Como cada año, del 17 al 23 de febrero, celebramos la Semana Europea de lucha contra la pobreza energética, aunque sea algo que tenga poco que celebrar, la verdad. Este año nos ha pillado con muchas luchas y pocas fuerzas en Ecologistas y no hemos podido desarrollar mucha actividad al respecto. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sí que lo ha celebrado y nos sorprendió justo al comienzo de la semana, convocándonos el mismo día 17 como parte de la Mesa Social de Pobreza Energética para hacernos la presentación de la actualización de la Estrategia Nacional de la Pobreza Energética, ENPE 2026-2030, que llevaba más de un año de retraso en su publicación.
¿Y qué novedades incorpora la nueva ENPE?
1º.- En el primer eje se establece como medida estrella la creación de un Observatorio sobre Pobreza Energética, para monitorizar y actualizar los datos que sirvan de apoyo para dirigir las medidas hacia aquello que mejor funcione.
2º.- El segundo eje se focaliza en la protección de las personas consumidoras, por medio de cuatro medidas, que han sido incluidas en el recientemente aprobado Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica.
En relación con el corte de suministros, y para dar cumplimiento a la Directiva del mercado de la electricidad de la Unión Europea, que establece la obligación de los Estados miembro de protección ante las desconexiones de forma fija, este nuevo reglamento recoge, en su artículo 53, la imposibilidad de corte a los suministros declarados esenciales y reconoce a las comunidades autónomas y entidades locales su competencia para declarar como esenciales a los hogares en situación de vulnerabilidad severa, por motivos de renta u otras circunstancias especiales. Tiene sentido que sean las comunidades autónomas quienes asuman esta responsabilidad, ya que las competencias están transferidas, por lo que será más eficaz. Además, Red Eléctrica (REE), como gestor de la red de transporte deberá enviar trimestralmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), información sobre el número de cortes de suministro y sus motivos, lo que permitirá evaluar mejor las situaciones de pobreza energética.
3º.- El tercer eje se centra en mejoras estructurales orientadas a reducir las necesidades energéticas de los consumidores vulnerables y, por tanto, la pobreza energética en general (actuaciones de rehabilitación exprés relacionadas con el Plan Social para el Clima, en proceso aún de redacción).
4º.- El cuarto y último eje se dedica a la coordinación interadministrativa y a la formación de la Red Actúa, una red de oficinas a nivel local de apoyo, formación e información.
¿Y qué se ha quedado fuera?
Pues han sido dos de tres, porque de las tres medidas principales que llevamos años reclamando, sólo la prohibición de cortes de suministro a consumidores vulnerables ha sido implementada en el Reglamento. Las otras dos medidas, la automatización de la concesión del bono social y la implementación de una tarifa social que evite el asistencialismo del descuento por bono social ni están ni se las espera. El Ministerio argumenta que la barrera para la automatización o concesión de oficio del bono social es la protección de datos, y que trabaja para adaptar el bono social eléctrico a la normativa nacional y europea en materia de protección de datos.
Desigualdades territoriales en la protección frente a cortes de suministro
Existen grandes desigualdades entre comunidades autónomas en cuanto a la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad severa frente a los cortes de suministros por impago, según los datos del MITERD a diciembre de 2025. De los 7.760 beneficiarios totales del bono social reconocidos como vulnerables severos en riesgo de exclusión social y que, por lo tanto, están siendo atendidos por los servicios sociales autonómicos o locales, que pagan el 50% de sus facturas, la mayoría, 6.310 hogares están en Extremadura, 774 en Galicia, 362 en Andalucía (333 de Málaga). En La Rioja, Ceuta y Melilla no se registra ninguno.
Es sorprendente que haya comunidades autónomas que no tengan ni un solo hogar reconocido como vulnerable severo. ¿Significa esto que no existen? No. Significa que no se están detectando, no se está atendiendo o no se está declarando. Y eso es una forma de invisibilizar el problema. ¿Se está trasladando la responsabilidad de esta atención a la capacidad de los servicios sociales correspondientes?
La tarifa social que reclamamos superaría el concepto de descuento por bono social y aplicaría directamente un precio proporcional al nivel de ingresos de la persona beneficiaria. Pero estamos lejos de conseguir esta medida en un contexto de mercado único europeo que se dirige hacia la libre competencia y que considera incluso nuestra tarifa PVPC del mercado regulado como intervención del Estado, cuando es una protección al consumidor frente a abusos y malas prácticas comerciales de las compañías.
Llevamos muchos años pidiendo medidas estructurales profundas y definitivas para acabar con el problema de la pobreza energética. El resto son meros parches que solo alivian algunas situaciones y mantienen el lucro indecente de las grandes compañías energéticas.