Desde hace tiempo, un nuevo mantra está colonizando el espectro político. Nos resulta cada vez más familiar oír hablar de “desregulación” como una de las propuestas más agresivas que las fuerzas políticas europeas de centroderecha (Partido Popular Europeo) y de la derecha nacionalista o ultraderecha (como los Conservadores y Reformistas Europeos) están trayendo al discurso mediático y social. Lo que empezó como una campaña que nos llegó desde los despachos de Bruselas, reclamando una mayor laxitud en la aplicación y estructura de las normativas ambientales, está ya echando raíces en las puertas de nuestras casas. Prueba de ello es la creación de las Consejerías de Desregulación como parte de los acuerdos de gobierno entre Vox y PP en Extremadura, Aragón y más recientemente Castilla y León. Pero, ¿qué significa esto de la desregulación?
Escuchar a los gobernantes hablar de simplificar la legislación, o reducir la carga burocrática, podría sonar atractivo. En ocasiones es necesario, para ayudar a la ciudadanía a navegar los laberintos administrativos que articulan nuestros sistemas fiscales y legales. Pero no nos dejemos engañar. Cuando a Ursula von der Leyden se le llena la boca con las palabras “simplificación” o “flexibilización”, está utilizando eufemismos para referirse a lo que, desde hace más de un año, es una iniciativa coordinada y orquestada por los poderes políticos europeos para tumbar todo progreso logrado en el ámbito de la protección medioambiental. Y lo hace proclamando que es necesario y urgente para mejorar la “competitividad” de la UE y “proteger los puestos de trabajo”, agitando el miedo a un escenario de inestabilidad política global y de relaciones internacionales cada vez más marcadas por las distintas guerras que amenazan nuestro futuro y sus efectos en las economías.
Paradoja económica
Esta estrategia sin escrúpulos beneficia particularmente a aquellas grandes corporaciones cuyos intereses económicos dependen de la ocupación y explotación de nuestros territorios, o a las industrias más contaminantes. Ciertos lobbies que las representan son el nada disimulado agente detrás de esta deriva política. Pretenden acabar con décadas de avances en instrumentos jurídicos que, en muchas ocasiones, son la única barrera de contención ante sus agresiones medioambientales. No es un soplo de aire fresco para nuestra economía. La conservación de la naturaleza no está reñida con el bienestar social y económico, como nos hacen creer, sino todo lo contrario. Se estima que dos tercios del valor añadido bruto de la UE tienen una dependencia media o alta de la naturaleza. Más del 70 % de las empresas de la zona euro dependen en gran medida de al menos un proceso ecológico relacionado con la naturaleza que proporcionan los ecosistemas saludables. El coste financiero de la degradación ambiental es considerable: se calcula una pérdida económica de activos de 650.000 millones de euros entre 1980 y 2022, de los cuales 52.300 millones solo en 2022. Eliminar controles y restricciones para lograr el beneficio a corto plazo de unos pocos inversores es una estrategia económica que pone en venta nuestra salud y futuro.
Hachazos a la normativa ambiental
En la práctica, desde la publicación de los primeros paquetes Ómnibus en febrero de 2025 (ya llevamos ocho), la lista se ha ido ampliando de forma recurrente, y no sólo mediante Ómnibus (para que nos entendamos, son iniciativas legislativas que aprueban de una tajada muchas reformas polémicas juntas, rápido y con el menor debate posible). Hemos visto cómo saboteaban el Reglamento de Deforestación Importada (EUDR), el Reglamento de Uso Sostenible de Pesticidas (SUR) o la Legislación sobre Sustancias Químicas (REACH). Cómo se plantean acelerar las evaluaciones medioambientales de proyectos de infraestructuras. Y cómo se colocan en la diana instrumentos clave como las Directivas Marco de Agua, la Directiva Marco de Residuos y la Directiva sobre Emisiones Industriales y Ganaderas. El último objetivo en el campo de tiro son las Directivas de Aves y Hábitats.
Las Directivas de Aves (aprobada en 1979) y Hábitats (aprobada en 1992), también conocidas como Directivas de Naturaleza, son la piedra angular de la política de biodiversidad de la UE, sobre la que se construye la Red Natura 2000, la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Estas directivas proporcionan el marco legislativo principal para que todos los países de la UE protejan la biodiversidad más valiosa y amenazada. El 12 de mayo la Comisión Europea anunció que se abría el periodo de consulta pública para la revisión de estas Directivas. Ésta forma parte del procedimiento de “Stress Test” (Prueba de Resistencia), una evaluación oficial de la estructura de estos documentos que está siendo utilizada para cuestionarlos y abrir la veda para nuevos hachazos a la normativa ambiental.
Aunque la Comisión Europea asegura que esta revisión no será una amenaza para la fortaleza de las Directivas, las alarmas han saltado inmediatamente. En lugar de esto, la Comisión y los Estados miembros deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la aplicación, financiación y cumplimiento de las Directivas de Naturaleza, tal como ya concluyó la valoración (“Fitness Check”) realizada hace diez años, cuando se evaluaron exhaustivamente las Directivas de Aves y Hábitats según cinco criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE. La conclusión fue clara: dentro del marco de la política de biodiversidad, las directivas son adecuadas para su propósito, pero necesitan mejorar significativamente su aplicación para alcanzar plenamente sus objetivos. Esta conclusión sigue siendo válida hoy. El “Stress Test” podría ser útil para evaluar la eficacia actual de la aplicación, pero no debería conducir a una revisión ni debilitamiento de estas leyes. Además, ya se señaló en 2016 que la reducción de cargas administrativas puede lograrse mediante enfoques de aplicación a nivel nacional y regional.
Quitad vuestras manos de la naturaleza
Yendo al fondo del asunto, hay varios aspectos del procedimiento actual que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, puede utilizarse para justificar la rebaja de protección de numerosas especies, facilitando la autorización para la caza y el control poblacional. Ya hemos presenciado la campaña de acoso y derribo que ha sufrido el lobo a nivel europeo y nacional, pero Europa tiene en el punto de mira a otras especies como el oso pardo o el cormorán. La Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y diversos comités agrarios están presionando activamente dentro del “Stress Test” para eliminar las restricciones temporales o las cuotas que protegen a aves migratorias cuyas poblaciones están en declive como la tórtola europea, la codorniz, el zorzal alirrojo o la perdiz roja. Cualquier cambio propuesto en el nivel de protección debería basarse en la ciencia y en el respeto de los convenios internacionales. Hoy la conversación institucional se centra en eliminar especies de la lista, cuando el asunto prioritario debería ser añadir nuevas, habida cuenta de que la crisis de biodiversidad, en lugar de mitigarse, sigue empeorando.
Otro aspecto clave es la aplicación del Artículo 6 de la Directiva Hábitats. Este artículo regula la conservación de la Red Natura 2000, obligando a evaluar el impacto de proyectos (6.3) y permitiendo excepciones sólo bajo razones de interés público (6.4), lo que ya de por sí es un coladero para muchas iniciativas. Son precisamente los lobbies industriales los que reclaman su revisión, buscando aún más facilidades para acelerar proyectos de grave impacto para la naturaleza vinculados a la minería, los centros de datos, infraestructuras energéticas o la industria más contaminante. De hecho, ya se han producido cambios importantes en los procedimientos de autorización en el ámbito de las energías renovables, mediante la modificación de la Directiva sobre Energías Renovables (RED III). Acelerar la autorización de los proyectos implica mirar hacia otro lado, no involucrar a la sociedad civil en el seguimiento de su tramitación y, en definitiva, dar vía libre a las empresas para que operen en zonas naturales de alto valor ecológico sin controles administrativos.
El “Stress Test” es, al contrario que otras iniciativas de desregulación, una propuesta lanzada por la Comisión Europea, pero que recae en los Estados Miembros. Son ellos, y otras partes interesadas (es decir, ‘lobbies’ industriales y de la caza) los que impulsan el proceso y a quienes se hace la consulta. Por esta razón no se está haciendo mucho ruido sobre el procedimiento. No interesa que se sepa. Al fin y al cabo, parte de la consulta es pública, y la sociedad civil puede decir algo al respecto. Organizaciones ecologistas y de derechos sociales en toda Europa se están organizando para participar conjuntamente en la consulta pública e impedir que el “Stress Test” se lleve a puerta cerrada y sea utilizado para torpedear las Directivas. Ecologistas en Acción forma parte de esta red colaborativa. Como parte de ella, también apoyamos e impulsamos a nivel estatal la campaña europea “Quitad vuestras manos de la naturaleza” (“Hands Off Nature”), que visibiliza esta operación siniestra y anima a la ciudadanía a que muestre su oposición participando en una recogida de firmas que ya se acerca a los 500.000 apoyos. La presión social por parte de la ciudadanía española es vital, ya que, además de la consulta pública, el “Stress Test” articula un proceso paralelo de consulta a los Estados miembros, del que poca información está llegando. Pero sí sabemos que el Estado español es uno de los nueve estados miembros (junto a Alemania, Estonia, Francia, Malta, Países Bajos, Polonia, Suecia y Eslovaquia) que serán sometidos a una entrevista en profundidad que puede condicionar los resultados. El informe final (con resumen de la consulta pública) será publicado a finales de 2026. Hasta entonces, seguiremos presionando, con tu apoyo, para pararle los pies a quienes quieren poner nuestra salud y la naturaleza al servicio de la industria y las empresas.
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