Exenciones fiscales para productos agrícolas que aniquilan las poblaciones de insectos necesarios para polinizar nuestros cultivos. Ayudas a flotas que sobrepescan los océanos, llevándolos al colapso ecológico. Subvenciones públicas para la gestión de bosques que favorecen la plantación de monocultivos forestales. En economía, un incentivo perverso es aquel que, diseñado para generar un impacto positivo, acaba haciendo más daño que bien. Las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad son un claro ejemplo de esto. El sistema de ayudas públicas actual está plagado de programas de financiación de proyectos y actividades que, sea por falta de control o por estar mal diseñados, acaban contribuyendo directamente al deterioro de los ecosistemas. Mientras la ciencia advierte que nos aproximamos peligrosamente a un escenario en el que la extinción de especies pone en jaque la capacidad del planeta para ser habitable, es precisamente el modelo económico y de consumo la principal amenaza a la que se enfrenta.
Restaurar la relación entre humanidad y naturaleza: un asunto económico
Abordar la eliminación o reformulación de estos incentivos es una discusión que la comunidad internacional lleva teniendo desde hace décadas. También es una exigencia del movimiento ecologista y de la sociedad civil sensibilizada, que se ha reflejado en los acuerdos mundiales que se han ido sucediendo, incluyendo el vigente Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que obliga a resolver esta paradoja antes de 2030. Se trata de una paradoja porque uno de los mayores retos para resolver la crisis de biodiversidad es encontrar la financiación necesaria para ello. Se calcula el déficit sólo a nivel europeo en más de 20.000 millones € al año. En contraste, se invierten entre 34.000 y 48.000 millones € anuales en subvenciones perjudiciales para la biodiversidad. Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza es una necesario para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad, al mismo tiempo que garanticen que dichas ayudas lleguen a los estratos más necesitados de la sociedad, promoviendo actividades que sean beneficiosas para la naturaleza y nuestra salud.
¿Y en el Estado español? A pesar de que el Gobierno se había comprometido a identificar todas las subvenciones de este tipo y abordar cambios significativos en la mitad de ellas antes de 2025, no se han registrado avances. Ante la necesidad de no permitir que esto caiga en el olvido, Ecologistas en Acción, con la colaboración de Economistas Sin Fronteras, ha realizado la primera investigación en el Estado español para comprender, analizar y cifrar este tipo de subvenciones. Se trata del informe ‘Incentivos Perversos. Cómo se subvenciona la destrucción de la biodiversidad’. Sus resultados son contundentes: el Estado español invierte cuatro veces más en destruir la naturaleza que en conservarla: se contabilizan alrededor de 8.000 millones de euros anuales en subvenciones públicas a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad, mientras que el presupuesto público anual para la conservación y restauración de la naturaleza, sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, ronda los 2.000 millones de euros.
El informe analiza las subvenciones al sector primario en el año 2024, último periodo completado al inicio de la investigación. Lo cierto es que la suma real es aún mayor, teniendo en cuenta la enorme cantidad de subvenciones que reciben sectores como el de transporte y el energético, con un altísimo impacto ambiental que repercute en daños directos e indirectos a la biodiversidad. Un análisis detallado de los datos científicos recogidos en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) revela que las actividades del sector primario están relacionadas con amenazas directas al 37% de las especies catalogadas en el Estado español, siendo el sector con mayores vínculos directos con la desaparición o expulsión de poblaciones de especies silvestres de sus hábitats naturales.
¿Significa esto que las subvenciones al sector primario son malas? En absoluto. El sector primario, y la población rural y costera más vulnerable asociada a él, dependen altamente de estas transferencias, que resultan fundamentales para la estabilidad del modelo alimentario y para la protección de sus derechos. El problema surge cuando el reparto de estas ayudas no se realiza bajo criterios ecológicos y de justicia social. Garantizar que la producción del sector primario no entre en conflicto con la ecología, dándole la mano al mundo rural, es uno de los grandes retos del presente.
El abejorro y el glifosato
El sector agrario es, con diferencia, el mayor beneficiario del sistema de ayudas públicas, principalmente gracias a la Política Agraria Común. Existe, sin embargo, una línea de subvención más desconocida, pero cuyo impacto en la biodiversidad es catastrófico: las ayudas a plaguicidas y fertilizantes. En el 2024 se concedieron 757 millones € para compensar el incremento de precio de los fertilizantes tras las invasión rusa de Ucrania. Estas ayudas son cada vez menos extraordinarias pues el gobierno ha aprobado un paquete similar de ayudas al campo por 500 millones de euros, para paliar los efectos de la guerra en Irán. Esta dinámica muestra el fracaso del modelo agrario para abandonar su dependencia de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, cuya producción incluye habitualmente petróleo y gas fósil como materias primas. Así. una cuestión de urgencia económica -mantener la solvencia del sector agrario en un contexto bélico para asegurar el suministro de alimentos- obstaculiza el progreso de la transición agroecológica.
El consumo nacional de fertilizantes alcanzó los 4,4 millones de toneladas en 2024. Y la biodiversidad se resiente. La contaminación por tóxicos procedentes de la agricultura intensiva tiene efectos devastadores en aves, peces o anfibios. La contaminación fluvial, de humedales y de acuíferos provoca retrasos en el crecimiento, anomalías e incluso la muerte, y está relacionada con eventos de mortalidad masiva como los ocurridos en el Mar Menor, donde la eutrofización causada por el exceso de fertilizantes arrastrados a la laguna desde el Campo de Cartagena está llevando al ecosistema al colapso. Aún más grave es el hecho de que estos tóxicos no se subvencionan sólo de forma puntual. Desde 1992, la adquisición de productos fitosanitarios para la agricultura goza de un IVA reducido, que se ha incrementado al 10% desde 2010. Como resultado de esta medida, sólo en el año 2024 se han dejado de recaudar 430,65 millones €, lo que supone de facto una subvención indirecta. Existe amplia literatura científica sobre los efectos de sustancias como el hidróxido de cobre, el captan, la lambda-cialotrina y la deltametrina, con una elevada carga tóxica para las especies que se ven expuestos a ellos y que son daños colaterales, al no ser el objetivo inicial del plaguicida.
Pongamos el ejemplo del glifosato. Este herbicida, el producto fitosanitario más vendido, además de entrañar grandes riesgos para la salud humana, destruye microorganismos beneficiosos del suelo, lo que afecta negativamente a la productividad y diversidad de los pastizales. Pero también está directamente ligado a la extinción de abejorros y otros insectos polinizadores, provocando efectos secundarios en sus capacidades. No sólo dificulta el reconocimiento de colores y su memoria, claves para su alimentación. También impide el trabajo colectivo de las colonias para generar el calor necesario para la supervivencia de sus crías. El glifosato, gracias al IVA reducido, ha recibido una subvención indirecta de 54 millones € en diez años. Ante el riesgo de que la desaparición de insectos impida la polinización de nuestros cultivos, y de la vegetación natural, ¿podemos permitirnos seguir subvencionando el consumo de plaguicidas? La eliminación de ayudas públicas para agrotóxicos, y redirigir ese dinero a financiar un sistema alimentario que los deje obsoletos, es prioritario a corto plazo.
Bajo el mar
La pesca de larga distancia ha sido históricamente considerada como una de las prácticas subvencionadas más problemáticas. Tras el agotamiento de las poblaciones de peces en las costas españolas se ha impulsado la expansión de la flota vía subvenciones para construir buques pesqueros de altura, incentivos fiscales para el combustible y pagos públicos para acceder a las aguas de los países en desarrollo. Empresas españolas de comercialización de pescado como Nueva Pescanova, que ha recibido subvenciones por un valor de 114.285.200 € entre 2021 y 2025, tienen flotas en varios países de África o América y otras, como Albacora, Calvo o Mariscos Rodríguez, también receptoras de subvenciones, tienen flota con banderas en países con “tarjeta amarilla”, es decir, pre-identificados por la UE por permitir pesca ilegal, como Panamá, Ecuador y Senegal.
Otra fuente de financiación pública señalada por contribuir a la pesca de larga distancia son los acuerdos entre la UE y otros países para pescar sus recursos, principalmente de atún en países de bajos ingresos, a los que se les paga a cambio de derecho de acceso a su Zona Económica Exclusiva (ZEE). La flota española se beneficia de 10 de los 11 acuerdos activos, recibiendo una suma estimada en 39 millones € anuales. Uno de ellos, el acuerdo con Mauritania, ha sido ampliamente señalado por tratarse de un claro ejemplo de explotación y extractivismo de recursos locales en claro beneficio de la economía europea y con escasa recompensa para la población local. Esta situación está agravando enormemente el estado de las poblaciones locales de pulpo, en niveles de sobreexplotación crítica. Casi el 90% del pulpo de Mauritania se destina a España, en particular, a Galicia.
La quema de biomasa, un mercado en auge
El papel que juegan las subvenciones públicas para orientar el modelo de gestión forestal es clave, puesto que el 72% de nuestra superficie forestal está en manos privadas. Al margen de las inversiones para la producción silvícola y la intervención en masas forestales, existe un nicho económico que, sin un control exhaustivo de sus lazos con la extracción de madera, representa una amenaza cada vez mayor: la producción de energía a partir de biomasa forestal. El aprovechamiento de los restos de poda y silvicultura como recurso energético no es un problema en sí mismo. Pero cuando la implantación de la infraestructura que lo permite está ligada a la construcción de grandes centrales de quema de biomasa, el impacto ambiental de las mismas trasciende los límites biofísicos de su territorio de proximidad. A pesar de que la CMNC registra 1.020 MW de potencia instalada de energía eléctrica procedente de biomasa, al inventariar las plantas en funcionamiento se eleva la cifra a 1.240 MW. Eso sin contar los proyectos en tramitación o desarrollo. Si lo hacemos, saltan las alarmas. Tan sólo la potencia que se prevé instalar en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Aragón en los próximos años supone un incremento del 75% respecto a la potencia instalada de todo el país. Tras este modelo se esconden los intereses económicos de grandes empresas como Forestalia, Greenalia y ENSO, que planea duplicar su potencia instalada en los próximos años.
La relación entre la industria papelera y la energía a partir de biomasa encuentra en la corporación ENCE su mayor exponente. Teniendo en cuenta sus fábricas, que no consumen sólo los restos que se generan en la elaboración de la celulosa, y las centrales que opera su filial Magnon Renewable Energy, ENCE posee más del 60% de la capacidad eléctrica instalada del territorio estatal. ENCE es también el principal gestor forestal privado de España, cubriendo cerca de 70.000 hectáreas de superficie forestal principalmente en Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria, propiedad suya o a través de acuerdos de gestión. ENCE es también uno de los principales responsables de la expansión del eucalipto. Y ha recibido 82 millones € de ayudas directas en los últimos cinco años. En total, se estima que en 2024 el sector bioenergético vinculado a la combustión de biomasa forestal recibió subvenciones que alcanzan los 282 millones €.
Cambiar el sistema
No todas las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad deben ser eliminadas. De hecho, el informe citado concluye que el 79% de las mismas deben mantenerse, pero mejorando su diseño para favorecer la conservación de la biodiversidad. Para lograrlo, no basta con revisar las condiciones de concesión de las ayudas. También es relevante reforzar la legislación vinculada a los sectores productivos e integrar la biodiversidad en todas las políticas sectoriales. Lamentablemente, la realidad es otra. El escenario político europeo, en lugar de dar pasos para salvaguardar la naturaleza, no cesa de aprobar retrocesos legislativos sacrificándola en aras de mejorar la productividad y la rentabilidad. Se esconde bajo eufemismos, como “reducción de burocracia” o “flexibilidad”, lo que en realidad son facilidades para que ‘lobbies’ y grandes empresas puedan perpetuar y ampliar el daño que hacen a nuestros ecosistemas. Ahora más que nunca necesitamos una sociedad fuerte que haga frente a los poderes económicos y a una clase política que antepone la generación de beneficios para unos pocos a nuestra supervivencia a largo plazo. Ahora más que nunca debemos recordarles a nuestros gobernantes que sin biodiversidad, no hay vida.