleza no está reñida con el bienestar social y económico, como nos hacen creer, sino todo lo contrario. Se estima que dos tercios del valor añadido bruto de la UE tienen una dependencia media o alta de la naturaleza. Más del 70 % de las empresas de la zona euro dependen en gran medida de al menos un proceso ecológico relacionado con la naturaleza que proporcionan los ecosistemas saludables. El coste financiero de la degradación ambiental es considerable: se calcula una pérdida económica de activos de 650.000 millones de euros entre 1980 y 2022, de los cuales 52.300 millones solo en 2022. Eliminar controles y restricciones para lograr el beneficio a corto plazo de unos pocos inversores es una estrategia económica que pone en venta nuestra salud y futuro. Hachazos a la normativa ambiental En la práctica, desde la publicación de los primeros paquetes Ómnibus en febrero de 2025 (ya llevamos ocho), la lista se ha ido ampliando de forma recurrente, y no sólo mediante Ómnibus (para que nos entendamos, son iniciativas legislativas que aprueban de una tajada muchas reformas polémicas juntas, rápido y con el menor debate posible). Hemos visto cómo saboteaban el Reglamento de Deforestación Importada (EUDR), el Reglamento de Uso Sostenible de Pesticidas (SUR) o la Legislación sobre Sustancias Químicas (REACH). Cómo se plantean acelerar las evaluaciones medioambientales de proyectos de infraestructuras. Y cómo se colocan en la diana instrumentos clave como las Directivas Marco de Agua, la Directiva Marco de Residuos y la Directiva sobre Emisiones Industriales y Ganaderas. El último objetivo en el campo de tiro son las Directivas de Aves y Hábitats. Las Directivas de Aves (aprobada en 1979) y Hábitats (aprobada en 1992), también conocidas como Directivas de Naturaleza, son la piedra angular de la política de biodiversidad de la UE, sobre la que se construye la Red Natura 2000, la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Estas directivas proporcionan el marco legislativo principal para que todos los países de la UE protejan la biodiversidad más valiosa y amenazada. El 12 de mayo la Comisión Europea anunció que se abría el periodo de consulta pública para la revisión de estas Directivas. Ésta forma parte del procedimiento de “Stress Test” (Prueba de Resistencia), una evaluación oficial de la estructura de estos documentos que está siendo utilizada para cuestionarlos y abrir la veda para nuevos hachazos a la normativa ambiental. Aunque la Comisión Europea asegura que esta revisión no será una amenaza para la fortaleza de las Directivas, las alarmas han saltado inmediatamente. En lugar de esto, la Comisión y los Estados miembros deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la aplicación, financiación y cumplimiento de las Directivas de Naturaleza, tal como ya concluyó la valoración (“Fitness Check”) realizada hace diez años, cuando se evaluaron exhaustivamente las Directivas de Aves y Hábitats según cinco criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE. La conclusión fue clara: dentro del marco de la política de biodiversidad, las directivas son adecuadas para su propósito, pero necesitan mejorar significativamente su aplicación para alcanzar plenamente sus objetivos. Esta conclusión sigue siendo válida hoy. El “Stress Test” podría ser útil para evaluar la eficacia actual de la aplicación, pero no debería conducir a una revisión ni debilitamiento de estas leyes. Además, ya se señaló en 2016 que la reducción de cargas administrativas puede lograrse mediante enfoques de aplicación a nivel nacional y regional. Quitad vuestras manos de la naturaleza Yendo al fondo del asunto, hay varios aspectos del procedimiento actual que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, puede utilizarse para justificar la rebaja de protección de numerosas especies, facilitando la autorización para la caza y el control poblacional. Ya hemos presenciado la campaña de acoso y derribo que ha sufrido el lobo a nivel europeo y nacional, pero Europa tiene en el punto de mira a otras especies como el oso pardo o el cormorán. La Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y diversos comités agrarios están presionando activamente dentro del “Stress Test” para eliminar las restricciones temporales o las cuotas que protegen a aves migratorias cuyas poblaciones están en declive como la tórtola europea, la codorniz, el zorzal alirrojo o la perdiz roja. Cualquier cambio propuesto en el nivel de protección debería basarse en la ciencia y en el respeto de los convenios internacionales. Hoy la conversación institucional se centra en eliminar especies de la lista, cuando el asunto prioritario debería ser añadir nuevas, habida cuenta de que la crisis de biodiversidad, en lugar de mitigarse, sigue empeorando. Otro aspecto clave es la aplicación del Artículo 6 de la Directiva Hábitats. Este artículo regula la conservación de la Red Natura 2000, obligando a evaluar el impacto de proyectos (6.3) y permitiendo excepciones sólo bajo razones de interés público (6.4), lo que ya de por sí es un coladero para muchas iniciativas. Son precisamente los lobbies industriales los que reclaman su revisión, buscando aún más facilidades para acelerar proyectos de grave impacto para la naturaleza vinculados a la minería, los centros de datos, infraestructuras energéticas o la industria más contaminante. De hecho, ya se han producido cambios importantes en los procedimientos de autorización en el ámbito de las energías renovables, mediante la modificación de la Directiva sobre Energías Renovables (RED III). Acelerar la autorización de los proyectos implica mirar hacia otro lado, no involucrar a la sociedad civil en el seguimiento de su tramitación y, en definitiva, dar vía libre a las empresas para que operen en zonas naturales de alto valor ecológico sin controles administrativos. El “Stress Test” es, al contrario que otras iniciativas de desregulación, una propuesta lanzada por la Comisión Europea, pero que recae en los Estados Miembros. Son ellos, y otras partes interesadas (es decir, ‘lobbies’ industriales y de la caza) los que impulsan el proceso y a quienes se hace la consulta. Por esta razón no se está haciendo mucho ruido sobre el procedimiento. No interesa que se sepa. Al fin y al cabo, parte de la consulta es pública, y la sociedad civil puede decir algo al respecto. Organizaciones ecologistas y de derechos sociales en toda Europa se están organizando para participar conjuntamente en la consulta pública e impedir que el “Stress Test” se lleve a puerta cerrada y sea utilizado para torpedear las Directivas. Ecologistas en Acción forma parte de esta red colaborativa. Como parte de ella, también apoyamos e impulsamos a nivel estatal la campaña europea “Quitad vuestras manos de la naturaleza” (“Hands Off Nature”), que visibiliza esta operación siniestra y anima a la ciudadanía a que muestre su oposición participando en una recogida de firmas que ya se acerca a los 500.000 apoyos. La presión social por parte de la ciudadanía española es vital, ya que, además de la consulta pública, el “Stress Test” articula un proceso paralelo de consulta a los Estados miembros, del que poca información está llegando. Pero sí sabemos que el Estado español es uno de los nueve estados miembros (junto a Alemania, Estonia, Francia, Malta, Países Bajos, Polonia, Suecia y Eslovaquia) que serán sometidos a una entrevista en profundidad que puede condicionar los resultados. El informe final (con resumen de la consulta pública) será publicado a finales de 2026. Hasta entonces, seguiremos presionando, con tu apoyo, para pararle los pies a quienes quieren poner nuestra salud y la naturaleza al servicio de la industria y las empresas. **Firma: ** Protege las leyes que te protegen","date":"2026-06-01","summary":"La Comisión Europea, secuestrada por una derecha populista y descontrolada, continúa con su campaña de ataque a las políticas y normativas que protegen la naturaleza y la salud de las personas. Su último objetivo: las Directivas de Aves y Hábitats.","tags":["biodiversidad","europa","legislacion ambiental"],"title":"Quitad vuestras manos de la naturaleza","url":"/2026/06/quitad-vuestras-manos-de-la-naturaleza-revista/"},{"authors":["jesus-martin"],"categories":["reportajes"],"content":"Exenciones fiscales para productos agrícolas que aniquilan las poblaciones de insectos necesarios para polinizar nuestros cultivos. Ayudas a flotas que sobrepescan los océanos, llevándolos al colapso ecológico. Subvenciones públicas para la gestión de bosques que favorecen la plantación de monocultivos forestales. En economía, un incentivo perverso es aquel que, diseñado para generar un impacto positivo, acaba haciendo más daño que bien. Las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad son un claro ejemplo de esto. El sistema de ayudas públicas actual está plagado de programas de financiación de proyectos y actividades que, sea por falta de control o por estar mal diseñados, acaban contribuyendo directamente al deterioro de los ecosistemas. Mientras la ciencia advierte que nos aproximamos peligrosamente a un escenario en el que la extinción de especies pone en jaque la capacidad del planeta para ser habitable, es precisamente el modelo económico y de consumo la principal amenaza a la que se enfrenta. Restaurar la relación entre humanidad y naturaleza: un asunto económico Abordar la eliminación o reformulación de estos incentivos es una discusión que la comunidad internacional lleva teniendo desde hace décadas. También es una exigencia del movimiento ecologista y de la sociedad civil sensibilizada, que se ha reflejado en los acuerdos mundiales que se han ido sucediendo, incluyendo el vigente Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que obliga a resolver esta paradoja antes de 2030. Se trata de una paradoja porque uno de los mayores retos para resolver la crisis de biodiversidad es encontrar la financiación necesaria para ello. Se calcula el déficit sólo a nivel europeo en más de 20.000 millones € al año. En contraste, se invierten entre 34.000 y 48.000 millones € anuales en subvenciones perjudiciales para la biodiversidad. Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza es una necesario para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad, al mismo tiempo que garanticen que dichas ayudas lleguen a los estratos más necesitados de la sociedad, promoviendo actividades que sean beneficiosas para la naturaleza y nuestra salud. ¿Y en el Estado español? A pesar de que el Gobierno se había comprometido a identificar todas las subvenciones de este tipo y abordar cambios significativos en la mitad de ellas antes de 2025, no se han registrado avances. Ante la necesidad de no permitir que esto caiga en el olvido, Ecologistas en Acción, con la colaboración de Economistas Sin Fronteras, ha realizado la primera investigación en el Estado español para comprender, analizar y cifrar este tipo de subvenciones. Se trata del informe ‘Incentivos Perversos. Cómo se subvenciona la destrucción de la biodiversidad’. Sus resultados son contundentes: el Estado español invierte cuatro veces más en destruir la naturaleza que en conservarla: se contabilizan alrededor de 8.000 millones de euros anuales en subvenciones públicas a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad, mientras que el presupuesto público anual para la conservación y restauración de la naturaleza, sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, ronda los 2.000 millones de euros. El informe analiza las subvenciones al sector primario en el año 2024, último periodo completado al inicio de la investigación. Lo cierto es que la suma real es aún mayor, teniendo en cuenta la enorme cantidad de subvenciones que reciben sectores como el de transporte y el energético, con un altísimo impacto ambiental que repercute en daños directos e indirectos a la biodiversidad. Un análisis detallado de los datos científicos recogidos en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) revela que las actividades del sector primario están relacionadas con amenazas directas al 37% de las especies catalogadas en el Estado español, siendo el sector con mayores vínculos directos con la desaparición o expulsión de poblaciones de especies silvestres de sus hábitats naturales. ¿Significa esto que las subvenciones al sector primario son malas? En absoluto. El sector primario, y la población rural y costera más vulnerable asociada a él, dependen altamente de estas transferencias, que resultan fundamentales para la estabilidad del modelo alimentario y para la protección de sus derechos. El problema surge cuando el reparto de estas ayudas no se realiza bajo criterios ecológicos y de justicia social. Garantizar que la producción del sector primario no entre en conflicto con la ecología, dándole la mano al mundo rural, es uno de los grandes retos del presente. El abejorro y el glifosato El sector agrario es, con diferencia, el mayor beneficiario del sistema de ayudas públicas, principalmente gracias a la Política Agraria Común. Existe, sin embargo, una línea de subvención más desconocida, pero cuyo impacto en la biodiversidad es catastrófico: las ayudas a plaguicidas y fertilizantes. En el 2024 se concedieron 757 millones € para compensar el incremento de precio de los fertilizantes tras las invasión rusa de Ucrania. Estas ayudas son cada vez menos extraordinarias pues el gobierno ha aprobado un paquete similar de ayudas al campo por 500 millones de euros, para paliar los efectos de la guerra en Irán. Esta dinámica muestra el fracaso del modelo agrario para abandonar su dependencia de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, cuya producción incluye habitualmente petróleo y gas fósil como materias primas. Así. una cuestión de urgencia económica -mantener la solvencia del sector agrario en un contexto bélico para asegurar el suministro de alimentos- obstaculiza el progreso de la transición agroecológica. El consumo nacional de fertilizantes alcanzó los 4,4 millones de toneladas en 2024. Y la biodiversidad se resiente. La contaminación por tóxicos procedentes de la agricultura intensiva tiene efectos devastadores en aves, peces o anfibios. La contaminación fluvial, de humedales y de acuíferos provoca retrasos en el crecimiento, anomalías e incluso la muerte, y está relacionada con eventos de mortalidad masiva como los ocurridos en el Mar Menor, donde la eutrofización causada por el exceso de fertilizantes arrastrados a la laguna desde el Campo de Cartagena está llevando al ecosistema al colapso. Aún más grave es el hecho de que estos tóxicos no se subvencionan sólo de forma puntual. Desde 1992, la adquisición de productos fitosanitarios para la agricultura goza de un IVA reducido, que se ha incrementado al 10% desde 2010. Como resultado de esta medida, sólo en el año 2024 se han dejado de recaudar 430,65 millones €, lo que supone de facto una subvención indirecta. Existe amplia literatura científica sobre los efectos de sustancias como el hidróxido de cobre, el captan, la lambda-cialotrina y la deltametrina, con una elevada carga tóxica para las especies que se ven expuestos a ellos y que son daños colaterales, al no ser el objetivo inicial del plaguicida. Pongamos el ejemplo del glifosato. Este herbicida, el producto fitosanitario más vendido, además de entrañar grandes riesgos para la salud humana, destruye microorganismos beneficiosos del suelo, lo que afecta negativamente a la productividad y diversidad de los pastizales. Pero también está directamente ligado a la extinción de abejorros y otros insectos polinizadores, provocando efectos secundarios en sus capacidades. No sólo dificulta el reconocimiento de colores y su memoria, claves para su alimentación. También impide el trabajo colectivo de las colonias para generar el calor necesario para la supervivencia de sus crías. El glifosato, gracias al IVA reducido, ha recibido una subvención indirecta de 54 millones € en diez años. Ante el riesgo de que la desaparición de insectos impida la polinización de nuestros cultivos, y de la vegetación natural, ¿podemos permitirnos seguir subvencionando el consumo de plaguicidas? La eliminación de ayudas públicas para agrotóxicos, y redirigir ese dinero a financiar un sistema alimentario que los deje obsoletos, es prioritario a corto plazo. Bajo el mar La pesca de larga distancia ha sido históricamente considerada como una de las prácticas subvencionadas más problemáticas. Tras el agotamiento de las poblaciones de peces en las costas españolas se ha impulsado la expansión de la flota vía subvenciones para construir buques pesqueros de altura, incentivos fiscales para el combustible y pagos públicos para acceder a las aguas de los países en desarrollo. Empresas españolas de comercialización de pescado como Nueva Pescanova, que ha recibido subvenciones por un valor de 114.285.200 € entre 2021 y 2025, tienen flotas en varios países de África o América y otras, como Albacora, Calvo o Mariscos Rodríguez, también receptoras de subvenciones, tienen flota con banderas en países con “tarjeta amarilla”, es decir, pre-identificados por la UE por permitir pesca ilegal, como Panamá, Ecuador y Senegal. Otra fuente de financiación pública señalada por contribuir a la pesca de larga distancia son los acuerdos entre la UE y otros países para pescar sus recursos, principalmente de atún en países de bajos ingresos, a los que se les paga a cambio de derecho de acceso a su Zona Económica Exclusiva (ZEE). La flota española se beneficia de 10 de los 11 acuerdos activos, recibiendo una suma estimada en 39 millones € anuales. Uno de ellos, el acuerdo con Mauritania, ha sido ampliamente señalado por tratarse de un claro ejemplo de explotación y extractivismo de recursos locales en claro beneficio de la economía europea y con escasa recompensa para la población local. Esta situación está agravando enormemente el estado de las poblaciones locales de pulpo, en niveles de sobreexplotación crítica. Casi el 90% del pulpo de Mauritania se destina a España, en particular, a Galicia. La quema de biomasa, un mercado en auge El papel que juegan las subvenciones públicas para orientar el modelo de gestión forestal es clave, puesto que el 72% de nuestra superficie forestal está en manos privadas. Al margen de las inversiones para la producción silvícola y la intervención en masas forestales, existe un nicho económico que, sin un control exhaustivo de sus lazos con la extracción de madera, representa una amenaza cada vez mayor: la producción de energía a partir de biomasa forestal. El aprovechamiento de los restos de poda y silvicultura como recurso energético no es un problema en sí mismo. Pero cuando la implantación de la infraestructura que lo permite está ligada a la construcción de grandes centrales de quema de biomasa, el impacto ambiental de las mismas trasciende los límites biofísicos de su territorio de proximidad. A pesar de que la CMNC registra 1.020 MW de potencia instalada de energía eléctrica procedente de biomasa, al inventariar las plantas en funcionamiento se eleva la cifra a 1.240 MW. Eso sin contar los proyectos en tramitación o desarrollo. Si lo hacemos, saltan las alarmas. Tan sólo la potencia que se prevé instalar en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Aragón en los próximos años supone un incremento del 75% respecto a la potencia instalada de todo el país. Tras este modelo se esconden los intereses económicos de grandes empresas como Forestalia, Greenalia y ENSO, que planea duplicar su potencia instalada en los próximos años. La relación entre la industria papelera y la energía a partir de biomasa encuentra en la corporación ENCE su mayor exponente. Teniendo en cuenta sus fábricas, que no consumen sólo los restos que se generan en la elaboración de la celulosa, y las centrales que opera su filial Magnon Renewable Energy, ENCE posee más del 60% de la capacidad eléctrica instalada del territorio estatal. ENCE es también el principal gestor forestal privado de España, cubriendo cerca de 70.000 hectáreas de superficie forestal principalmente en Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria, propiedad suya o a través de acuerdos de gestión. ENCE es también uno de los principales responsables de la expansión del eucalipto. Y ha recibido 82 millones € de ayudas directas en los últimos cinco años. En total, se estima que en 2024 el sector bioenergético vinculado a la combustión de biomasa forestal recibió subvenciones que alcanzan los 282 millones €. Cambiar el sistema No todas las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad deben ser eliminadas. De hecho, el informe citado concluye que el 79% de las mismas deben mantenerse, pero mejorando su diseño para favorecer la conservación de la biodiversidad. Para lograrlo, no basta con revisar las condiciones de concesión de las ayudas. También es relevante reforzar la legislación vinculada a los sectores productivos e integrar la biodiversidad en todas las políticas sectoriales. Lamentablemente, la realidad es otra. El escenario político europeo, en lugar de dar pasos para salvaguardar la naturaleza, no cesa de aprobar retrocesos legislativos sacrificándola en aras de mejorar la productividad y la rentabilidad. Se esconde bajo eufemismos, como “reducción de burocracia” o “flexibilidad”, lo que en realidad son facilidades para que ‘lobbies’ y grandes empresas puedan perpetuar y ampliar el daño que hacen a nuestros ecosistemas. Ahora más que nunca necesitamos una sociedad fuerte que haga frente a los poderes económicos y a una clase política que antepone la generación de beneficios para unos pocos a nuestra supervivencia a largo plazo. Ahora más que nunca debemos recordarles a nuestros gobernantes que sin biodiversidad, no hay vida.","date":"2026-06-01","summary":"Por primera vez en nuestro Estado, una investigación desvela la relación entre las ayudas públicas y la pérdida de biodiversidad. El informe ‘Incentivos Perversos’ de Ecologistas en Acción pone nombre y cifras a uno de los mayores problemas de la crisis ecológica.","tags":["biodiversidad","subvenciones","politicas publicas"],"title":"Perversidad ¿Se está subvencionando la extinción?","url":"/2026/06/perversidad-se-esta-subvencionando-la-extincion/"},{"authors":["carlos-zaldivar-ezquerro"],"categories":["reportajes"],"content":"Contratada por la National Audubon Society, ONG estadounidense dedicada desde 1905 a la conservación de la naturaleza, Rachel Carson (1907-1964) fue la primera en asestar un buen susto a las multinacionales químicas. Esta bióloga marina, conservacionista y escritora de prestigio internacional por su trilogía sobre los océanos, dedicó los últimos años de su vida al estudio de las nocivas consecuencias que conlleva el empleo masivo del DDT y otros pesticidas sobre la biodiversidad, y se hizo también famosa por ello. El resultado fue Silent Spring (1962), el libro -traducido a más de treinta idiomas- que dio a conocer, a todo aquel que quiso escuchar, el problema de la galopante contaminación química agrícola. Para muchos, el primer libro divulgativo sobre este impacto ambiental de trascendencia planetaria. Un clásico que conciencia sobre los devastadores efectos que la agricultura intensiva inflige día tras día a los insectos y sus predadores, ya sean vertebrados como las aves o invertebrados como las mantis religiosa. El contundente mensaje enviado por la Dra. Carson fue secundado también por el mundialmente reconocido biólogo estadunidense Edward O. Wilson (1929-2021), que elevó el tradicional y denostado rango de los insectos hasta el nivel de “verdadero núcleo” de la biodiversidad que debemos proteger, y reveló el decisivo papel ecológico de todos los insectos que hay en el escenario global: no en vano suponen alrededor del 90 % de las especies animales conocidas. Igualmente, llevado por su activismo conservacionista, transmitió con todo el rigor científico necesario la importancia de estos artrópodos, motivando a nuevas generaciones de científicos y conservacionistas a través de sus numerosas conferencias, artículos y libros. En The Diversity of Life (1992), Wilson nos explicó, en más de 25 lenguas diferentes, que los insectos constituyen el “grueso de la biodiversidad terrestre” y el “cimiento invisible” de los ecosistemas. Su crucial papel es indispensable en la polinización, la descomposición de la materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la aireación del suelo, la diseminación de semillas, las cadenas tróficas, la creación de los paisajes sonoros naturales o el control de plagas (aunque en ocasiones ellos también sean plaga). Por ello, nos advirtió que es muy malo que los insectos estén gravemente amenazados por la actividad humana reciente, e identificó con claridad las principales causas de desaparición. La agricultura intensiva y la urbanización producen destrucción, fragmentación y simplificación de los hábitats; el uso abusivo de pesticidas y la producción de todo tipo de contaminantes del suelo, aguas dulces y atmósfera provocan desapariciones en cascada que afectan también a plantas, otros animales y, finalmente, a nosotros los seres humanos. La preocupación se multiplica Anne Sverdrup-Thygeson, entomóloga de la Universidad de Oslo y divulgadora científica leída en más de 25 idiomas, publicó en 2018 Insektenes Planet: un libro, de lenguaje claro y accesible, que nos guía por el extenso mundo de los insectos y muestra lo imposible que serían nuestras vidas sin sus servicios ecosistémicos. Servicios – ¡a coste cero! – que el IPBES o Plataforma Intergubernamental de expertos sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (equivalente al más conocido IPCC sobre el cambio climático) ha valorado -sólo para las aportaciones que hacen los insectos a la polinización agrícola mundial- en casi 600.000 millones de dólares americanos al año. Ello, sin cuantificar otros muchos y callados servicios que también llevan a cabo, como por ejemplo, el de reciclaje de nutrientes o su importantísima tarea en las cadenas de alimentación. La autora explica que, aunque hay billones de insectos, sus números están decreciendo: “mientras que en los últimos 40 años hemos duplicado la población mundial humana, el número total de insectos se ha reducido a la mitad”, entre otras causas por el cambio climático. Causa que ha venido a ser principal, como así remarca, en el artículo de referencia Insect Declines in the Anthropocene (2020), David L. Wagner, profesor de la Universidad de Connecticut. Por ello este experimentado y destacado entomólogo afirma que, aunque la mayor parte de los datos científicos del desplome insecticida proceden de Europa, “se han observado casos adicionales de pérdidas de fauna en Asia, América del Norte, el Ártico, los Neotrópicos y otros lugares”. Y, a los factores del colapso ya apuntados, añade “la nitrificación atmosférica debida a la quema de combustibles fósiles y los efectos de las sequías y los cambios en los patrones de precipitación”. La labor científica y divulgativa de Dave Goulson es portentosa y está a la altura de su ejemplar pasión por los abejorros y su “supermisión polinizadora”. Este británico, profesor de biología de la Universidad de Sussex, ha publicado centenares de artículos sobre ecología y conservación de insectos. Es autor de varios best sellers sobre el tema, publicados en más de 15 idiomas. Y en su último libro Silent Earth (2021) sigue muy asustado por el declive mundial de los insectos y da cifras escalofriantes. Basándose en sus percepciones y los estudios de otros colegas europeos y estadunidenses (como los de la alemana Sociedad Krefeld, Sebastian Seibold, o Ernie Pollard) es capaz de afirmar que, aunque “los cálculos realizados varían mucho y son muy inexactos, es muy posible que la población general de insectos haya disminuido un 75 % desde que yo tenía cinco años”. Dato que -si mis cálculos no están mal- apunta a una pérdida media del 12,5 % por década. Goulson nació en 1965 y en Silent Earth también alude al estudio realizado en 2019 por el ecólogo y entomólogo de origen español Francisco Sánchez-Bayo, que trabaja en la Universidad de Sídney. En compañía de Kris A. G. Wyckhuys, de la Universidad de Queensland, revisó 73 estudios sobre las poblaciones de insectos silvestres de los países más monitoreados, revelando “tasas dramáticas de declive que pueden llevar a la extinción del 40 % de las especies de insectos del mundo en las próximas décadas”. Asimismo, aseguran que los “grupos de insectos afectados no sólo son especialistas que ocupan nichos ecológicos particulares, sino también muchas especies comunes y generalistas”, estando entre los insectos más perjudicados las abejas silvestres, las mariposas y polillas, los escarabajos, las efímeras, las moscas de las piedras, los canutillos y los odonatos. Además, amplían las causas de la hecatombe incluyendo factores biológicos como el trasvase de patógenos y de especies introducidas. Por su parte, el Dr. Roel van Klink y colaboradores del German Institute for Integrative Biodiversity Research, publicaron en 2020 otro metaanálisis planetario – esta vez con 166 conjuntos de datos- y llegaron a la conclusión de que los “insectos terrestres están sufriendo un declive a un ritmo de un 9 % por década”. Una pérdida más lenta que la de Sánchez-Bayo, pero igualmente significativa. Las conclusiones de ambos han sido tachadas de alarmantes por un sector de los entomólogos pero, aunque falten datos de muchos países de África, Sudamérica, Oceanía o Asia, todos los estudios indican que la hecatombe de los insectos es evidente, aunque no sepamos por el momento su exacta magnitud total. Más comunicadores Y así lo han denunciado, con títulos sumamente expresivos y de repercusión mundial para quien quiera enterarse, personajes como Elizabeth Kolbert, periodista ambiental del The New Yorker y ganadora del Pulitzer con su libro The Sixth Extincion (2014); Brooke Jarvis, periodista de The New York Times, autora del influyente artículo The Insect Apocalypse Is Here (2018); Oliver Milman, corresponsal de asuntos medioambientales de The Guardian, con la publicación de The Insect Crisis (2022) o, en habla hispana, Andrés Cota Hiriart, zoólogo, escritor y divulgador, que ha elaborado artículos como el titulado “Insecticidio, el Apocalipsis Invertebrado”. Pero, sin duda, el más admirado sigue siendo David Attenborough que -no sin alguna polémica posterior- en una de sus series televisivas para la BBC afirmó con rotundidad: “En solo los últimos 20 años, nuestros insectos voladores han disminuido un 60 %”. Después de haber observado la naturaleza planetaria y habérnosla mostrado urbi et orbi durante décadas con tanta espectacularidad como rigor científico ¿puede Attenborough estar equivocado? No lo creo. Menos conocidos, pero también destacados zoólogos y divulgadores científicos alarmados por el masivo declive de los insectos son, por ejemplo: Michael J. Samways, distinguido entomólogo sudafricano profesor de la Universidad de Stellenbosch, con su libro clave Insect Conervation: A Global Synthesis (2019); o, George Mcgavin (reconocido entomólogo y presentador en medios de comunicación británicos) y su libro The Good Bug: A Celebration of Insects (and What We Can Do to Protect Them) (2024). Alta repercusión en los medios internacionales tuvo igualmente el artículo, publicado en Nature: Agriculture and climate change are reshaping insect biodiversity worldwide (2022). Estudio en el que Charlotte L. Outhwaite y colaboradores de la University College London, analizando miles de muestras y taxones de insectos, desvelaron “reducciones de casi un 50 % en la abundancia y un 27 % en el número de especies dentro de los hábitats perturbados” por la agricultura de alta intensidad y el cambio climático, mientras que en los sistemas agrícolas de baja intensidad la abundancia y diversidad de estos artrópodos se redujeron alrededor del 6 %. Spain is no different En España, la intranquilidad por la falta de conservación de los insectos la encabezan biólogos, profesores, catedráticos y comunicadores del nivel de Mª Ángeles Marcos, Eduardo Galante, José Luis Viejo, Agustín Castro, Anna Traveset o Fernando Valladares… Preocupación que puede extenderse a los 165 firmantes del Manifiesto de los Entomólogos Ibéricos sobre la Urgente Necesidad de Detener el Declive de las Poblaciones de Insectos, principal resultado del XX Congreso Ibérico de Entomología celebrado en 2023. En él, no muestran reservas al titular este declive mundial de “Apocalipsis de los insectos”, pues – consideran – “Los datos indican que la desaparición local y la extinción de especies en este grupo de animales es un 8 % mayor que las de aves, anfibios o reptiles», y – siguen afirmando – que el problema es cada vez mayor y “afecta a aproximadamente un tercio de las especies de insectos a nivel mundial”. Joaquín Araujo, en su libro *La Muerte Silenciosa. España hacia el Desastre Ecológico *(1990), ya nos previno de esta catástrofe en sus páginas dedicadas a los “Biocidas” y, más recientemente, Miguel Delibes de Castro, en Gracias a la Vida (2024), analiza esta hecatombe en su apartado “Gracias a los escarabajos”, con referencias y datos que ya he dado aquí. ¿Qué dicen las entidades internacionales? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esa autoridad científica y red global que reúne a miles de científicos y expertos (entomólogos y de otras disciplinas), ha puesto sobre la mesa la conveniencia conseguir más información pero, aún así, han sido capaces de evaluar 12.100 especies de insectos para alcanzar conclusiones como estas: que alrededor del 20 % están amenazadas, que el número de mariposas europeas en riesgo ha aumentado en un 76 % en la última década y que más del 20 % de las abejas silvestres y abejorros se enfrentan al riesgo de extinción. Todo ello dentro un amplio panorama en el que considera que, de todos los insectos documentados, alrededor del 33 % muestran tendencias decrecientes en abundancia, biomasa y diversidad. En los informes del IPBES participan más de mil científicos y expertos de todo el mundo y de varias disciplinas medioambientales. En 2019 se publicó su principal evaluación global sobre biodiversidad que alertaba de la extinción masiva de especies. En particular, de los insectos polinizadores en Europa y Estados Unidos, que “han disminuido drásticamente tanto en abundancia como en riqueza de especies”. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), tratado marco para conservar la biodiversidad ratificado por 196 países en 1992 (excepto EEUU), también reconoce la preocupante situación de los insectos como parte del colapso global de biodiversidad. Es un instrumento legalmente vinculante y ha establecido acciones coordinadas para monitorear, conservar y promover prácticas que reduzcan el declive, pero la respuesta de los países está siendo lenta, desigual y poco o nada eficaz, como veremos a continuación. Mal vamos Tras este incompleto -pero suficiente- repaso, aunque han quedado claras las causas de semejante cataclismo insecticida y las razones para cambiar de rumbo, seguimos sin dar los pasos apropiados en la buena dirección. Según las siguientes estimaciones de la FAO, todo lo que podía ir mal, va mal. Desde hace 40 años, la superficie urbana mundial ha crecido un 214 %, la agrícola intensiva un 7,5 %, la forestal ha menguado en un 10% y se ha incrementado en un 90 % el uso de biocidas, a pesar de ser hoy mucho más letales que el DDT y, en Estado Unidos, el gasto en polinizadores domésticos se ha elevado en torno al 40 %. Por si fuera poco, aunque cada vez es mayor la participación de las energías renovables en el mix energético mundial, en las últimas cuatro décadas, el consumo total de combustibles fósiles casi se ha duplicado y el CO2 ha aumentado un 26 %. Están en máximos absolutos históricos, lo mismo que la población mundial. Mientras tanto, en el tablero internacional seguimos batiendo récords de temperatura media y pérdida de biodiversidad. Es evidente que así no vamos bien. Y no sólo los insectos. Da mucha tristeza pensar que, a pesar del esfuerzo de tantos científicos y divulgadores, para la inmensísima mayoría de la humanidad salvar a los pequeños y “fastidiosos insectos” (sólo en ocasiones lo son y es lógico combatirlos adecuadamente en tales circunstancias) sigue siendo tarea mucho menos importante para la conservación de los ecosistemas que hacerlo en favor de los grandes y atractivos gorilas de montaña o los elefantes asiáticos, por poner un par de ejemplos de vertebrados en peligro crítico de desaparecer que, por supuesto, también hay que conservar y proteger. Como deberíamos estar haciendo desde hace décadas con los insectos.","date":"2026-06-01","summary":"Que en los parabrisas, matrículas y paragolpes de los países “avanzados” no aparezcan apenas insectos atropellados, ya no es novedad. Y, sin embargo -como ha sucedido con el cambio climático, que también está aquí-, desde hace más de cinco décadas, los biólogos, naturalistas, ecologistas y periodistas especializados de todo el mundo vienen mostrando su preocupación por la rápida reducción de muchos vertebrados carismáticos y, más recientemente, por las especies invertebradas: en particular por los insectos, fundamentales para el funcionamiento del planeta tal y como lo necesita la supervivencia humana.","tags":["insectos","plaguicidas","biodiversidad"],"title":"La hecatombe insecticida: breve guía para entenderla","url":"/2026/06/la-hecatombe-insecticida-breve-guia-para-entenderla/"},{"authors":["nacho-escartin-lasierra"],"categories":["reportajes"],"content":"En los últimos años, el debate sobre la ganadería se ha visto atrapado en una polarización estéril. Por un lado, el rodillo industrial de las macrogranjas, que avanza sobre nuestros pueblos vaciados convirtiéndolos en zonas de sacrificio; por otro, una narrativa urbana que, a veces, olvida que la gestión del territorio y la soberanía alimentaria pasan necesariamente por procesos biológicos que incluyen a los herbívoros domésticos. Sin embargo, la agroecología tiene una respuesta y una hoja de ruta que hemos tratado de visibilizar en la Guía “La ganadería del futuro: Aquí y ahora”. Este documento no es un ejercicio de nostalgia por un pasado bucólico, sino una llamada realista y vivencial para enfrentar la triple crisis (climática, de biodiversidad y social) que nos asola. Con esta guía pretendemos ir más allá de teorías y acercarnos a las realidades que ya demuestran que es posible trabajar de otras maneras. Sabedores de que la muestra es limitada (30 ganaderías) hemos tratado de alcanzar un equilibrio para mostrar diversas propuestas de distintas geografías del estado español. Conscientes de que son muchas más las experiencias que no hemos visibilizado, pedimos disculpas y comprensión a quienes no aparecen. Sirvan las que sí están de ejemplos posibles, para visitar, conocer, copiar y mejorar. No podemos proponer alternativas sin entender qué estamos combatiendo. El modelo de ganadería industrial es, en esencia, una extensión del extractivismo fósil. Se basa en la importación masiva de soja (causante de la deforestación), el consumo desorbitado de agua y una mala gestión de un exceso de residuos —los purines— que contaminan nuestros acuíferos hasta dejarnos sin agua potable. Es un modelo sin ganaderos, gestionado por algoritmos y fondos de inversión, donde el animal es una pieza de una maquinaria aceitada con antibióticos. También es cierto que cada vez son más las personas ganaderas atrapadas en este modelo industrial, que intentan salirse del control de las integradoras, gestionar mejor sus purines, desmedicalizar sus animales y desarrollar buenas prácticas y manejos. No pretendemos demonizar a las personas que trabajan en la ganadería industrial, sino criticar el modelo que se impone y plantear salidas al mismo. La ganadería del futuro: ¿Qué es? La ganadería del futuro es extensiva, vinculada al territorio y de escala humana. Es aquella que entiende que el ganado no es solo una fuente de proteína, sino un actor ecológico fundamental. Para que este artículo sea tan pedagógico como la guía, seleccionamos nueve ejes fundamentales que demuestran que el cambio ya está ocurriendo: 1. El pastoreo como servicio ecosistémico La ganadería extensiva no extrae valor del territorio, lo genera. Los herbívoros son piezas clave en la red trófica. Su presencia favorece a las aves necrófagas y mantiene los pastizales que son sumideros de carbono naturales. 2. Razas autóctonas: Nuestro tesoro genético La guía apuesta firmemente por las razas locales. Animales rústicos, adaptados al clima seco y extremo de gran parte de nuestra geografía, con menores necesidades de medicamentos y mayor capacidad de resiliencia ante el cambio climático. 3. El bienestar animal real Frente a las jaulas y el hacinamiento, la libertad. El bienestar animal no es una etiqueta de marketing, es la posibilidad de que el animal desarrolle sus instintos naturales: caminar, seleccionar su alimento y socializar al aire libre. 4. Soberanía hídrica: El valor del agua En una España cada vez más seca, no podemos regalar el agua a la industria cárnica. La ganadería del futuro utiliza los recursos hídricos de forma sostenible, sin sobreexplotar pozos ni contaminar con nitratos el suministro de los pueblos. 5. El relevo generacional y la vida rural Nuestra guía es también una propuesta social. Necesitamos pastores y pastoras con condiciones de vida dignas, con acceso a la tierra y con servicios públicos en sus municipios. Sin gente en los pueblos, no hay ganadería extensiva. 6. Mercados municipales y circuitos cortos El modelo industrial centraliza y deshumaniza. Proponemos recuperar los mercados de proximidad y las salas de despiece locales para reducir la huella de transporte y que el valor añadido se quede en la comarca. 7. Suelos vivos: Secuestro de carbono La ganadería bien gestionada es una solución climática. El pastoreo rotacional ayuda a que las raíces de las plantas crezcan más profundas, fijando más CO2 en el suelo y ayudando a frenar la desertificación. 8. El papel de las mujeres en el campo La guía reconoce y visibiliza el rol histórico y presente de las mujeres en la ganadería. Su liderazgo es fundamental para la construcción de nuevos modelos de gestión basados en los cuidados y la sostenibilidad. 9. De la guía a la acción: Cooperación El último pilar es la organización. Ganaderos, ecologistas y consumidores debemos ir de la mano. La guía es una invitación a tejer alianzas para exigir políticas públicas que dejen de subvencionar la industria y empiecen a apoyar la vida. El actual sistema alimentario está en colapso por falta de recursos y exceso de contaminación. La guía “La ganadería del futuro” nos dice que la solución no es tecnológica ni pasa por la carne de laboratorio controlada por las mismas multinacionales de siempre. La solución es volver a los ciclos de la vida, a la escala humana y al respeto por la tierra. Esta guía es una herramienta para la incidencia política, pero también es un mensaje de esperanza: sí, es posible alimentar al mundo sin destruir el planeta. Ahora nos toca a nosotros, desde el activismo y la ciudadanía, presionar para que estas buenas prácticas dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma. Porque el futuro de nuestros pueblos y de nuestro clima se está jugando hoy, en cada dehesa y en cada puerto de montaña. Guía en formato PDF en varios idiomas: [Aragonés] [Castellano] [Catalán] [Euskera]","date":"2026-06-01","summary":"El Área de Agroecología de Ecologistas en Acción ha recorrido todas las Comunidades Autónomas y ha plasmado distintos manejos de animales, ecosistemas, prácticas de venta directa y comercio de cercanía, conservación de razas autóctonas, armonía con otras iniciativas económicas en el sector primario, la educación ambiental o el turismo sostenible.","tags":["agroecologia","ganaderia extensiva","soberania alimentaria"],"title":"La ganadería del futuro, aquí y ahora","url":"/2026/06/la-ganaderia-del-futuro-aqui-y-ahora/"},{"authors":["toni-jorge-san-vicente"],"categories":["reportajes"],"content":"El Grupo Pini, fundado por Piero Pini en los años 80 en Italia, es un gigante cárnico europeo líder en la transformación de carne de cerdo, con una facturación anual de unos 2.000 millones de euros y 13 millones de cerdos procesados al año. Destaca por su expansión internacional, incluyendo plantas en Hungría, Polonia e Italia, y el macromatadero Litera Meat en Huesca. No tenemos conocimiento hasta la fecha de un movimiento empresarial de tales dimensiones y características, ya que se trata del primer caso en que se impulsa la tramitación conjunta de 25 granjas clónicas de máxima capacidad. Y cuando decimos clónicas nos referimos a proyectos idénticos, dónde sólo se modifican datos de ubicación, suministro de agua y algún otro aspecto ambiental, lo que produce errores de bulto. Este grupo entra en España de la mano del gobierno regional de Aragón, a pesar de la polémica que lo rodeaba, y entra mediante un matadero que es a la sazón el mayor de España. Los antecedentes no eran menores, el 29-06-2020 aparece una noticia en el diario público titulada “Detienen a un policía corrupto a sueldo del carnicero que posee el matadero de Binéfar”, otras 11 personas fueron arrestadas e imputadas de similares cargos. Un agente de la ciudad polaca de Kutno, donde operaba el matadero propiedad del entramado criminal italiano de los Pini trasladado a la población aragonesa de Binéfar, fue detenido por la Oficina de Asuntos Internos de la policía del condado de Łódź, acusado de lavado de dinero, asistencia para cometer delitos fiscales, participación en un grupo criminal organizado y obstrucción a la justicia. Esto era simplemente el resultado de la investigación que desde hacía cuatro años se estaba llevando a cabo en torno a las actividades mafiosas de Piero Pini y su familia. Un fiscal fue condenado tras quedar demostrado que había sido sobornado entre 2013 y 2015. De acuerdo a la Justicia polaca, el entramado mafioso, al que el gobierno original facilitó la entrada a Aragón, se sirvió de cuantos peones pudo para emitir facturas falsas, lavar dinero, cometer abuso laboral y, en este caso específico, también, obstruir la investigación. Por su parte, el gobierno socialista del ayuntamiento de Binéfar, supuestamente puso todas las trabas posibles a la investigación de la relación de uno de sus policías municipales con el grupo. En realidad la promotora de estos 25 proyectos es Litera Meat SLU, que gestiona dicho matadero en Binéfar, con 8 millones de cerdos sacrificados al año. Dicha empresa forma parte del grupo italiano Pini. Su máximo responsable, Piero Pini, ha estado acusado en numerosos escándalos de diversa índole: financieros por defraudar a la Hacienda pública de Polonia por más de 8 millones de euros, por agresión sexual, por sobornar a un abogado, o por vulnerar sistemáticamente los derechos de los trabajadores. A pesar de contar con semejantes credenciales tuvo la cooperación sumisa de las autoridades regionales y de todo tipo de facilidades. Instalaciones en zonas protegidas 24 de las 25 macrogranjas previstas se quieren asentar sobre zona de protección de aves, y dos directamente sobre zona ZEPA (zona de especial protección de aves) argumentando que tanto las explotaciones como el abonado de purines no son inconvenientes para las aves protegidas como el cernícalo común. Una también en el área del río Regallo y a 47 metros de Dominio Público Hidráulico. El proyecto es de tal envergadura que el mismo INAGA, solicitó un estudio de impacto ambiental conjunto que en realidad se limita a un sumatorio de las cantidades de los diferentes proyectos, pero dicho estudio no tiene absolutamente ninguna utilidad en cuanto que no aborda una evaluación ambiental estratégica y sigue permitiendo la tramitación de cada uno de los proyectos por separado. Apuntamos aquí las cifras. Según el documento presentado por la promotora, el impacto conjunto estimado de estas 25 macrogranjas sería el siguiente: Apuntar que estamos hablando de prácticamente medio millón de metros cúbicos de purines y 13.950 toneladas de CO2 equivalente, aparte de las 585 de amoníaco. No aparecen las emisiones tóxicas de SH2. Se trata de 25 macrogranjas de producción de lechones, cada una con capacidad para 2.620 cerdas madres con sus lechones hasta 20 kg, 540 reposición y 6 verracos. Individualmente cada macrogranja supone una carga ganadera de 863 UGM (unidades ganaderas mayores), que equivalen a una macrogranja de 7.200 cerdos de cebo, el máximo permitido. Por lo tanto el proyecto completo es equiparable en su impacto ambiental a 180.000 cerdos de cebo. Este proyecto supone de golpe un aumento del 2 % de la cabaña de Aragón (medida en UGMs), actualmente de 9.903.577 cabezas según el Ministerio de Agricultura. Se estima que de esas 25 instalaciones salgan anualmente 1.729.200 lechones para ser cebados en macrogranjas de engorde. Las 25 macrogranjas estarán ubicadas en siete municipios de Teruel (Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alloza, Andorra, Calanda, Castelnou e Híjar) y dos de Zaragoza (Almochuel y Sástago). La finalidad declarada por la empresa es abastecer el mercado interior de lechones tal y como reflejan las cifras. Si no en su totalidad, si en una elevada proporción. Es consciente del dominio de mercado que supone el controlar el suministro de lechones. Los conflictos con China por los coches eléctricos llevaron a este país a un contramovimiento plasmado en una investigación antidumping sobre la carne de cerdo española que resultó en aranceles de un 9,8 %, 18,6 % o un 19,8 % según empresas, en toda Europa. Y en los que que Litera Meat se vió favorecida, tal y como refleja en su propia página, de aranceles reducidos de un 4,9 %, el más bajo aplicado actualmente a empresas españolas y europeas del sector, un porcentaje muy inferior a las empresas que le siguen. Este resultado supone una mejora significativa respecto a la situación provisional comunicada en septiembre, cuando Litera Meat ya obtuvo un arancel del 15,6 %, 4,4 puntos por debajo del 20 % aplicado al resto de compañías españolas y muy alejado del gravamen impuesto a otras firmas europeas seleccionadas. Se desconocen los motivos reales de la aplicación de estos aranceles reducidos, pero de trasfondo se establece una fuerte alianza comercial y de exportación. Mediante el acuerdo con WH Group, la empresa líder del sector porcino en China y propietaria de Smithfield Foods, para la exportación a gran escala de productos porcinos. Estos acuerdos contemplan la exportación de miles de toneladas mensuales de carne, posicionando a China como un mercado estratégico clave para el grupo. El Grupo Pini cuenta con delegación comercial propia en China y participa activamente en ferias como SIAL China para fortalecer sus lazos comerciales en el país asiático. Mayor concentración Lo que sí está claro, es que esto supone un espaldarazo definitivo a la multinacional que la sitúa en una clara posición de ventaja en España. Todo ello a pesar de todos los estudios científicos y las voces que alertan de los problemas ambientales del sector del porcino: Cambio climático, sobreexplotación del agua**, contaminación de suelos y subsuelos, alto riesgo de zoonosis y pandemias, **reducción de la eficacia de los antibióticos y resistencia bacteriana, maltrato animal, desempleo y despoblación, pobreza y desigualdad, pérdida de biodiversidad e inseguridad alimentaria. Pues bien, a pesar de todo ello y por encima de escándalos, el sector, tal y como muestra el grupo Pini, evoluciona hacia escenarios de mayor concentración y tamaño. Los movimientos financieros se suceden con envergaduras cada vez mayores y las corporaciones tienen una capacidad de influencia en la política que les otorga casi un cheque ambiental en blanco. Cuando determinadas corporaciones adquieren tal tamaño y capacidad económica, los gobiernos, tanto regionales como estatales, se convierten en meros comparsas o recaderos. ¿Quién les pone ahora límites a pesar de sus efectos?","date":"2026-06-01","summary":"Todos los estudios científicos alertan de los graves problemas ambientales del sector del porcino, pero este sigue aumentado y concentrándose con un cambio de paradigma hacia el control de toda la cadena.","tags":["macrogranjas","porcino","agua"],"title":"La evolución del porcino en España, de las pequeñas granjas al modelo del grupo Pini","url":"/2026/06/la-evolucion-del-porcino-en-espana-de-las-pequenas-granjas-al-modelo-del-grupo-pini/"},{"authors":["pablo-manzano","kike-molina","raul-navarrete","alberto-martin-sanchez"],"categories":["opinion"],"content":"Este es el primer texto que se publica en la sección de debate de la revista Ecologista. Esta sección nace con el objetivo de abrir un espacio de encuentro para deliberar colectivamente sobre un tema específico. Frente a las dinámicas de división que impiden abordar los debates con el tiempo y el cuidado que merecen, debemos promover todo lo que hace posible la diversidad de perspectivas en el movimiento ecologista y en Ecologistas en Acción. No para evitar el conflicto, ni ocultar los desacuerdos, sino para reconocerlos y construir posiciones colectivas desde la pluralidad. Lejos de resolver los debates en falso, de manera superficial y provisional, debemos seguir construyendo mecanismos para avanzar y tomar decisiones estratégicas, sin que gane ni pierda nadie, haciendo que se ensanche y perdure la colaboración entre organizaciones, áreas y grupos que ya existe. La complejidad y la urgencia de la crisis ecológica y social en la que vivimos ponen de manifiesto la necesidad de alianzas amplias y heterogéneas que sean capaces de asumir sus contradicciones como una fortaleza política y no como una debilidad. Necesitamos seguir encontrando discursos, objetivos y prácticas comunes que nos ayuden a confiar en que la fricción entre posiciones diferentes, aunque pueda incomodar, nos fortalece. En este sentido, queremos poner en valor el esfuerzo de Ecologistas en Acción a todos los niveles y, en particular, la labor realizada por el grupo creado entre las áreas de Conservación de la Naturaleza y de Agroecología para llegar a un posicionamiento común. En los últimos meses, las dos áreas vienen trabajando conjuntamente desde enfoques distintos en relación a cómo gestionar los montes y reducir la devastación que en muchos casos generan los incendios forestales. Por un lado, hay quienes sostienen la necesidad de intervenir activamente en el territorio de forma ordenada para recuperar paisajes más heterogéneos y regular la acumulación de biomasa. Por otro lado, hay quienes defienden que reducir las igniciones de origen antrópico debe ser una prioridad que guíe la prevención de los incendios forestales, promoviendo en la gestión de los montes un enfoque diferenciado entre masas forestales artificializadas y naturales. Ofrecer argumentos en defensa de ambas posturas es lo que se introduce en esta sección, para informar e intentar alcanzar puntos de encuentro. La publicación de este texto pretende exponer lo que aporta cada visión, como un paso de un proceso mucho más largo que no cierra el debate, ni pretende hacerlo. Esperamos que sea el primer texto de muchos. El comportamiento actual de los incendios forestales es una de las expresiones más evidentes de la crisis ecosocial en la que vivimos. Cada año, especialmente aquellos en los que los incendios provocan pérdidas catastróficas, se reaviva el debate público sobre las causas de estos siniestros y las medidas que se deberían llevar a cabo. Habitualmente, el marco de este debate se centra en la inversión en prevención y extinción y en las medidas de gestión de la biomasa forestal. A menudo se simplifican de manera interesada los factores que influyen en los incendios y una parte de la opinión pública acusa al ecologismo de ser el responsable de los incendios forestales, debido a las supuestas políticas verdes que “impiden limpiar los montes”. Ante esta situación, es fundamental reflexionar sobre cómo intervenir en la discusión pública. Necesitamos criterios para entender los incendios y herramientas para afrontarlos, reconociendo su complejidad en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, caracterizado por la despoblación del medio rural, la pérdida del mosaico agrícola y el aumento de la superficie y densidad forestal de las últimas décadas. Entre 2015 y 2024, se ha producido una media de 8.199 siniestros cada año, unos 6.110 conatos (incendios de menos de una hectárea) y 3.061 incendios (de más de una hectárea). La superficie forestal afectada anual es de 105.614 hectáreas de media, lo que supone un 0.38% de la superficie total forestal. En lo que respecta a los Grandes Incendios Forestales, aquellos que afectan a una superficie de más de 500 hectáreas, se han producido 24 al año en promedio. El año 2025 ardieron 354.746,67 ha. un 1,3 % de la superficie forestal y hubo 63 incendios de más de 500 hectáreas. Aunque la distribución geográfica de los incendios varía cada año, existe una especial concentración en el noroeste de la península. En 2025 el 39,6 % de los siniestros y el 71 % de la superficie quemada estuvo concentrada en la zona comprendida por las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de León y Zamora. Esta divergencia entre el número de siniestros y superficie afectada fue debida a la ocurrencia de Grandes Incendios Forestales (GIF). Las condiciones atmosféricas son un factor determinante en el riesgo de incendios. En este sentido, el cambio climático supone un aumento en el riesgo de incendios ya que conlleva mayores temperaturas medias, y un aumento de la duración, intensidad y frecuencia de las olas de calor. Las altas temperaturas favorecen el inicio y la propagación del fuego, ya que la vegetación está más seca, contiene menos humedad y se vuelve fácilmente inflamable. Los incendios forestales y, en especial los que abarcan gran extensión, son en la actualidad un problema ambiental y social de primera magnitud que incide muy negativamente en el cambio climático, en la biodiversidad y en las comunidades locales12. Son eventos catastróficos que generan un impacto directo e inmediato por emisiones contaminantes, daños en la flora y en la fauna, provocando un fuerte estrés en el medio natural y, cada vez con más frecuencia e intensidad, en el medio rural, urbano y en la salud3. A largo plazo los efectos se pueden agravar por la incidencia en la pérdida de suelos, la regulación del ciclo del agua o la contaminación atmosférica. Se manifiestan como un factor que retroalimenta la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, las dos grandes crisis ambientales del momento45. En un escenario en el que la frecuencia e intensidad de los incendios supera con mucho las dinámicas naturales y el papel que juega el fuego en ciertos ecosistemas resulta necesario plantearse cómo reducir su número y paliar sus consecuencias6. Los incendios forestales, muy especialmente los de grandes dimensiones y los denominados de sexta generación, presentan unos patrones de causalidad y comportamiento que ayudan a explicar la problemática de fondo y, en consecuencia, a plantear las actuaciones para reducir los efectos ambientales y sociales. En promedio, apenas el 5 % de los incendios tiene su origen en causas naturales por la caída de rayos. Sin embargo, este porcentaje se está incrementando por la mayor frecuencia de tormentas secas, fenómenos extremos más recurrentes debido al cambio climático78. En el resto de situaciones el origen no es natural. El 95 % de las igniciones con causa conocida o supuesta tienen un origen antrópico, bien con intencionalidad o bien por accidente o negligencia9. El porcentaje de incendios causado por personas pirómanas con problemas psiquiátricos es residual. La mayor parte de los incendios de origen antrópico está asociada a prácticas tradicionales para la gestión de pastos o para cultivos10. La gestión ganadera o agrícola mediante el empleo del fuego no es conveniente ni necesaria11 y aunque sea controlada, es copartícipe de los impactos que generan los incendios, se aleja de los patrones naturales y ofrece una coartada a los incendiarios. Además, hay alternativas para gestionar los pastos sin fuego, como las técnicas regenerativas agroecológicas12. Las estadísticas oficiales también ponen de manifiesto que la mayor parte de las superficies que se incendian, principalmente aquellas que dan lugar a grandes incendios forestales, son las que presentan un tipo de vegetación marcada por la intervención humana. Bien sea porque corresponden con plantaciones de pinos (Figura 1) o eucaliptos, o bien con superficies de monte bajo y pastizales fruto de la gestión y el uso ganadero y agrícola1314. Hay zonas donde de forma natural proliferan algunas de estas especies inflamables, como en los pinares de la vertiente mediterránea y los de las Islas Canarias, pero la recurrencia de grandes incendios en esas zonas no hace sino confirmar la especial vulnerabilidad de ciertas especies e intervenciones. Por contra, aquellos incendios que afectan a formaciones de especies autóctonas de quercíneas y otras frondosas presentan una baja vulnerabilidad al fuego15 y una alta capacidad de regeneración natural. En los grandes incendios es frecuente observar cómo las llamas parecen esquivar estas formaciones por su resistencia natural, y cómo se recuperan con rapidez cuando las condiciones lo permiten (Figura 2). Para enfocar bien las actuaciones en esta materia es necesario diferenciar entre espacios fuertemente intervenidos por la acción humana y otros con alto grado de naturalidad. Entre los primeros se encuentran las extensas repoblaciones, plantaciones o zonas con especies inflamables, así como los matorrales y pastos fruto de un régimen de ganadería semi-extensiva. Entre los segundos están los ocupados por bosques y montes de carácter primario y secundario1617, así como los matorrales y pastizales naturales. Abordar la necesaria gestión de las formaciones forestales requiere por tanto un enfoque diferenciado. De un lado, en las zonas más artificializadas y vulnerables al fuego, la gestión ha de ser más intensa, guiada por una explotación coherente y posibilitando una mayor intervención para reducir los eventos más catastróficos, transitando a formaciones más resistentes al fuego cuando sea posible. Del otro lado, en zonas con valores naturales más relevantes o que ofrezcan servicios ambientales de calidad, la gestión debe estar orientada a la protección y restauración. Otra cuestión a destacar es la escasa eficacia en la prevención del delito y las infracciones administrativas por incendios forestales. Muchos factores confluyen en ello, pero es llamativo que estas actuaciones no acompañen al aparente reproche social y ambiental que generan los incendios. Si solo se logra identificar a la persona causante en un 17 % de los casos y solamente el 2 % de los presuntos culpables son llevados a juicio, se genera un clima de impunidad en absoluto deseable18. Desde el Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción planteamos las siguientes propuestas, conscientes de que cada territorio requerirá adaptaciones específicas y con un enfoque pluridisciplinar coherente con el ecologismo social: El cambio climático favorece incendios tan intensos que exceden la capacidad de extinción de cualquier equipo por muchos medios que tengan. Los grandes incendios forestales (GIF) son la expresión de profundos desajustes, de origen reciente, en los ecosistemas. Para entender por qué ocurren los GIF y diseñar medidas efectivas es necesario recurrir a la ecología evolutiva. La dinámica natural de los ecosistemas incluye perturbaciones, como la herbivoría y el fuego, de mayor o menor frecuencia e intensidad, que resultan fundamentales para reducir la competencia y mantener la biodiversidad1920. Fuera de los bosques húmedos, los herbívoros y el fuego a menudo son fundamentales para mantener la salud ecosistémica21. Esta observación se explica por el diferente papel que estas perturbaciones han tenido en la historia evolutiva de los paisajes: no se trata de adoptar una postura anti-bosque cerrado, sino de matizar dónde son naturales formaciones más en mosaico o abiertas (con estructura equivalente a una sabana o una dehesa), y dónde más cerradas (con estructura equivalente a una selva tropical). En islas donde nunca hubo grandes herbívoros silvestres, como Canarias, las formaciones boscosas cerradas propias de zonas no muy lluviosas de laurisilva y bosque termófilo son muy sensibles a los herbívoros introducidos. No sorprende que tales bosques maduros creen microclimas donde el fuego se propaga peor que en zonas perturbadas, pues el dosel arbóreo se cierra y la humedad ambiental aumenta22. Los ecosistemas continentales, sin embargo, sí han tenido presencia sostenida de megaherbívoros en los últimos 15 millones de años, lo cual ha forzado adaptaciones para protegerse, como hojas pequeñas y espinas, que provocan una peor retención de la humedad en el dosel y las hacen más inflamables, generalizándose el fuego en todo este periodo23. Tales adaptaciones desembocan en que la germinación y floración en estos ecosistemas dependan del fuego y de los animales. Sin embargo, aunque abiertos24, no son paisajes completamente dominados por herbáceas: mantienen muchos rodales de bosque en pendientes y también arbolado disperso en llanuras, como aún hoy podemos comprobar en la sabana africana que todavía alberga megafauna. Es un mosaico natural. En términos geológicos la extinción de la megafauna es muy reciente, con elefantes, rinocerontes e hipopótamos desapareciendo de Eurasia hace 40.000 años, y équidos y grandes bóvidos extinguiéndose funcionalmente de nuestros paisajes hace pocos miles de años. Ha sido una extinción selectiva, principalmente de pastadores, que fisiológicamente funcionan como una aspiradora de hierba25, y también proboscídeos cuya función desbrozadora se conoce26. Pero tales extinciones no han provocado cambios drásticos en los ecosistemas. Las quemas intencionales de indígenas cazadores-recolectores, registradas en tiempos históricos y contemporáneos para nativos americanos y aborígenes australianos (estos últimos sustituyendo a los gigantescos diprotodontes) han cumplido tradicionalmente la función de desbrozado, regenerando pasto27, que a su vez mantiene mayores poblaciones de herbívoros. Los indígenas manejaban así el paisaje para que produjera menos madera y más celulosa de la que se alimentaban sus presas28. Los pastores, considerados también pueblos indígenas en gran parte del mundo, ecológicamente han sustituido a menudo a cazadores-recolectores. Con prácticas adecuadas, replican el mosaico natural del que hablábamos más arriba, pero mantenido por actividades humanas. Por esa intervención humana son paisajes “seminaturales”, pese a que las semejanzas estructurales y de biodiversidad con ecosistemas abiertos naturales son más que evidentes. Pero históricamente no siempre se ha mantenido este equilibrio. A partir del proceso globalizador de la Edad Moderna, la construcción de navíos, las desamortizaciones, y el incremento demográfico rural que alcanzan su pico en el S. XIX hicieron retroceder las superficies arboladas a su mínimo histórico, ciertamente por debajo de su abundancia natural. Tal deterioro ambiental, al que se sumó la conversión de pastos en cultivos, sin duda influyó en los primeros movimientos culturales para recuperar la naturaleza29. La aparición de los combustibles fósiles y la comodificación de la energía condujeron a prescindir de la madera como fuente energética. Para calentarse o cocinar, las sociedades en el norte global ya no dependían de los recursos locales de biomasa. Los mismos combustibles fósiles usados para maquinaria, los fertilizantes minerales con cuya energía se producen, y la comodificación de los piensos para el ganado, que se producen en un lado del mundo para ser consumidos en el opuesto, hicieron abandonar masivamente la ganadería extensiva y sustituirla por la industrial30. Las políticas de desarrollo económico buscaron activamente vaciar el mundo rural y promover el éxodo a las ciudades para alimentar los sectores industriales y de servicios que necesitaban de ingente mano de obra; un proceso que ahora se traslada a las ciudades medianas31. La cultura urbana resultante se desconectó de las realidades de la cultura campesina y provocó la llamada “paradoja de la extinción”32: la implantación durante años de políticas de supresión sistemática de todos los incendios (incluidos los que estaban dentro de regímenes sostenibles) ha contribuido a la acumulación artificial de biomasa vegetal, al desajustar los regímenes históricos de perturbaciones y, en último término, precipitar la llegada de incendios insostenibles. El abandono rural y la consecuente acumulación de biomasa crearon la escalada de las tres primeras generaciones de incendios, es decir, el cambio en el comportamiento de los incendios33. El urbanismo disperso ha amplificado la superficie de contacto entre las zonas habitadas y forestales, aumentando el riesgo humano y material derivado de los incendios y acarreando un problema de Protección Civil. Finalmente, el cambio climático favorece incendios tan intensos que exceden la capacidad de extinción de cualquier equipo por muchos medios que tengan. Todo ello ha facilitado la continuación de la escalada hacia incendios de 4ª, 5ª y 6ª generación34 nada naturales, de altas temperaturas que penetran muy profundamente en el suelo y con inmensas áreas afectadas35. Desde esta perspectiva, el objetivo no debe de ser eliminar los incendios por completo, sino recuperar regímenes de perturbaciones sostenibles, es decir, aquéllos que continúan con las condiciones que han dado forma a los ecosistemas en los últimos millones de años. El objetivo debe ser recuperar paisajes en mosaico (tanto naturales como seminaturales), combinando espacios abiertos, arbustivos y arbolados, reduciendo la intensidad de los posibles incendios y favoreciendo la biodiversidad. Para ello hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: Figura 4: Quema prescrita dentro del programa “Fire Forward” (Healdsburg, CA, 2022). Fuente: Kathleen Uyttewaal. Este paradigma no se debe instrumentalizar para uso masivo e industrial de la biomasa en proyectos extractivistas que utilizan los incendios como excusa. Las narrativas tóxicas que culpan a los ecologistas de “no permitir que se limpie el monte” no tienen sentido. No sólo es muy optimista asumir que la presión ecologista tiene tal influencia; también, el origen y continuación de esta situación reside claramente en la globalización que comenzó hace siglos y que ha progresado con la industrialización, que ha alcanzado al sistema alimentario de lleno con la pérdida de paisajes seminaturales, con alto valor ecológico y grandes servicios ambientales. Podemos revertir el problema cambiando el rumbo hacia sistemas de producción agroecológicos36 que recuperen el valor de todo lo que nuestros antepasados hacían bien. Todas estas cuestiones se tratan con mucho mayor detalle en el documento de debate “Por un ecologismo del fuego”37.","date":"2026-06-01","summary":"El cambio climático favorece incendios tan intensos que exceden la capacidad de extinción de cualquier equipo por muchos medios que tengan.","tags":["incendios","montes","debate ecologista"],"title":"Conversaciones sobre el fuego","url":"/2026/06/conversaciones-sobre-el-fuego/"},{"authors":["maureen-zelaya","pedro-ramiro"],"categories":["internacional"],"content":"En un contexto global marcado por la expansión del extractivismo neocolonial, el agravamiento de la emergencia climática y la profundización de la crisis socioecológica, se vuelve más urgente que nunca fortalecer los espacios de articulación entre las organizaciones, comunidades y pueblos que enfrentan la depredación capitalista. En este marco, la red internacional Pueblos contra el Extractivismo, cuyo lanzamiento se produjo en Belém (Brasil) en noviembre del año pasado, se ha configurado como un espacio vivo de articulación, resistencia y construcción colectiva, que agrupa diversas luchas sociales frente al despojo territorial. Del 13 al 15 de mayo, en Bruselas, se ha llevado a cabo el segundo encuentro internacional de Pueblos contra el Extractivismo. En la capital europea nos hemos reunido una veintena de organizaciones de América Latina y Europa para fortalecer la coordinación y las líneas de acción política y social para los tiempos que vienen. Ante la ofensiva extractivista y el expolio de los territorios en busca de recursos minero-energéticos —especialmente en las periferias, pero también en los centros del planeta—, lo que se trata es de articular a nivel internacional las luchas comunitarias y populares que ya están en marcha para confrontar el avance del capitalismo verde militar. Consenso verde militar En esta nueva fase de acumulación capitalista se impone aún con más fuerza el saqueo de los pueblos y sus territorios, esta vez con la justificación de la transición energética y la digitalización. La necesidad de asegurar el suministro de las materias primas fundamentales para los nuevos nichos de negocio verdes y digitales, sumado a los requerimientos de minerales críticos para el complejo industrial-militar, ha llevado a los grandes poderes económico-financieros a redoblar la apuesta por el extractivismo. En el capitalismo verde oliva y digital, la Unión Europea, Estados Unidos y China compiten por el control de los minerales fundamentales para el sostenimiento del metabolismo económico del centro capitalista. Este renovado paradigma capitalista, por una parte, reduce la complejidad de la transición ecosocial solo a la modificación de la matriz energética y, por otra, esconde quiénes pagarán sus costes para que las mencionadas potencias avancen hacia la descarbonización. Para ello, necesitan crear nuevas zonas de sacrificio en las periferias, reproduciendo las lógicas históricas del colonialismo extractivista tradicional, aunque ahora revestidas de un discurso de sostenibilidad y greenwashing. Todo sin cuestionar la lógica del mercado, la estructura de propiedad, el crecimiento económico ilimitado y otras dinámicas que están en la raíz de la crisis socioecológica. Por el contrario, el consenso verde militar refuerza la relación mercantilista y especulativa con la naturaleza, al mismo tiempo que desplaza los efectos nocivos del extractivismo y la crisis ecológica hacia otros territorios. En consecuencia, determinados pueblos y comunidades siguen asumiendo los impactos sociales, ambientales y laborales de este modelo, mientras los beneficios se siguen concentrando en muy pocas manos. Se mantiene, por tanto, una lógica de despojo y desigualdad en la que algunos territorios son considerados prescindibles para sostener un supuesto bien mayor, del cual las poblaciones y territorios afectados en ningún caso se beneficiarán. En esta carrera acelerada por asegurar el acceso a las materias primas críticas, que garantiza un cambio tecnológico pero no supone ningún avance real en la transición ecosocial, la minería se erige actualmente como la expresión más violenta del extractivismo. Pero la ofensiva extractivista no se queda solo ahí, abarca también otros muchos sectores económicos: hidrocarburos, agronegocio, turismo, agua, entre otros. Esta ofensiva extractivista conlleva, además del saqueo sistemático de los territorios y bienes comunes, la imposición de formas de dominación que incluyen la violencia, la criminalización de la protesta y el desplazamiento forzado, hasta el asesinato de defensores de los bienes comunes. Los territorios se convierten así en escenarios de conflicto, en los que los intereses económicos de las élites político-empresariales buscan imponerse sobre los derechos de los pueblos, afectando gravemente a las comunidades campesinas, indígenas y populares que históricamente han habitado, cuidado y defendido estos espacios. En este contexto resurge la necesidad de fortalecer las propuestas de internacionalismo ecoterritorial, con el horizonte de articular resistencias y construir alternativas desde la diversidad de los pueblos que buscan construir otras lógicas de vida más allá de la maximización de los beneficios empresariales. Pueblos contra el Extractivismo se construye como un espacio que reconoce la pluralidad de identidades, saberes y formas de organización, que apuesta por la unidad en la diversidad para enfrentar un enemigo común que tiene como objetivo la destrucción de los territorios. Articulación de luchas Pueblos contra el Extractivismo nace de la sencilla constatación de que en lugares muy distintos del planeta se repite el mismo modus operandi: comunidades rurales, periféricas, indígenas, campesinas, afrodescendientes y populares se enfrentan a los mismos proyectos mineros, energéticos o agroindustriales, muchas veces impulsados por las mismas empresas transnacionales, y sin embargo esas luchas suelen estar aisladas entre sí. Sus objetivos políticos parten de una comprensión global del extractivismo, reforzada actualmente tanto por los requerimientos materiales de la transición energética como por la renovada ofensiva imperialista fósil, y analizando cómo sus efectos se visibilizan en los territorios, amenazan a los pueblos y todas las formas de vida, humana y no humana. Con esta federación de luchas se trata de denunciar las dinámicas impulsadas por las grandes empresas y fondos de inversión transnacionales, así como a los Estados que las apoyan. Pero esta articulación se levanta, sobre todo, como una defensa activa de la vida, de la memoria, de los ecosistemas y del derecho fundamental a habitar un mundo justo y digno. Esta es una lucha que no solo tiene que ver con las personas que habitan los territorios más directamente afectados, sino que interpela a todas las sociedades porque lo que está en juego es el futuro de la vida en el planeta. Los encuentros anuales de la red internacional Pueblos contra el Extractivismo se plantean como un espacio fundamental de convergencia política y organizativa, de diálogo, articulación y acción colectiva, orientado a fortalecer la organización de los pueblos, profundizar la solidaridad internacionalista y construir propuestas desde los sectores históricamente excluidos. Además de analizar las problemáticas comunes, se trata de proyectar horizontes de transformación en los que las voces de los pueblos sean protagonistas en la definición de otros modelos de economía y sociedad. Una apuesta por seguir tejiendo organización popular y alternativas desde abajo. El encuentro de Bruselas, como sucedió en Belém (noviembre 2025) y tendrá lugar en los futuros encuentros, tuvo carácter formativo. Por un lado, se abordaron los contextos de los países de las organizaciones participantes: los desafíos frente a la nueva ola reaccionaria y gobiernos de extrema derecha (casos de Ecuador, Argentina, Turquía), así como los límites, contradicciones y retos de los progresismos (México, Colombia y el Estado español), poniendo de relieve la complejidad del escenario político internacional actual y las tensiones capitalistas que la democracia liberal no puede resolver. Por otra parte, se habilitó un espacio de análisis crítico y discusión colectiva para profundizar en la comprensión del extractivismo, sus impactos en la construcción de alternativas, posibilitando herramientas para la acción en los respectivos territorios. También fue movilizador, vinculándose con las realidades locales de las organizaciones participantes e impulsando acciones concretas de incidencia, denuncia y resistencia, proyectándose hacia los territorios y fortaleciendo las luchas en curso. E igualmente tuvo un carácter articulador, orientado a consolidar las alianzas solidarias e internacionalistas entre las organizaciones comunitarias y las luchas populares. Una amplia diversidad de procesos de lucha comunitaria y popular estuvieron representados en este segundo encuentro de Pueblos contra el Extractivismo. De Colombia, las luchas en defensa del agua y la tierra, en resistencia frente a la megaminería y en contra del fracking, a través del Congreso de los Pueblos. De Ecuador, las movilizaciones populares que han logrado parar megaproyectos, fortalecer las guardias indígenas y articularse contra la minería en torno al Frente Nacional Antiminero (FNA). De México, las experiencias de lucha frente a la expansión de megaproyectos como los del Tren Maya o el corredor del istmo de Tehuantepec, con la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI). De Argentina, las luchas populares antiextractivistas ante el proceso de reprimarización de la economía, al igual que la defensa de los glaciares frente a la explotación minera y la disputa por las semillas y contra la apropiación de la tierra, con la participación de Marabunta-Tierra para Vivir. De Turquía, frente a los miles de proyectos mineros que están en marcha y resistiendo la fuerte criminalización de las activistas que se oponen a la megaminería, con Polen Ecology. Del Estado español, con Ecologistas en Acción y otros colectivos organizados vinculados a través de plataformas y redes comunes, enfrentando el boom minero que se ilustra, por ejemplo, con la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que está movilizando a muy diferentes sectores (pescadores, comerciantes, turismo gastronómico) para evitar la contaminación del río Guadalquivir. En Portugal, mediante la articulación de las luchas sociales contra la mina de Covas do Barroso, que alberga las mayores reservas de litio en Europa y una empresa canadiense quiere empezar a explotar el año que viene. Internacionalismo ecoterritorial Los pueblos y las comunidades no pueden seguir esperando la buena voluntad de los gobiernos que promueven y defienden un sistema que sólo reinventa la fiebre extractivista. Al contrario: se trata de cuestionar la transición verde militar y desmontar el modelo de desarrollo erigido sobre la expansión global de las zonas de sacrificio, tanto en las periferias y semiperiferias como en los centros del planeta, construyendo alternativas que disputen las narrativas del progresismo capitalista y confronten a la extrema derecha. Frente al despojo de los territorios, la militarización y la impunidad empresarial, esta red internacionalista se propone fortalecer la defensa del territorio como cuerpo vivo, porque el territorio no es un recurso: es la base material de la vida de las comunidades y la naturaleza que la habita y, en los casos de los pueblos originarios, la base espiritual de la vida. También el derecho a la resistencia, la autodefensa y a la autodeterminación de los pueblos, como pilares de la justicia ambiental y social. Y la construcción de alternativas comunitarias, como economías solidarias, autogobiernos, redes feministas y agroecológicas y otras muchas prácticas que promueven las organizaciones de base. La lucha ha de comenzar desde el fortalecimiento de las organizaciones locales y nacionales, reforzando su autonomía, su capacidad de decisión y su vínculo con las bases comunitarias. Solo desde esa raíz podremos construir una verdadera articulación internacional de los pueblos que enfrente al modelo extractivista y colonial impuesto por las grandes corporaciones y gobiernos serviles. Esta articulación debe ser capaz de unir luchas que hoy se desarrollan aisladas, y convertirlas en una fuerza global por la vida, la justicia y la soberanía de los pueblos. La solidaridad tiene que materializarse en acciones concretas que trasciendan los discursos. La cooperación solidaria entre pueblos es una herramienta poderosa para sostener las luchas locales con una perspectiva global. Un mapeo de las empresas extractivas presentes en los territorios, una campaña internacional específica contra una transnacional, unas brigadas que apoyen sobre el terreno a las organizaciones populares que están siendo criminalizadas por su oposición al avance de la frontera extractiva; estas son algunas de las líneas de trabajo que se acordaron en el encuentro y que se irán desarrollando en los próximos tiempos. Pueblos contra el Extractivismo abre un horizonte de internacionalismo popular que va más allá de los marcos estatales y de las cumbres climáticas secuestradas por los *lobbies *corporativos. Interpela además, a repensar las transiciones ecosociales desde una perspectiva territorial, popular, ecofeminista y de justicia integral. En lugar de limitar la transición a un mero cambio tecnológico o energético, se propone fortalecer alternativas ya existentes basadas en la soberanía alimentaria, la energía comunitaria, las economías solidarias, el cuidado de los bienes comunes y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, cuestionando los patrones de producción, consumo y poder que sostienen las desigualdades actuales.","date":"2026-06-01","summary":"A mediados de mayo se celebró en Bruselas el segundo encuentro internacional de Pueblos contra el Extractivismo. Una red internacional cuyo lanzamiento se produjo en Belém (Brasil) en noviembre del año pasado y que se ha constituido como un espacio vivo de articulación, resistencia y construcción colectiva.","tags":["extractivismo","justicia global","resistencias"],"title":"Pueblos contra el extractivismo: Nuestros territorios no se negocian","url":"/2026/06/pueblos-contra-el-extractivismo-nuestros-territorios-no-se-negocian/"},{"authors":["erika-gonzalez"],"categories":["opinion"],"content":"En 2026 la Comisión Europea “revisará” la Directiva Marco de Agua (DMA) y no será para mejorarla. De hecho, una tarea pendiente es reducir sus debilidades, que las tiene. Entre otras, no fija caudales ecológicos de los ríos y permite excepciones “de interés público superior” por las que se han colado proyectos que han causado la pérdida de valles, ríos, acuíferos y fuentes naturales. Sin embargo, tal y como está, se ha utilizado en numerosas alegaciones, recursos judiciales y reuniones con la administración pública para frenar normas, planes y proyectos que suponían la destrucción ambiental. ¿Por qué la UE quiere debilitar la DMA? Porque la prioridad que supedita el resto de políticas en la UE siempre ha sido la competitividad de las corporaciones europeas y el crecimiento económico. En el contexto actual eso significa que ciertas normativas ambientales son una molestia. Ya en nuestra campaña “La UE no es como la pintan”2 se denunciaba la centralidad del proyecto neoliberal, con su énfasis en el crecimiento económico y la rentabilidad empresarial. Una buena muestra de ello han sido el Tratado de Maastricht, el de Lisboa, los acuerdos comerciales neocoloniales (de “libre comercio”), el austericidio de la troika en la crisis financiera de 2008 y las políticas migratorias. Hasta ahora, esta lógica ha convivido con la aprobación de legislación con la que intentar limitar parte de los daños socioecológicos, este sería el caso de la DMA, la Directiva Hábitats y la Directiva de Aves. En el Pacto Verde Europeo, que marcó la anterior legislatura de la Comisión Europea, se pudo aprovechar la retórica ambiental para incorporar, con un trabajo enorme de organizaciones sociales, ecologistas y parte de la academia, normativas como el Reglamento de restauración de la naturaleza o la Directiva contra la deforestación importada. Pero el escenario geopolítico cambió con la invasión de Ucrania por Rusia y con el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Hachazos de la UE Las crecientes tensiones comerciales, militares y aquellas relacionadas con el acceso a materiales y energía fundamentales para el metabolismo económico ha sido respondida por la UE con un cambio de estrategia. La Agenda Estratégica 2024-2029 sitúa entre las prioridades, además de la perenne competitividad, la seguridad y la defensa. El discurso verde ha dejado de ser competitivo. La forma de conseguir sus objetivos pasan por lo que llaman “revolución de la simplificación”.3 Se presenta de forma genérica como la reducción drástica de las cargas administrativas y reglamentarias a las empresas y se concreta en los paquetes ómnibus que presentan múltiples cambios en las directivas europeas. En realidad se trata de una serie de hachazos a las leyes que protegen la biodiversidad, el clima y la salud de las personas mediante un procedimiento más rápido y con menor participación ciudadana que los que requirieron las leyes originales. La Comisión Europea ha propuesto 10 paquetes ómnibus en 2025 y la intención de avanzar con más modificaciones en este año. Algunos de ellos son especialmente dañinos como se ve a continuación: Es paradigmático cómo se dilatan los tiempos durante años cuando hay que aprobar una normativa que ayuda a frenar la crisis ecológica y en un solo año se ha presentado y se están poniendo en marcha multitud de cambios en numerosas leyes para la competitividad de las empresas europeas. Algo que ya ocurrió con la aprobación del Reglamento de materias primas fundamentales que impulsa la minería dentro y fuera de las fronteras europeas: se consiguió su aprobación en un tiempo récord. Pasos para debilitar la protección de un bien común En septiembre de 2025, la Presidencia del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional para introducir varios cambios en la DMA. Actualizar la lista de contaminantes fue uno de ellos. Recientemente se ha traducido en la Directiva 2026/805 que contempla el seguimiento de un mayor número de productos farmacéuticos, plaguicidas, los bisfenoles y las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). Pero, por otro lado, no es hasta 2039 cuando los Estados tienen que cumplir con esta normativa.4 Otro acuerdo político al que se llegó fue modificar el principio de no deterioro de los ecosistemas acuáticos introduciendo dos excepciones más: que se permita el deterioro temporal a corto plazo y que puedan darse casos en los que la contaminación se desplaza sin aumentar la carga global.5 La traducción del lenguaje técnico es que pueda existir legalmente mayores niveles de contaminación. El acuerdo político pasó a formar parte del paquete ómnibus ambiental que se publicó en diciembre del año pasado. En él directamente se relacionan las excepciones con la necesidad de incrementar la minería dentro de la UE. Según la Comisión Europea hay que “Afrontar retos específicos en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, teniendo en cuenta los objetivos del plan de acción REsourceEU para impulsar la autonomía estratégica de Europa y reducir la dependencia de las importaciones de materiales fundamentales”. Dicho de forma más sencilla, hay que asegurar el acceso a los minerales críticos que demanda la digitalización, la producción de armamento, las baterías y diferentes piezas de la producción de energía renovable. Los plazos marcados por la UE apuntan al segundo semestre de 2026 como el momento en el que se presentarán los cambios propuestos. Para concretar qué recortes se va a hacer a la DMA se lanzó una consulta pública en la que la UE invitaba especialmente al “sector de las materias primas fundamentales a que aporten pruebas de los cuellos de botella y problemas específicos en la autorización de proyectos de estas materias derivados de la Directiva marco sobre el agua, y a que indiquen posibles ámbitos de simplificación”. Queda muy claro, entonces, por dónde van a ir los cambios. La alarma sobre el debilitamiento de la DMA ha hecho que organizaciones y redes para la defensa de los ecosistemas acuáticos y el derecho humano al agua se hayan articulado en una campaña que ha creado el manifiesto “La reforma de la Directiva Marco del Agua rebaja la protección del agua en Europa y pone en riesgo la salud y el futuro”. El documento ha sido firmado por más de 250 entidades ecologistas, sociales, sindicales, políticas y académicas y fue presentado en el Congreso el pasado 20 de abril. En el manifiesto se señala cómo se han saltado los procedimientos acordados de revisión de la directiva y cómo la “flexibilización” va a incrementar el riesgo de contaminación, deterioro ecológico y afección a la salud de la ciudadanía. Esta fuerza colectiva va a seguir trabajando para la defensa y protección de los ríos, acuíferos y humedales que garantizan la disponibilidad de un bien básico para la vida. Notas y bibliografía 1 Comisión Europea, “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 10 de diciembre de 2025. 2 “La UE no es como la pintan” fue una campaña impulsada por Ecologistas en Acción junto con otras organizaciones en 2023, para más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/295151/campana-la-union-europea-no-es-como-la-pintan/ 3 Consejo Europeo, “Declaración de Budapest sobre el Nuevo Pacto para la Competitividad Europea”, 8 de noviembre de 2024. 4 La obligación de cumplir se lleva a 2033 en el caso de las sustancias con normas de calidad medioambiental revisadas y más estrictas en las aguas superficiales. 5 Consejo de la UE, “Contaminación del agua: el Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo provisional para actualizar la lista de sustancias prioritarias en las aguas superficiales y subterráneas”, 23 de septiembre de 2025.","date":"2026-06-01","summary":"La Directiva Marco del Agua (DMA) puede dejar de ser una normativa útil para la protección de los ríos, los acuíferos y los humedales en poco tiempo. La Comisión Europea anunció en diciembre del año pasado su plan para debilitar el principio de no deterioro de los ecosistemas. En un contexto de emergencia climática y sobreexplotación de los ecosistemas, cuando más se necesita una mayor protección ambiental, la UE camina en el sentido contrario.","tags":["agua","europa","normativa ambiental"],"title":"La revisión de la Directiva Marco de Agua: pasos atrás en la protección de un bien esencial","url":"/2026/06/la-revision-de-la-directiva-marco-de-agua-pasos-atras-en-la-proteccion-de-un-bien-esencial/"},{"authors":["soledad-montero","sofia-fernandez","marina-gross"],"categories":["reportajes"],"content":"Como cada año, del 17 al 23 de febrero, celebramos la Semana Europea de lucha contra la pobreza energética, aunque sea algo que tenga poco que celebrar, la verdad. Este año nos ha pillado con muchas luchas y pocas fuerzas en Ecologistas y no hemos podido desarrollar mucha actividad al respecto. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sí que lo ha celebrado y nos sorprendió justo al comienzo de la semana, convocándonos el mismo día 17 como parte de la Mesa Social de Pobreza Energética para hacernos la presentación de la actualización de la Estrategia Nacional de la Pobreza Energética, ENPE 2026-2030, que llevaba más de un año de retraso en su publicación. ¿Y qué novedades incorpora la nueva ENPE? 1º.- En el primer eje se establece como medida estrella la creación de un Observatorio sobre Pobreza Energética, para monitorizar y actualizar los datos que sirvan de apoyo para dirigir las medidas hacia aquello que mejor funcione. 2º.- El segundo eje se focaliza en la protección de las personas consumidoras, por medio de cuatro medidas, que han sido incluidas en el recientemente aprobado Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. En relación con el corte de suministros, y para dar cumplimiento a la Directiva del mercado de la electricidad de la Unión Europea, que establece la obligación de los Estados miembro de protección ante las desconexiones de forma fija, este nuevo reglamento recoge, en su artículo 53, la imposibilidad de corte a los suministros declarados esenciales y reconoce a las comunidades autónomas y entidades locales su competencia para declarar como esenciales a los hogares en situación de vulnerabilidad severa, por motivos de renta u otras circunstancias especiales. Tiene sentido que sean las comunidades autónomas quienes asuman esta responsabilidad, ya que las competencias están transferidas, por lo que será más eficaz. Además, Red Eléctrica (REE), como gestor de la red de transporte deberá enviar trimestralmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), información sobre el número de cortes de suministro y sus motivos, lo que permitirá evaluar mejor las situaciones de pobreza energética. 3º.- El tercer eje se centra en mejoras estructurales orientadas a reducir las necesidades energéticas de los consumidores vulnerables y, por tanto, la pobreza energética en general (actuaciones de rehabilitación exprés relacionadas con el Plan Social para el Clima, en proceso aún de redacción). 4º.- El cuarto y último eje se dedica a la coordinación interadministrativa y a la formación de la Red Actúa, una red de oficinas a nivel local de apoyo, formación e información. ¿Y qué se ha quedado fuera? Pues han sido dos de tres, porque de las tres medidas principales que llevamos años reclamando, sólo la prohibición de cortes de suministro a consumidores vulnerables ha sido implementada en el Reglamento. Las otras dos medidas, la automatización de la concesión del bono social y la implementación de una tarifa social que evite el asistencialismo del descuento por bono social ni están ni se las espera. El Ministerio argumenta que la barrera para la automatización o concesión de oficio del bono social es la protección de datos, y que trabaja para adaptar el bono social eléctrico a la normativa nacional y europea en materia de protección de datos. Desigualdades territoriales en la protección frente a cortes de suministro Existen grandes desigualdades entre comunidades autónomas en cuanto a la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad severa frente a los cortes de suministros por impago, según los datos del MITERD a diciembre de 2025. De los 7.760 beneficiarios totales del bono social reconocidos como vulnerables severos en riesgo de exclusión social y que, por lo tanto, están siendo atendidos por los servicios sociales autonómicos o locales, que pagan el 50% de sus facturas, la mayoría, 6.310 hogares están en Extremadura, 774 en Galicia, 362 en Andalucía (333 de Málaga). En La Rioja, Ceuta y Melilla no se registra ninguno. Es sorprendente que haya comunidades autónomas que no tengan ni un solo hogar reconocido como vulnerable severo. ¿Significa esto que no existen? No. Significa que no se están detectando, no se está atendiendo o no se está declarando. Y eso es una forma de invisibilizar el problema. ¿Se está trasladando la responsabilidad de esta atención a la capacidad de los servicios sociales correspondientes? La tarifa social que reclamamos superaría el concepto de descuento por bono social y aplicaría directamente un precio proporcional al nivel de ingresos de la persona beneficiaria. Pero estamos lejos de conseguir esta medida en un contexto de mercado único europeo que se dirige hacia la libre competencia y que considera incluso nuestra tarifa PVPC del mercado regulado como intervención del Estado, cuando es una protección al consumidor frente a abusos y malas prácticas comerciales de las compañías. Llevamos muchos años pidiendo medidas estructurales profundas y definitivas para acabar con el problema de la pobreza energética. El resto son meros parches que solo alivian algunas situaciones y mantienen el lucro indecente de las grandes compañías energéticas.","date":"2026-06-01","summary":"Según datos del INE y del Ministerio de Vivienda, en España hay 19,2 millones de viviendas, de las cuales 4.850.359 (el 25,16 %) se encuentran en situación de vulnerabilidad, con ingresos netos mensuales inferiores a 1.500 euros. Sin embargo, los beneficiarios del bono social en diciembre de 2025 eran solo 1.725.902 hogares. Apenas el 8,98% del conjunto de hogares españoles recibe esta ayuda.","tags":["energia","pobreza energetica","derechos sociales"],"title":"El estado de la pobreza energética en 2026","url":"/2026/06/el-estado-de-la-pobreza-energetica-en-2026/"},{"authors":["inmaculada-carrasco-garcia"],"categories":["local"],"content":"Desde temprano comienza el trasiego de camiones portando residuos desde alguno de los 71 municipios que componen la Mancomunidad del Sur, organismo creado en 2013 cuando el gobierno regional se desentendió, a golpe de decreto, de un asunto que venía siendo competencia autonómica. Para cuando finalice la recogida y depósito en el vertedero, que abarca ya terrenos de Pinto y Getafe, más de 3.800 kilómetros cuadrados habrán sido recorridos por cientos de camiones, transportando los residuos de municipios alejados hasta en más de 80 km, incluyendo los de todas las grandes ciudades que componen el cinturón metropolitano sur de la región. Este proceso se repite diariamente desde hace cuarenta años. El vertedero de Pinto y Getafe se inauguró en 1986 y recibe los residuos de dos millones de personas, 800.000 toneladas anuales, de las que cerca de la mitad son depositadas sin tratamiento previo alguno, provocando acumulaciones ingentes de materia orgánica mezclada con todo tipo de materiales, imposible de ser separada y tratada adecuadamente, por lo que acaba formando parte del paisaje del Parque Regional del Sureste, donde paradójicamente se ubica la instalación. La destrucción sistemática del entorno está comprometiendo el futuro del único espacio natural protegido del sur de la Comunidad de Madrid. Perjuicios para la salud y el medio natural El vertedero se encuentra a escasos kilómetros de zonas residenciales que sufren episodios de malos olores, especialmente en verano, debido a las emisiones de gases como el amoniaco y los sulfuros, sin embargo, otros perjuicios menos visibles, pero más perniciosos para la salud de las personas y el medio ambiente, tienen que ver con las emisiones de metano. Las originadas que en los dos vertederos del sur de Madrid, Valdemingómez y Pinto-Getafe, son de proporciones tan elevadas que han sido observadas y registradas en diversas ocasiones desde el espacio. La más grave tuvo lugar en agosto de 2021, con emisiones de hasta 8.800 kg./hora, reportadas por el satélite Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea. El metano no solo es precursor del ozono troposférico, bastante tóxico para personas, animales y vegetación, sino un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. España emitió durante 2023, 40.773,5 kilotoneladas de CO₂-eq en forma de metano, un 18,62% del total, de las que los residuos suponen un 31,65 por cien, la mayor parte procedente de vertederos, hasta un 26 por ciento. Nuevas ampliaciones a la vista El vertedero de Pinto-Getafe ha sufrido diferentes ampliaciones y recrecidos que teóricamente cesarían en 2025, año en el que estaba prevista la clausura de la instalación. Sin embargo, en 2024 se aprobó una nueva ampliación impulsada por la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario del Partido Popular que. Aprovechando la tramitación en la Asamblea de Madrid del Proyecto de Ley de Economía Circular, presentó y aprobó una serie de enmiendas que reducían la protección de los terrenos colindantes al vertedero. La medida afectó a 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste, en terrenos pertenecientes al término municipal de San Martín de la Vega. Desde las 45 hectáreas que ocupaba el vertedero en su primera fase, sucesivas ampliaciones han conducido hasta las 148 hectáreas actuales, que lo sitúan ya como uno de los más grandes de Europa. Si se suman las 80 hectáreas de ampliación prevista, lo que se ha denominado como Fase V, verá prácticamente duplicada su extensión con 228 hectáreas. Alcanzaría así una capacidad de hasta 20 millones de metros cúbicos lo que, según afirma la Mancomunidad del Sur en su estudio de alcance, “garantizará la eliminación de residuos para los próximos 30 o 40 años”. Incumplimiento sistemático de la normativa sobre residuos Recientemente se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de una nueva planta para el tratamiento de la fracción resto y la fracción orgánica recogida de forma separada (FORS). Esto requerirá de una inversión millonaria por parte de la Mancomunidad del Sur, para reducir la materia que finalmente se deposita en el vertedero. Paradójicamente, se propone ahora una ampliación sin precedentes, que resulta contradictoria e ineficaz, además de incumplir sistemáticamente los criterios de la política europea de residuos, que plantea su disminución y sitúa los vertidos como última opción. La propuesta de la mancomunidad contradice los preceptos de la propia Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid(1/2024, de 17 de abril), y la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid (2025-2032), ambas basadas en la trasposición de la Directiva (UE) 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, que insta a los Estados miembros a adoptar “las medidas necesarias para garantizar que** para 2035 la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a un porcentaje inferior, **de la cantidad total de residuos municipales generados”. Precisamente el artículo 1 de la citada Ley 1/2024 indica que su objeto y finalidad es *establecer los principios y la regulación necesaria para la efectiva implantación en la Comunidad de Madrid del modelo de economía circular, con el fin de favorecer la utilización más eficiente y sostenible de los recursos, extender la vida útil de los productos, prevenir y reducir la generación de residuos, potenciar la valorización de los residuos para evitar el vertido y su reintroducción como nuevos recursos en el ciclo productivo, con la mayor eficiencia energética. * Lejos de tomar medidas para alcanzar los objetivos que señala la propia Comunidad de Madrid y que vendrían a cumplir las prescripciones de la Unión Europea, la propuesta de la Mancomunidad del Sur se orienta de manera preponderante a perpetuar el vertido como sistema principal de gestión, presentando una propuesta que ofrece una solución finalista y encomienda su gestión exclusivamente a facilitar terrenos para seguir ampliando la superficie del vertedero. **Opacidad en la gestión ** La Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto, en la que participan diversos grupos locales de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, y también ayuntamientos cuyos terrenos vienen siendo afectados por las constantes ampliaciones del recinto, mantienen una reivindicación histórica sobre la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de la instalación por parte de la Mancomunidad del Sur. También sobre lo que consideran como necesario incremento de los sistemas de control ambiental que debería ejercer la Comunidad de Madrid. El ejemplo más reciente de esta opacidad en la gestión de la mancomunidad, cuyo actual presidente es el alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, tiene que ver con la inclusión de un punto en el orden del día en su última asamblea, en el que se trataría, para su aprobación, la compra de los terrenos equivalentes a las 80 hectáreas destinadas a la nueva ampliación, y que fue retirado repentinamente coincidiendo con informaciones surgidas sobre la intención de la mancomunidad de adquirir los terrenos a un 500 % superior a su precio de tasación, lo que provocó la amenaza de judicializar esta decisión por parte del Ayuntamiento de Getafe. De este modo, ha quedado en el aire dicha compra y, lo que es peor, se ha constatado, una vez más, que lo que para la ciudadanía y la salud del planeta es un problema, genera oportunidad de beneficio y pelotazo económico para unos pocos gestores y empresas. **Rechazo de la ciudadanía ** La lucha ciudadana contra esta instalación viene de lejos. Tanto la Plataforma por el cierre del vertedero, que aglutina a más de 50 organizaciones vecinales, ecologistas y partidos políticos, como ciudadanas y ciudadanos de los municipios afectados, vienen protagonizando diferentes actos como charlas informativas, concentraciones y manifestaciones en las que han mostrado el rechazo popular por una instalación que consideran devalúa su entorno, su salud y calidad de vida. Hasta 5.000 firmas recogidas en diferentes municipios contra la ampliación y por la clausura del vertedero, se presentaron en la Asamblea de Madrid, allá por marzo de 2024, además, los ayuntamientos afectados: Pinto, Getafe y San Martín de la Vega, han manifestado sus reparos respecto a la nueva ampliación prevista y se han sumado a las reivindicaciones del movimiento ciudadano reclamando medidas de prevención y descentralización de la gestión. **Propuestas de futuro ** Las soluciones no son fáciles ya que la actual gestión se ha consolidado a lo largo de los años y se antoja complicado cambiar ciertas dinámicas políticas, económicas y sociales. Sin embargo, es esencial contemplar la necesidad de abordar la producción y la gestión de los residuos desde los múltiples factores que participan tanto en sus causas, como en sus consecuencias. Desde una posición crítica con el modelo actual, han de implementarse actuaciones para superar una gestión obsoleta, trayéndola al contexto y necesidades del siglo XXI. La sociedad civil y las organizaciones que la representan reclaman nuevas instalaciones más pequeñas, en ubicaciones idóneas, compatibles con el bienestar de las personas y del medio natural. Algunas ideas para reducir los residuos y prevenir así que existan grandes vertederos, pasan por evitar la fabricación de artículos que no pueden reutilizarse o reciclarse (reducir los plásticos, por ejemplo, es una necesidad cada día más urgente), mejorar los sistemas de separación en origen, incentivar medidas que eviten el desperdicio alimentario en hogares, comedores comunitarios, hostelería o en la industria agroalimentaria, evitar la moda rápida para paliar sus consecuencias sociales y ambientales… son muchas y variadas las alternativas que nos permitirían transitar hacia una verdadera economía circular y el residuo cero, pero falta voluntad política, que no leyes, para trabajar en ello. Obliguemos a nuestros representantes políticos a que den el paso.","date":"2026-06-01","summary":"El vertedero de Pinto y Getafe recibe los residuos de dos millones de personas, 800.000 toneladas anuales, provocando acumulaciones ingentes de materia orgánica mezclada con todo tipo de materiales que acaban formando parte del paisaje del Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido del sur de la Comunidad de Madrid.","tags":["residuos","comunidad de madrid","salud ambiental"],"title":"Vertedero de Pinto-Getafe: 40 años recibiendo residuos sin horizonte de cierre","url":"/2026/06/vertedero-de-pinto-getafe-40-anos-recibiendo-residuos-sin-horizonte-de-cierre/"},{"authors":["angela-garrote-florencio"],"categories":["local"],"content":"Las razones esgrimidas para cometer semejantes arboricidios suelen ser variadas, alegando causas que en numerosas ocasiones no se corresponden con la realidad del problema a resolver. Suelen argumentar que los árboles levantan el pavimento, ensucian el suelo, están viejos, enfermos y son peligrosos para la ciudadanía. Sin embargo, estos problemas son consecuencia, la mayoría de las veces, de las podas salvajes a las que han sido sometidos durante años por los operarios municipales, a las condiciones de inhabitabilidad en alcorques exiguos o calles extremadamente estrechas para su normal desarrollo. Los árboles urbanos confieren a los lugares donde habitan numerosos beneficios ecosistémicos, imprescindibles para nuestra vida y bienestar. Así, producen el oxígeno que respiramos, contribuyen a la reducción del consumo energético dando sombra en verano y permitiendo el paso del sol en invierno con la caída de las hojas, mejoran la calidad del aire al retener gases y partículas contaminantes, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Embellecen con sus flores y cromatismo primaveral y otoñal, son refugio de biodiversidad para la fauna urbana y hacen que la percepción de la ciudad sea más confortable y agradable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. A pesar de todos estos beneficios, en muchos proyectos de renovación urbana se plantea la sustitución de los ejemplares adultos por plantaciones de otros más jóvenes, a menudo con la intención de aumentar el número total, sin tener en cuenta que la conservación de la arboleda madura urbana es mucho más beneficiosa que su sustitución, incluso si se plantan un número mayor de ejemplares jóvenes en su lugar. El árbol adulto es el más valiosoSon abundantes los datos científicos y estudios de casos que lo demuestran. David Nowak et al. (2002) en un estudio revelaron que un árbol maduro en una ciudad puede almacenar hasta 100 veces más carbono que un árbol joven de la misma especie. Igualmente, investigaciones realizadas en Central Park concluyeron en que contribuyen a la reducción de contaminantes del aire en un 40% más y la temperatura del parque es 3 grados Celsius más baja que las áreas urbanas circundantes. A conclusiones similares se han llegado en los estudios realizados en el Parque del Retiro de Madrid. Investigaciones en ciudades mediterráneas como Barcelona han demostrado que las zonas arboladas maduras experimentan temperaturas significativamente más bajas durante los meses de verano en comparación con áreas pobladas por árboles jóvenes (Gill et al., 2007). El árbol adulto es el más valioso del sistema y, sin embargo, es el que más se elimina. Cuando se talan estos ejemplares, no se renueva la arboleda, sino que se reinicia y con ello se pierden décadas en un sólo corte. Aunque la conservación de árboles maduros es prioritaria, la plantación de árboles jóvenes debe considerarse como una estrategia complementaria, teniendo su lugar en la planificación urbana y en áreas que no afecten a los maduros, pudiendo servir para aumentar la densidad de la cubierta arbórea a largo plazo. Otra cuestión por considerar es que, en ocasiones, los ejemplares eliminados son sustituidos por especies no idóneas para el lugar dónde se emplazan, sin tener en cuenta las necesidades arbóreas, dando como resultado que vuelvan a surgir los problemas que se pretendían eliminar con la tala. Para obtener árboles sanos, que constituyen el mayor aliado de una ciudad habitable, son necesarios criterios técnicos en la selección de especies, un emplazamiento adecuado, un manejo correcto desde el vivero y el respeto a la integridad biomecánica del árbol. Igualmente, los Planes de Gestión del Arbolado Urbano son una herramienta eficaz y eficiente de llevar a cabo la gestión más adecuada al contexto físico y social, unido a las formación específica de los operarios que realizan las podas. Dada la complejidad del asunto, y del mismo modo que para realizar informes sobre edificios se requiere la intervención de arquitectos, en estos casos se debe exigir el dictamen de especialistas en Arboricultura con experiencia contrastada en arbolado urbano que evalúen el estado de la arboleda, así como la idoneidad de conservarla y la elección de nuevas especies a plantar, en su caso. Sensibilización y Participación comunitaria Es esencial reconocer y priorizar el valor de la arboleda madura para maximizar los beneficios ambientales y sociales, de vital importancia protegerlas. Las políticas urbanas deben centrarse en su conservación, siempre que sea posible. Esto incluye su protección legal, la implementación de programas de mantenimiento regulares y monitoreo continuo para garantizar su salud y longevidad. Paralelamente es fundamental educar a la población sobre los beneficios de este tipo de arboledas y la importancia de su conservación, por lo que Programas de Sensibilización y Participación comunitaria pueden fortalecer el apoyo público para estas iniciativas. En este sentido, resultaría adecuado un inventario de árboles y arboledas existentes en pueblos y ciudades, con buen desarrollo y antigüedad, elaborado con la colaboración ciudadana y, una vez finalizado, proponer al Consistorio Municipal su protección mediante medios municipales, para que de esta forma no se pueda atentar de manera impune a su maltrato o eliminación. Los árboles son seres vivos, no son materia inerte, y hay que luchar contra la generalización de esta práctica para que, junto con las podas sistemáticas, no sigan siendo una herramienta habitual de gestión del arbolado urbano. Para los árboles de nuestro entorno es una cuestión de supervivencia, para nosotros, es una cuestión de equilibrio porque los árboles son nuestro marco de vida, nuestro paisaje. BIBLIOGRAFIA","date":"2026-06-01","summary":"Éste parece ser el lema de los Consistorios Municipales, que, aprovechando las condiciones meteorológicas y caída de algunos árboles maduros, están eliminando ejemplares que en la mayoría de los casos tienen más de 60 años de antigüedad, basándose en criterios que no suelen ajustarse a informes técnicos de especialistas en arbolado.","tags":["arbolado","urbanismo","extremadura"],"title":"A desarbolar la ciudad","url":"/2026/06/a-desarbolar-la-ciudad-revista/"},{"authors":["laia-serra"],"categories":["opinion"],"content":"Desde la Asamblea Confederal del 2024, un grupo de personas trabajamos para potenciar la diversidad lingüística, una de las acciones incluídas en el plan de comunicación aprobado en Alacant. ¿Qué nos lleva como organización ecologista a adentrarnos en las implicaciones lingüísticas de nuestra actividad? Intentaremos explicarlo en este artículo, pero básicamente es el deseo de que toda forma de vida en este planeta tenga su espacio. Y las lenguas son vida. El grupo de trabajo para potenciar la diversidad lingüística en Ecologistas en Acción se creó en el primer trimestre del 2025, como estaba previsto en el plan de comunicación aprobado en la asamblea de Alacant. Somos pocas, de Euskal Herria, Extremadura, País Valencià y Catalunya. Y Galicia tangencialmente. Animamos desde aquí a todas aquellas activistas que lo sintáis, a sumaros para enriquecer los puntos de vista sobre una cuestión tan invisible como crucial: la lengua en la que comunicamos nuestras causas. Junto con las medidas de protección de la biodiversidad es urgente actuar frente a la pérdida de idiomas y diversidad cultural. Ecologismo social y diversidad biocultural Según nuestros principios ideológicos -Documento aprobado en el Congreso Constituyente de Ecologistas en Acción y modificado en las Asambleas Confederales de 1999, 2005 y 2018- “nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo y con su derecho a la autodeterminación, y abogamos por el fin del colonialismo económico, cultural, y político, que tan graves consecuencias ha tenido hasta el presente. Defendemos el derecho a la diversidad de las culturas autóctonas y de sus formas de vida. Propugnamos una actuación global de todos los pueblos en la defensa del medio ambiente”. Ecologistas en Acción es una organización social plural, donde caben diferentes formas de vivir el ecologismo y donde entendemos que el destino de las sociedades humanas es inseparable de los ecosistemas naturales porque como cualquier otra especie somos ecodependientes (nuestra vida y salud depende de la salud de los ecosistemas), biodependientes (nuestra capacidad de subsistir depende de la biodiversidad) e interdependientes (dependemos de la cooperación entre las personas). La diversidad lingüística y por ende, cultural, pues, está estrechamente ligada con el ecologismo social. El sistema extractivista contra el que luchamos, que niega vernos a nosotros mismos como parte del ecosistema, afecta también a la diversidad biocultural. Para reflexionar sobre todo ello, nos han inspirado algunos textos, como el artículo de Iñaki Martinez de Luna, o el libro publicado por la UNESCO ‘Compartir un mundo de diferencias: la diversidad lingüísitica, cultural y biológica de la tierra’. Asimismo, el Manifiesto por la Diversidad Biocultural, que nos parece sumamente acertado al señalar en su introducción el vínculo indivisible entre cultura y biodiversidad: “La cultura está vinculada e influenciada por relaciones locales específicas entre las personas y el medio ambiente, en diferentes valores, conocimientos y prácticas relacionados con la biodiversidad (en una variedad de formas de vida, incluidos genes, especies, ecosistemas); en paralelo, la conservación de la biodiversidad se expresa utilizando palabras y vocabulario a través de los genes sociales de la cultura”. Fruto del trabajo colaborativo llevado a cabo en la Austrian Academy of Sciences, con la participación en grupos de debate e intercambio de información tanto de personas del ámbito científico en distintos campos, como ciudadanía, activistas culturales, entre otras, y traducido a 22 lenguas, este manifiesto afirma que la biodiversidad y la diversidad cultural están íntimamente relacionadas e interconectadas. Según la UNESCO se ha demostrado que la degradación de la diversidad biológica -la grave pérdida prevista de un millón de especies- tiene un efecto negativo sobre la diversidad cultural y lingüística y una investigación reciente indica que se está produciendo una disminución importante en la diversidad biocultural en todo el mundo. Así, los firmantes manifiestan la urgencia de actuar frente a esta pérdida en paralelo de idiomas y diversidad cultural junto a las medidas de protección de la biodiversidad y hacen propuestas para concretar estas conexiones y desarrollar alternativas mediante las cuales contribuir positivamente a preservar la complejidad de los entornos y comunidades. Consideran que un futuro verdaderamente sostenible implica necesariamente la posibilidad de que muchos mundos coexistan. Para ello, apuestan por abordar las relaciones sistémicas entre las escalas global y local en la pérdida de diversidad biocultural y tratan cuestiones de economía y medio ambiente, por un lado, y educación y sensibilización por el otro. Dónde estamos, hacia dónde queremos ir Ya tenemos hecha una revisión y propuestas de cambios en el protocolo, de necesidades lingüísticas y materiales. Hemos comprobado que contamos con una red de traductoras de idiomas internacionales, pero no de lenguas cooficiales del Estado. Queremos organizarnos para cambiar esto y ser más ágiles a la hora de traducir comunicaciones y materiales. Tenemos el gran reto de ver cómo llevar a cabo mejoras sin que supongan carga económica para la organización y, sobre todo, de conseguir que todas y cada una de las personas que formamos Ecologistas en Acción hagamos nuestra esta lucha. No podemos dejar que sean sólo las federaciones “con lengua propia” quienes tengan que sufragar el coste y soportar el esfuerzo de conservar esta diversidad. Necesitamos ir a una, responsabilizarnos conjuntamente de cultivar esta vida local, de raíz, de abajo arriba, que el ser humano transmitimos con el lenguaje. La financiación es una de las dificultades más grandes que podemos objetar ante el reto de cultivar la diversidad lingüística. En efecto, el sistema establecido, una vez más, no favorece la biodiversidad -cultural y lingüística, en este caso-. No por ello vamos a dejar de luchar por ella. 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Intentarem explicar-ho en aquest article, però bàsicament és el desig que tota forma de vida en aquest planeta tingui el seu espai. I les llengües són vida. El grup de treball per a potenciar la diversitat lingüística en Ecologistes en Acció es va crear en el primer trimestre del 2025, com estava previst en el pla de comunicació aprovat en l’assemblea d’Alacant. Som poques, d’Euskal Herria, Extremadura, País Valencià i Catalunya. I Galícia tangencialment. Animem des d’aquí a totes aquelles activistes que ho sentiu, a sumar-vos per a enriquir els punts de vista sobre una qüestió tan invisible com crucial: la llengua en la qual comuniquem les nostres causes. Juntament amb les mesures de protecció de la biodiversitat és urgent actuar enfront de la pèrdua d’idiomes i diversitat cultural. Ecologisme social i diversitat biocultural Segons els nostres principis ideològics -Document aprovat en el Congrés Constituent d’Ecologistes en Acció i modificat en les Assemblees Confederals de 1999, 2005 i 2018- “ens solidaritzem amb tots els pobles del món i amb el seu dret a l’autodeterminació, i advoquem per la fi del colonialisme econòmic, cultural, i polític, que tan greus conseqüències ha tingut fins al present. Defensem el dret a la diversitat de les cultures autòctones i de les seves formes de vida. Propugnem una actuació global de tots els pobles en la defensa del medi ambient”. Ecologistes en Acció és una organització social plural, on caben diferents maneres de viure l’ecologisme i on entenem que el destí de les societats humanes és inseparable dels ecosistemes naturals perquè com qualsevol altra espècie som ecodependientes (la nostra vida i salut depèn de la salut dels ecosistemes), biodependientes (la nostra capacitat de subsistir depèn de la biodiversitat) i interdependents (depenem de la cooperació entre les persones). La diversitat lingüística i per tant, cultural, doncs, està estretament lligada amb l’ecologisme social. El sistema extractivista contra el qual lluitem, que nega veure’ns a nosaltres mateixos com a part de l’ecosistema, afecta també a la diversitat biocultural. Per a reflexionar sobretot això, ens han inspirat alguns textos, com l’article d’Iñaki Martinez de Lluna, o el llibre publicat per la UNESCO ‘Compartir un món de diferències: la diversitat lingüísitica, cultural i biològica de la terra’. Així mateix, el Manifest per la Diversitat Biocultural, que ens sembla summament encertat en assenyalar en la seva introducció el vincle indivisible entre cultura i biodiversitat: “La cultura està vinculada i influenciada per relacions locals específiques entre les persones i el medi ambient, en diferents valors, coneixements i pràctiques relacionats amb la biodiversitat (en una varietat de formes de vida, inclosos gens, espècies, ecosistemes); en paral·lel, la conservació de la biodiversitat s’expressa utilitzant paraules i vocabulari a través dels gens socials de la cultura”. Fruit del treball col·laboratiu dut a terme a l’Austrian Academy of Sciences, amb la participació en grups de debat i intercanvi d’informació tant de persones de l’àmbit científic en diferents camps, com ciutadania, activistes culturals, entre altres, i traduït a 22 llengües, aquest manifest afirma que la biodiversitat i la diversitat cultural estan íntimament relacionades i interconnectades. Segons la UNESCO s’ha demostrat que la degradació de la diversitat biològica -la greu pèrdua prevista d’un milió d’espècies- té un efecte negatiu sobre la diversitat cultural i lingüística i una recerca recent indica que s’està produint una disminució important en la diversitat biocultural a tot el món. Així, els signants manifesten la urgència d’actuar enfront d’aquesta pèrdua en paral·lel d’idiomes i diversitat cultural al costat de les mesures de protecció de la biodiversitat i fan propostes per a concretar aquestes connexions i desenvolupar alternatives mitjançant les quals contribuir positivament a preservar la complexitat dels entorns i comunitats. Consideren que un futur veritablement sostenible implica necessàriament la possibilitat que molts mons coexisteixin. Per a això, aposten per abordar les relacions sistèmiques entre les escales global i local en la pèrdua de diversitat biocultural i tracten qüestions d’economia i medi ambient, d’una banda, i educació i sensibilització per l’altre. On estem, cap a on volem anar Ja tenim feta una revisió i propostes de canvis en el protocol, de necessitats lingüístiques i materials. Hem comprovat que comptem amb una xarxa de traductores d’idiomes internacionals, però no de llengües cooficials de l’Estat. Volem organitzar-nos per a canviar això i ser més àgils a l’hora de traduir comunicacions i materials. Tenim el gran repte de veure com dur a terme millores sense que suposin càrrega econòmica per a l’organització i, sobretot, d’aconseguir que totes i cadascuna de les persones que formem Ecologistes en Acció fem nostra aquesta lluita. No podem deixar que siguin només les federacions “amb llengua pròpia” els qui hagin de sufragar el cost i suportar l’esforç de conservar aquesta diversitat. Necessitem anar a una, responsabilitzar-nos conjuntament de conrear aquesta vida local, d’arrel, de baix a dalt, que l’ésser humà transmetem amb el llenguatge. El finançament és una de les dificultats més grans que podem objectar davant el repte de conrear la diversitat lingüística. En efecte, el sistema establert, una vegada més, no afavoreix la biodiversitat -cultural i lingüística, en aquest cas-. No per això deixarem de lluitar per ella. Si vols formar part del GT de Diversitat Lingüística, escriu a comunicacion@ecologistasenaccion.org.","date":"2026-06-01","summary":"Des de l’Assemblea Confederal de 2024, un grup de persones treballa per reforçar la diversitat lingüística dins Ecologistes en Acció com a part d’una aposta ecosocial i biocultural.","tags":["diversidad linguistica","ecologismo social","catala"],"title":"Tan invisible com crucial: la llengua en què comuniquem les nostres causes","url":"/2026/06/tan-invisible-com-crucial-la-llengua-en-que-comuniquem-les-nostres-causes/"},{"authors":["laia-serra"],"categories":["opinion"],"content":"2024ko Asanblada Konfederaletik, pertsona talde bat hizkuntza aniztasuna sustatzeko lanean ari da, Alacanten onartutako komunikazio planean jasotako ekintzetako bat. Zerk bultzatzen gaitu erakunde ekologista gisa gure jardueraren inplikazio linguistikoetan murgiltzera? Artikulu honetan azaltzen saiatuko gara, baina, funtsean, planeta honetako bizimodu orok bere espazioa izateko nahia da. Eta hizkuntzak bizitza dira. Ecologistas en Acción taldean hizkuntza-aniztasuna sustatzeko lantaldea 2025eko lehen hiruhilekoan sortu zen, Alacanteko asanbladan onartutako komunikazio-planean aurreikusita zegoen bezala. Gutxi gara, Euskal Herrikoak, Extremadurakoak, Valentziakoak eta Kataluniakoak. Eta Galizia tangentzialki. Animatu nahi zaituztegu hori sentitzen duzuen aktibista guztiak, bat egin dezazuen gai ikusezin eta erabakigarri bati buruzko ikuspuntuak aberasteko: gure kausak komunikatzeko erabiltzen dugun hizkuntza. Hizkuntza-aniztasuna Ecologistas en Acción elkartearen ezaugarri bereizgarria da; adibidez, asturiera aitortu du 2021eko Xixongo Asanbladan, eta 2021az geroztik itzulpen-protokolo bat du, 2023an berretsi zena. Erakunde anitza garenez, inklusiboa, horizontala eta desberdintasunak errespetatzen dituena izateko borondatearekin, jende gehiagorengana iristeko tresnak ematen dizkiegu. Eta hobetu beharreko alderdiak ikusteko gai gara: erabakiak hartu ditugu asanbladak eta bilerak parte-hartzaileagoak izan daitezen eta, bereziki, isilik geratu ohi direnen esku-hartzea bultza dezaten; Ecolojóvenes gure erakundean gazteak sartzeko premiatik sortutako taldea da argi eta garbi; Dibertsitate Funtzionaleko taldea bere ibilbideari ekiten ari da… Oraindik ere asko falta zaigu, bereziki gure erakundera jatorri kultural edo klase sozial ahuleko pertsonen profilak hurbil daitezen. Kasu honetan, kultura-aniztasuna benetan praktikatzeko lan egiten dugu, erakunde gisa defendatzetik pozten baikara. Biodibertsitatea babesteko neurriekin batera, premiazkoa da hizkuntzen eta kultura-aniztasunaren galerari aurre egitea. Ekologismo soziala eta aniztasun biokulturala Gure printzipio ideologikoen arabera – Ecologistas en Acción Eratzeko Kongresuan onartutako eta 1999, 2005 eta 2018ko Asanblada Konfederaletan aldatutako dokumentua –, “munduko herri guztiekin eta autodeterminaziorako eskubidearekin solidarizatzen gara, eta kolonialismo ekonomiko, kultural eta politikoaren amaieraren alde egiten dugu, hain ondorio larriak izan baititu orain arte. Bertako kulturen eta haien bizimoduen aniztasunerako eskubidea defendatzen dugu. Herri guztien jarduera globalaren alde gaude ingurumenaren defentsan “. Ecologistas en Acción gizarte-erakunde plurala da. Bertan, ekologismoa bizitzeko hainbat modu daude, eta ulertzen dugu giza gizarteen helmuga ezin dela ekosistema naturaletatik bereizi; izan ere, beste edozein espezie bezala eko-mendekoak(gure bizitza eta osasuna ekosistemen osasunaren mende daude), biomendekoak (bizirauteko dugun gaitasuna biodibertsitatearen mende dago) eta interdependenteak (pertsonen arteko lankidetzaren mende gaude) gara. Hizkuntza-aniztasuna eta, beraz, kultura-aniztasuna, estu-estu lotuta dago gizarte-ekologismoarekin. Gure borrokaren xede den erauzketa-sistemak, gure burua ekosistemaren zati gisa ikustea ukatzen duenak, aniztasun biokulturalari ere eragiten dio. Horri guztiari buruz hausnartzeko, zenbait testuk inspiratu gaituzte, hala nola Iñaki Martinez de Lunaren artikuluak edo UNESCOk argitaratutako ‘Compartir un mundo de diferencias: la diversidad lingüísitica, cultural y biológica de la tierra’ liburuak. Era berean, Aniztasun Biokulturalaren aldeko Adierazpena oso egokia iruditzen zaigu, sarreran adierazten baitu kulturaren eta biodibertsitatearen arteko lotura zatiezina dela: «Kultura pertsonen eta ingurumenaren arteko tokiko harreman espezifikoekin lotuta eta horien eraginpean dago, biodibertsitatearekin lotutako balio, ezagutza eta praktika desberdinetan (bizi-forma anitzetan, geneak, espezieak, ekosistemak barne); aldi berean, biodibertsitatearen kontserbazioa kulturaren jatorri sozialen bitartez adierazten da, hitzak eta hiztegia erabiliz». Austrian Academy of Sciencesen egindako lankidetza-lanaren ondorioz, eztabaida-taldeetan eta informazio-trukeko taldeetan parte hartuta, bai arlo zientifikoko pertsonek, bai herritarrek, aktibista kulturalek, besteak beste, eta 22 hizkuntzatara itzulita, manifestu horrek baieztatzen du biodibertsitatea eta kultura-aniztasuna estuki lotuta eta elkarri lotuta daudela. UNESCOren arabera, frogatu da dibertsitate biologikoaren degradazioak – milioi bat espezieren galera larria aurreikusten da – eragin negatiboa duela kultura- eta hizkuntza-aniztasunean, eta berriki egindako ikerketa batek adierazten du mundu osoko aniztasun biokulturala nabarmen murrizten ari dela. Hala, sinatzaileek adierazi dute premiazkoa dela hizkuntzen eta kultura-aniztasunaren galera horri aurre egitea, biodibertsitatea babesteko neurriekin batera, eta proposamenak egin dituzte konexio horiek zehazteko eta alternatibak garatzeko, inguruneen eta komunitateen konplexutasuna babesten laguntzeko. Uste dute etorkizun benetan jasangarri batek mundu asko batera existitzeko aukera dakarrela nahitaez. Horretarako, aniztasun biokulturalaren galeran eskala globalaren eta tokiko eskalaren arteko harreman sistemikoei heltzearen alde egiten dute, eta, alde batetik, ekonomia eta ingurumena jorratzen dituzte, eta, bestetik, hezkuntza eta sentsibilizazioa. Non gaude, nora joan nahi dugu Protokoloa, hizkuntza-premiak eta behar materialak berrikusteko eta aldatzeko proposamenak eginda ditugu dagoeneko. Egiaztatu dugu nazioarteko hizkuntzen itzultzaile-sare bat dugula, baina ez Estatuko hizkuntza koofizialena. Hori aldatzeko antolatu nahi dugu, eta komunikazioak eta materialak azkarrago itzultzeko. Erronka handi bat dugu: nola egin hobekuntzak, erakundearentzat karga ekonomikorik eragin gabe, eta, batez ere, Ecologistas en Acción osatzen ditugun pertsona guztiok borroka hori egin dezagun lortzea. Ezin dugu utzi “berezko hizkuntza” duten federazioek bakarrik ordaindu eta jasan behar izatea aniztasun horri eusteko ahalegina. Batera joan behar dugu, eta elkarrekin arduratu behar dugu gizakiak hizkuntzarekin transmititzen dugun tokiko bizitza hori lantzen, errotik, behetik gora. Finantzaketa da hizkuntza-aniztasuna lantzeko erronkari aurre egiteko zailtasunik handienetako bat. Hain zuzen ere, ezarritako sistemak, beste behin ere, ez dio biodibertsitateari mesederik egiten – kulturala eta hizkuntzarena, kasu honetan –. Horregatik ez diogu utziko haren alde borrokatzeari. Hizkuntza Aniztasunaren LTko kide izan nahi baduzu, idatzi helbide honetara: comunicacion@ecologistasenaccion.org.","date":"2026-06-01","summary":"2024ko Asanblada Konfederaletik, pertsona talde bat hizkuntza aniztasuna indartzeko lanean ari da, ikuspegi ekologista, sozial eta biokultural batetik.","tags":["diversidad linguistica","ecologismo social","euskara"],"title":"Ikusezina bezain erabakigarria: gure kausak komunikatzeko erabiltzen dugun hizkuntza","url":"/2026/06/ikusezina-bezain-erabakigarria-gure-kausak-komunikatzeko-erabiltzen-dugun-hizkuntza/"},{"authors":["laia-serra"],"categories":["opinion"],"content":"Desde a Asemblea Confederal do 2024, un grupo de persoas traballamos para potenciar a diversidade lingüística, unha das accións incluídas no plan de comunicación aprobado en Alacant. Que nos leva como organización ecoloxista a penetrarnos nas implicacións lingüísticas da nosa actividade? Intentaremos explicalo neste artigo, pero basicamente é o desexo de que toda forma de vida neste planeta teña o seu espazo. E as linguas son vida. O grupo de traballo para potenciar a diversidade lingüística en Ecoloxistas en Acción creouse no primeiro trimestre do 2025, como estaba previsto no plan de comunicación aprobado na asemblea de Alacant. Somos poucas, de Euskal Herria, Estremadura, País Valencià e Catalunya. E Galicia tangencialmente. Animamos desde aquí a todas aquelas activistas que o sintades, a sumarvos para enriquecer os puntos de vista sobre unha cuestión tan invisible como crucial: a lingua na que comunicamos as nosas causas. Xunto coas medidas de protección da biodiversidade é urxente actuar fronte á perda de idiomas e diversidade cultural. Ecoloxismo social e diversidade biocultural Segundo os nosos principios ideolóxicos -Documento aprobado no Congreso Constituínte de Ecoloxistas en Acción e modificado nas Asembleas Confederais de 1999, 2005 e 2018- “solidarizámonos con todos os pobos do mundo e co seu dereito á autodeterminación, e avogamos polo fin do colonialismo económico, cultural, e político, que tan graves consecuencias tivo ata o presente. Defendemos o dereito á diversidade das culturas autóctonas e das súas formas de vida. Propugnamos unha actuación global de todos os pobos na defensa do medio ambiente”. Ecoloxistas en Acción é unha organización social plural, onde caben diferentes formas de vivir o ecoloxismo e onde entendemos que o destino das sociedades humanas é inseparable dos ecosistemas naturais porque como calquera outra especie somos ecodependientes (a nosa vida e saúde depende da saúde dos ecosistemas), biodependientes (a nosa capacidade de subsistir depende da biodiversidade) e interdependentes (dependemos da cooperación entre as persoas). A diversidade lingüística e polo tanto, cultural, pois, está estreitamente ligada co ecoloxismo social. O sistema extractivista contra o que loitamos, que nega vernos a nós mesmos como parte do ecosistema, afecta tamén á diversidade biocultural. Para reflexionar sobre todo iso, inspiráronnos algúns textos, como o artigo de Iñaki Martinez de Luna, ou o libro publicado pola UNESCO ‘Compartir un mundo de diferenzas: a diversidade lingüísitica, cultural e biolóxica da terra’. Así mesmo, o Manifesto pola Diversidade Biocultural, que nos parece sumamente acertado ao sinalar na súa introdución o vínculo indivisible entre cultura e biodiversidade: “A cultura está vinculada e influenciada por relacións locais específicas entre as persoas e o medio ambiente, en diferentes valores, coñecementos e prácticas relacionados coa biodiversidade (nunha variedade de formas de vida, incluídos xenes, especies, ecosistemas); en paralelo, a conservación da biodiversidade exprésase utilizando palabras e vocabulario a través dos xenes sociais da cultura”. Froito do traballo colaborativo levado a cabo na Austrian Academy of Sciences, coa participación en grupos de debate e intercambio de información tanto de persoas do ámbito científico en distintos campos, como cidadanía, activistas culturais, entre outras, e traducido a 22 linguas, este manifesto afirma que a biodiversidade e a diversidade cultural están intimamente relacionadas e interconectadas. Segundo a UNESCO demostrouse que a degradación da diversidade biolóxica -a grave perda prevista dun millón de especies- ten un efecto negativo sobre a diversidade cultural e lingüística e unha investigación recente indica que se está producindo unha diminución importante na diversidade biocultural en todo o mundo. Así, os asinantes manifestan a urxencia de actuar fronte a esta perda en paralelo de idiomas e diversidade cultural xunto ás medidas de protección da biodiversidade e fan propostas para concretar estas conexións e desenvolver alternativas mediante as cales contribuír positivamente a preservar a complexidade das contornas e comunidades. Consideran que un futuro verdadeiramente sostible implica necesariamente a posibilidade de que moitos mundos coexistan. Para iso, apostan por abordar as relacións sistémicas entre as escalas global e local na perda de diversidade biocultural e tratan cuestións de economía e medio ambiente, por unha banda, e educación e sensibilización polo outro. Onde estamos, cara a onde queremos ir Xa temos feita unha revisión e propostas de cambios no protocolo, de necesidades lingüísticas e materiais. Comprobamos que contamos cunha rede de tradutoras de idiomas internacionais, pero non de linguas cooficiais do Estado. Queremos organizarnos para cambiar isto e ser máis áxiles á hora de traducir comunicacións e materiais. Temos o gran reto de ver como levar a cabo melloras sen que supoñan carga económica para a organización e, sobre todo, de conseguir que todas e cada unha das persoas que formamos Ecoloxistas en Acción fagamos nosa esta loita. Non podemos deixar que sexan só as federacións “con lingua propia” quen teña que sufragar o custo e soportar o esforzo de conservar esta diversidade. Necesitamos ir a unha, responsabilizarnos conxuntamente de cultivar esta vida local, de raíz, de abaixo arriba, que o ser humano transmitimos coa linguaxe. O financiamento é unha das dificultades máis grandes que podemos obxectar ante o reto de cultivar a diversidade lingüística. En efecto, o sistema establecido, unha vez máis, non favorece a biodiversidade -cultural e lingüística, neste caso-. Non por iso imos deixar de loitar por ela. Se queres formar parte do GT de Diversidade Lingüística, escribe a comunicacion@ecologistasenaccion.org.","date":"2026-06-01","summary":"Desde a Asemblea Confederal de 2024, un grupo de persoas traballa para reforzar a diversidade lingüística en Ecoloxistas en Acción desde unha perspectiva ecosocial e biocultural.","tags":["diversidad linguistica","ecologismo social","galego"],"title":"Tan invisible como crucial: a lingua en que comunicamos as nosas causas","url":"/2026/06/tan-invisible-como-crucial-a-lingua-en-que-comunicamos-as-nosas-causas/"}]