En un contexto de emergencia climática y ambiental desenfrenada, producto de un sistema económico basado en el crecimiento constante y alimentado con combustibles fósiles, cabría esperar que la atención política mundial se centrara en cómo frenar el colapso ecológico y garantizar una vida digna para todas. Sin embargo, las élites políticas y económicas han decidido imponernos el régimen de guerra que incrementa las dinámicas de ecocidas.
Una nueva carrera de rearme se está consolidando en el contexto del declive de la hegemonía de los Estados Unidos, indisputada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El pacifismo constitucional impuesto a las potencias entonces derrotadas pertenece ya al pasado: Japón y Alemania anuncian programas masivos de expansión militar. Al mismo tiempo, la Administración Trump presenta el mayor presupuesto militar de la historia del país, con un incremento del 42 % respecto del anterior —hasta 1,5 billones de dólares— y un aumento del 24.000 % en las partidas destinadas al Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por sus siglas en inglés), centrado en sistemas de combate basados en drones e «IA» (beneficiando a empresas como Palantir). Europa se ha convertido entretanto en el principal polo de demanda de armamento del planeta, y España se ha sumado con especial entusiasmo a esta deriva militarista: en 2026 entró por primera vez en la lista de los 15 países con mayor gasto militar del mundo y fue, dentro de ese grupo, el que más aumentó su gasto durante el año previo (un incremento del 50 %, hasta los 40.200 millones de dólares).
Esta deriva militarista puede leerse desde dos ángulos complementarios. Por un lado, el del keynesianismo militar: la utilización del gasto en «defensa» como motor económico, garantizando mercados cautivos y enormes transferencias de dinero público al sector privado bajo la cobertura ideológica de la «seguridad». Se trata de la respuesta habitual en momentos de crecientes dificultades para ampliar los beneficios del capital. Por otro lado, la profundización de las guerras por recursos, en un horizonte marcado por la creciente escasez de las materias primas energéticas y minerales sobre las que se ha asentado la economía global durante las últimas décadas.
La economía capitalista depende estructuralmente de la explotación de recursos no renovables, muy concretamente del petróleo. El objetivo de asegurar recursos energéticos y minerales ha llevado históricamente a intervenciones militares y conflictos, especialmente en regiones ricas en petróleo.
Ambas perspectivas remiten a una lógica sobradamente conocida: apoyo público al gran capital y acceso garantizado, mediante presión económica, diplomática y violencia directa, a recursos y mercados en el Sur global.
El agotamiento y la creciente dificultad de acceso a combustibles fósiles y minerales intensifican las tensiones interimperialistas por el control de las materias primas. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos el 40 % de los conflictos registrados en los últimos 60 años han estado relacionados con la explotación de recursos naturales.
Dos metáforas pueden ayudarnos a situar esta carrera de rearme en el contexto de una competencia interimperialista cada vez más intensa. El politólogo estadounidense Graham Allison popularizó la noción de la «trampa de Tucídides» para describir la tendencia al conflicto que se produce cuando una potencia emergente desafía a otra establecida. Por su parte, el historiador Alfred McCoy utiliza el término «micro-militarismo» para referirse a esas operaciones militares erráticas con las que las potencias en declive intentan recuperar el prestigio y el poder perdidos. Ambas ideas ayudan a comprender la coyuntura actual: el ascenso de China como rival estratégico de Estados Unidos y la proliferación de intervenciones militares cada vez más arriesgadas y difíciles de encajar en una lógica estratégica coherente —los propios pretextos invocados cambian con frecuencia de un día para otro.
El último informe del FMI —publicado en abril de 2026— prevé que el keynesianismo militar generará, si acaso, un tímido repunte del crecimiento en la UE, pero acompañado de mayor déficit, inflación y deuda pública. Señala también el riesgo de que la actual deriva geopolítica conduzca a una fragmentación abrupta del mercado global en bloques económicos enfrentados. No hace falta, pues, acudir a literatura disidente para constatar la preocupación creciente ante una posible descomposición violenta de la globalización neoliberal. Las condiciones materiales que hicieron posible ese ciclo económico (energía fósil barata, deslocalización productiva, expansión del transporte global, apertura de mercados, liberalización financiera…) se están erosionando rápidamente. Mientras tanto, se consolidan las condiciones militares, culturales e institucionales para una desglobalización violenta: discursos y políticas militaristas, espacios de cooperación internacional en retroceso y normalización del desprecio explícito por las instituciones multilaterales y el derecho internacional.
España y la Unión Europea han desempeñado un papel nefasto en los primeros compases de esta dinámica de desglobalización violenta. Siguiendo la línea marcada por Estados Unidos, bloquearon las vías diplomáticas abiertas antes y después de la invasión rusa de Ucrania y optaron en su lugar por una estrategia de escalada militar. Como reverso desquiciado de esa misma lógica, la pasividad, la hipocresía y los gestos cosméticos han sido la única respuesta europea a las constantes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario por parte de Israel. Por un lado, se mantiene el Acuerdo de Asociación UE-Israel; por el otro, el Gobierno español anuncia un embargo de armas con palabras bonitas, pero lo evita con tecnicismos y lo oculta con desinformación. De ahí que siga siendo imprescindible exigir un embargo real y, de hecho, la ruptura total de relaciones con Israel —incluyendo el comercio de bienes y servicios—, no sólo con las colonias en los territorios ocupados ilegalmente.
La creciente dificultad de acceso a combustibles fósiles y minerales intensifican las tensiones interimperialistas por el control de las materias primas.
Ecocidio: de Vietnam a Gaza
El agente naranja es un defoliante, es decir, un producto químico que se aplica a las plantas para provocar la caída artificial y acelerada de sus hojas. Los militares estadounidenses fumigaron con este producto y otros herbicidas los bosques y cultivos de Vietnam con el objetivo de encontrar los escondites de los guerrilleros del Vietcong y de destruir las cosechas que servían para el abastecimiento local. En ese contexto de guerra fría el biólogo estadounidense Arthur Galston acuñó la palabra “ecocidio”, refiriéndose a cómo afectaba ese envenenamiento masivo a las personas y los ecosistemas vietnamitas. Un tóxico utilizado como arma de destrucción masiva que aún hoy, más de 50 años después de su uso, sigue impactando a la población y al territorio.
En Palestina, y especialmente en Gaza, se muestra también el carácter ecocida de las guerras contemporáneas. Israel está desarrollando una política de destrucción sistemática del territorio que anula la posibilidad de vivir en el presente y el futuro y daña irreversibles sus ecosistemas naturales. Bombardeos contra tierras agrícolas, destrucción de invernaderos, devastación de cultivos de cítricos u olivos, fumigación con herbicidas, llenado de pozos de agua con cemento, destrucción de las redes de abastecimiento y tratamiento de aguas, contaminación del agua subterránea y marina al inutilizar las plantas de tratamiento de aguas residuales, contaminación del suelo por herbicidas, sustancias químicas explosivas y metales pesados…
El ecocidio, que limita incluso el acceso a agua potable y alimentación, convive de la mano con el genocidio. No existe el uno sin el otro. Incluso antes de octubre del 2023, tan sólo el 30 % de los hogares gazatíes tenían acceso diario al agua, y entre el 90 % y el 95 % no era segura para el consumo o el riego. El contexto hídrico era tan desgarrador que suponía la principal causa de mortalidad infantil.
Actualmente, el acceso al agua en Gaza es casi nulo debido a la destrucción de infraestructuras, el bloqueo de combustible y la contaminación. El objetivo del Estado de Israel es que el territorio palestino sea inhabitable. El gobierno sionista no sólo bloquea el ingreso de suficiente agua limpia a Gaza, sino que además impide la construcción o reparación de infraestructuras. En 2025, Oxfam denunció que el volumen de agua disponible en Gaza era de 5,7 litros por persona al día. En 2026 el cálculo ronda el litro por persona y día.
La cifra de palestinos asesinados por el ejército israelí ha superado los 72.500 desde la ofensiva de 2023, con más de 21.000 niños y niñas entre las víctimas mortales. Se estima que hay más de 10.000 personas desaparecidas bajo los escombros. La acumulación de residuos y escombros así como la inundación con aguas fecales en Gaza ha provocado plagas masivas de roedores y riesgos severos de enfermedades.
Las guerras y el rearme no sólo exacerban el colapso ambiental, sino que perpetúan la violencia, alimentan el extractivismo y refuerzan estructuras de dominación global. La crisis socioecológica sólo se resolverá con una desmilitarización radical, una reducción del consumo material y energético y una apuesta decidida por la justicia social y ambiental, la diplomacia y la cooperación internacional.
Una cultura de la paz pasa por el decrecimiento económico, una respuesta desmilitarizada ante desastres, reorientar los presupuestos militares hacia la vivienda, los servicios públicos y la agroecología así como poner fin a las exportaciones de armas, acabar con la OTAN y garantizar la libertad de migrar.
